“Soy una mujer ciega”, dice Carolina Vásquez al presentarse. Tiene 41 años. Reafirma su condición para explicar desde dónde habla y cómo la violencia afecta de forma distinta a las mujeres que viven con discapacidad y deciden maternar. Es una de las voces más reconocidas en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, en especial de las mujeres.
Carolina tiene tres hijos. Dos de ellos también tienen discapacidad visual. Perdió la vista a los 33 años por una condición congénita que le provocó ceguera progresiva. Su expareja, el padre de sus hijos, también es ciego.
Cuenta que cuando su pérdida de visión se hizo más notoria, porque empezó a usar bastón, el trato hacia ella cambió. Tuvo a su primer hijo a los 25 años. En los hospitales, durante sus controles prenatales, los médicos le sugerían que se esterilizara por su discapacidad.
“Yo entraba al hospital y era como: ‘¿se va a esterilizar?’”, recuerda. “Cada enfermera que pasaba, cada médico que llegaba, me decía que me tenía que esterilizar. Según ellos, con mi condición no podía seguir teniendo hijos”.
Estando hospitalizada por el nacimiento de su tercer hijo, cuando tenía 29 años, escuchó cómo el personal médico trataba de convencer a otras mujeres sin discapacidad de que no se esterilizaran. Les pedían que lo consultaran con sus esposos. Les decían que aún eran jóvenes.
“Mientras a nosotras casi nos quieren esterilizar desde que nacemos”, afirma. “Eso también es violencia. Es discriminación. Deciden sobre nuestros cuerpos. A las mujeres sin discapacidad las quieren reproduciendo. A las mujeres con discapacidad nos ven como una carga y prefieren que no tengamos hijos”.
Carolina estudia su quinto año de Ciencias Jurídicas en la Universidad Luterana Salvadoreña. Es presidenta de la Asociación de Mujeres Ciegas de El Salvador. Hace más de un año fundó su propia consultoría, donde forma a otras personas en género y derechos humanos.
“La empleabilidad para mujeres con discapacidad es casi nula”, afirma. “Y mucho menos en áreas profesionales”. Dice que la mayoría de mujeres con discapacidad que logran conseguir trabajo formal están en puestos operativos. “Y no es ahí donde yo me visualizo”, agrega.
Trabajaba como asistente administrativa en un colegio cuando la despidieron tras perder la vista. Su jefe le dijo que ya no era funcional. “Cuando adquirí la enfermedad, se me cerraron muchas puertas. Puertas laborales, puertas para estudiar”, dice. Una universidad privada incluso la rechazó por tener una discapacidad.
Después de eso, comenzó como consultora. Colaboró con organizaciones feministas y que defienden los derechos de las personas con discapacidad. Atendió a mujeres que, como ella, sufrían discriminación por ser mujeres y por tener discapacidad.
En El Salvador, la ley exige que por cada 20 personas contratadas en una empresa privada, al menos una debe tener discapacidad. Pero eso casi nunca se cumple. Según Carolina, la Ley Especial de Inclusión, vigente desde 2020, no tiene reglamento ni presupuesto suficiente para funcionar.
El Censo de Población y Vivienda 2024 indica que el 1.7 % de las personas en El Salvador tiene discapacidad visual. En 2019, la Asociación de Ciegos registraba cerca de 50 mil personas ciegas o con algún grado de discapacidad visual. Las principales barreras que enfrentan son el acceso a la educación, al trabajo y a una rehabilitación integral.
En 2015, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD) publicaron un análisis sobre discapacidad en El Salvador, basado en la Encuesta Nacional de Salud 2021. El estudio señala que el 20.4 % de la población vive con alguna discapacidad. De cada 100 hogares, 45 tienen al menos una persona con discapacidad, y 20 conviven con alguien en condición crítica. El porcentaje de mujeres con discapacidad es cuatro puntos más alto que el de los hombres. Además, 64 de cada 100 personas tienen dificultades visuales.
“Las mujeres con discapacidad no somos sujetas de créditos”
Carolina dice que no tener un empleo formal también les impide a las mujeres con discapacidad acceder a créditos para vivienda. A ella se lo han negado varias veces en el Fondo Social para la Vivienda, por ser una persona ciega.
“Me piden dictámenes médicos, historial de trabajo… y al final me dicen que no soy sujeta. No es por falta de capacidad de pago. Es porque para nosotras, el acceso a los créditos está casi cerrado”, explica.
Por eso, Carolina paga 300 dólares mensuales por el alquiler de un apartamento con dos habitaciones en San Salvador. Vive ahí sola con sus tres hijos desde hace seis años. Su esposo les abandonó y dejó de asumir su corresponsabilidad económica y de cuidados. Ella ha sido quien ha puesto los alimentos en la mesa, quien los ha vestido, quien les procura un hogar.
“Siempre me ha parecido tan injusta la distribución de responsabilidades entre padres y madres. Porque la madre sí tiene que resolver”, dice. “Mucha gente me dice: ‘él es pobrecito, cómo te va a ayudar’. Y yo les respondo: a mí nadie me pregunta cómo hago para darles desayuno, almuerzo y cena, o cómo pago el alquiler”.
Cuando sale para cumplir con sus compromisos laborales, su hijo mayor, de 15 años, cuida a sus hermanos de 13 y 11. No tiene redes de apoyo familiar ni recursos para pagar a alguien que los cuide.
Evelyn Martínez Mejía, economista de la UCA, señala que el Estado debe garantizar el reconocimiento de la corresponsabilidad en los cuidados para todas las mujeres que deciden maternar, sin importar su condición.
“El trabajo de cuidados mantiene la vida. Por eso, necesitamos políticas públicas que lo reconozcan y lo sostengan con inversión social”, dice. “Que se garantice el acceso al agua potable, a los alimentos. Que estos temas sean centrales y atraviesen todas las políticas”.
Un país excluyente
Para Carolina, la educación de sus hijos es una de las principales barreras que enfrenta como madre ciega. En el sistema educativo salvadoreño no encuentra herramientas que le permitan acompañarlos en sus tareas escolares.
“Muchas veces he sentido culpa”, confiesa. “Para mí es complejo decir: ‘voy a revisar las tareas de mis hijos’. El papá es ciego, yo también, y no tenemos familia de apoyo. Necesitamos docentes sensibilizados, que digan: ‘tengo una mamá con discapacidad visual, le voy a mandar audios’. Pero no. A uno le mandan la fotito por WhatsApp”.
Su día comienza a las 5:30 de la mañana. Despierta a sus tres hijos y les prepara el desayuno. Luego los despide y se alista para trabajar. A veces debe viajar a otros departamentos para hacer diagnósticos de programas sociales o dar capacitaciones. Se moviliza en transporte colectivo. No tiene un salario fijo; gana por cada consultoría. También da asesorías a madres que desean demandar a los padres de sus hijos en la Procuraduría General de la República.
La socióloga Johana Flores explica que tanto en instituciones públicas como privadas se sigue promoviendo la figura de la madre abnegada. Por eso, mujeres como Carolina sienten la presión de darlo todo por sus hijos, para evitar ser señaladas como “malas madres”.
“Hay un tipo de violencia simbólica que nos dice que debemos seguir siendo madres sacrificadas, las que todo lo pueden, con triple o hasta cuarta jornada laboral”, dice Flores. “Por eso es urgente que el Estado brinde apoyos reales para garantizar nuestras autonomías”.
En un país donde mayo gira en torno al Día de las Madres, Carolina exige políticas públicas que garanticen el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, con los ajustes necesarios para incluir a las mujeres con discapacidad.
“Conozco a mujeres con discapacidad visual que se han caído haciéndose una citología porque la médico no ha sabido orientarles. Como el médico asume que ya lo sabe todo y las mujeres salen con un daño en la columna por una médico que no supo orientar, que no tuvo la empatía, no tuvo la paciencia”, lamenta.
Carolina centra su lucha en visibilizar las tareas de cuidado de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, y en exigir justicia para las mujeres con discapacidad que viven violencia de género. No quiere que esa violencia se minimice ni se oculte.
“Hay que desmitificar la maternidad de las mujeres con discapacidad”, afirma. “Tenemos derecho a ejercerla, pero el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones para que podamos hacerlo de la mejor manera”.
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