El oficialismo, respaldado por sus aliados, eliminó el 29 de abril uno de los contrapesos políticos establecidos por la Constitución de la República en su artículo 248, inciso segundo. Este inciso actuaba como un candado que definía el proceso para aprobar y ratificar reformas constitucionales, requiriendo dos periodos legislativos diferentes.
La reforma fue aprobada con 66 votos a favor y 16 en contra, durante la última sesión plenaria de la legislatura 2021-2024. No fue consensuada ni discutida en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, sino que ingresó al pleno mediante una solicitud de modificación de la agenda.
La modificación abre la puerta a cambios en la Constitución Política, lo que implica riesgos de alteraciones arbitrarias en los derechos individuales y en las normas políticas, como la libertad de expresión y prensa, acceso a la información pública y derecho a la organización. También podría afectar la selección de funcionarios y otras instituciones como el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, así como la separación de poderes y la independencia del sistema de controles. En resumen, esto podría cambiar la estructura del Estado y limitar los derechos individuales y colectivos, advierten dos politólogos y una abogada constitucionalista consultados por Alharaca. Es decir, esta modificación podría resultar en la alteración de derechos fundamentales y en la vulneración de la estabilidad institucional.
«La falta de respeto al procedimiento de reforma constitucional es evidente, ya que se está modificando un artículo considerado como una cláusula pétrea, diseñado para evitar la acumulación de poder y garantizar la alternancia en el gobierno», explicó Karen Estrada Romero, politóloga integrante de Red de Politólogas e investigadora en DD.HH.
Esta reforma abre la puerta a la legitimación de limitaciones a las garantías de derechos humanos, como la aprobación del régimen de excepción no como una medida de excepción, la reelección presidencial indefinida y cambios en la estructura electoral y gubernamental, entre otros. Además, podría afectar la independencia de poderes y los derechos fundamentales de la ciudadanía, enumeró Estrada.
La abogada constitucionalista, que pidió permanecer en el anonimato, resalta que el aspecto más delicado radica en los derechos individuales. «Actualmente disfrutamos de la libertad de movimiento, pero en un futuro cercano podríamos perder el derecho de salir del país si así lo decide el Gobierno. El verdadero problema radica en que una sola Asamblea Legislativa tendrá el poder tanto de reformar como de ratificar reformas constitucionales», advierte.
Carlos Monterroza, docente del departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA, señala que Nuevas Ideas ha mantenido una práctica constante en el uso de dispensas de trámites y otros mecanismos durante las plenarias, incluso en asuntos que requieren una discusión más profunda. Su mayoría les permite tomar decisiones unilateralmente, sin considerar la opinión de otros grupos parlamentarios. Además, no brindan información adecuada ni oportuna sobre los temas a discutir, lo que genera falta de transparencia y comunicación eficiente. Monterroza destaca que este comportamiento no es sorprendente, ya que ha sido característico de Nuevas Ideas durante toda la legislatura.
Monterroza destaca que la reforma constitucional permite a la legislatura realizar cambios en la Constitución sin someterla a un proceso de discusión y debate. Aunque se argumente que hubo consulta previa, esto no implica una participación representativa de diversos sectores políticos y sociales. Esta legislatura tiene la capacidad de modificar diversas garantías constitucionales y procedimientos de acceso y gestión del poder sin necesidad de un debate formal o consulta legislativa.
Nayib Bukele delegó a Félix Ulloa la tarea de elaborar un plan de reformas a la Constitución salvadoreña mediante el acuerdo ejecutivo 295, que se mantuvo en secreto hasta su publicación en el Diario Oficial el 1 de septiembre de 2020. Sin embargo, este proceso recibió críticas por la falta de consulta y la falta de facultades del Ejecutivo para presentar reformas constitucionales. La controversia se intensificó cuando el oficialismo destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 1 de mayo de 2021, lo que llevó a dos abogados a abandonar la Comisión ad hoc para la propuesta de reformas constitucionales.
El 15 de septiembre de 2021, en el Día de la Independencia, Ulloa entregó personalmente a Bukele una propuesta de nueva Constitución. Expertos en derecho constitucional advirtieron en su momento que este acto marcaba el inicio de un proceso que podría consolidar la concentración de poder en manos de Bukele. La propuesta contiene 216 modificaciones a artículos, de las cuales 182 son reformas puntuales (147 corresponden a nuevos contenidos y 35 a mejoras en la redacción), 7 son nuevos artículos incorporados, 8 son sustituciones de otros artículos y 19 son derogatorias de artículos, lo que vulnera los mecanismos de protección democrática establecidos en la Constitución actual.
Durante su mandato, Bukele se ha opuesto a reformas que aseguren los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como el derecho al aborto en casos de salud, vida y violación sexual. En línea con esta postura, las modificaciones propuestas a la Constitución no abordan la despenalización del aborto ni el reconocimiento del matrimonio igualitario.
El 4 de marzo de 2024, un mes después de las elecciones presidenciales y legislativas, Ulloa y el jefe de bancada de Nuevas Ideas sostuvieron una reunión con 10 líderes religiosos para discutir la prohibición de los derechos reproductivos de las mujeres en El Salvador y para abordar el proyecto de reforma constitucional.
El proceso exprés de reforma a la Constitución
Según las sentencias de inconstitucionalidad 7-2012 y 33-2015, una reforma constitucional debe presentarse como una plataforma de propuestas durante una elección legislativa, como parte de la etapa informativa para la población. Cuando los resultados de los comicios estén en firme no debería realizarse.
En otros países, como Estados Unidos, las Constituciones Políticas, algunas con más de 200 años de antigüedad, evolucionan junto con las sociedades, pero no son modificadas de manera arbitraria, según una abogada constitucionalista que prefirió mantenerse anónima.
Esta experta señala que alterar el proceso de reforma establecido en el artículo 248 desnaturaliza su propósito original, que era requerir la participación de dos Asambleas Legislativas en el proceso de reforma para que el electorado pudiera participar mediante su voto, aceptando o rechazando los cambios en la Constitución Política. Votar a favor o en contra de los diputados según su postura ante las propuestas de reformas constitucionales. Al facilitar este proceso, se pone en riesgo la estabilidad de la sociedad, los derechos y las instituciones, ya que no hay garantía de que los derechos actuales se mantengan en el futuro, dado que modificar la Constitución y los derechos se vuelve más fácil, aclara.
Para que la modificación al inciso 2 del artículo 248 entre en vigor, es necesario que la Asamblea Legislativa 2024-2027 la ratifique con el respaldo de dos tercios de los votos, es decir 40 votos. Nuevas Ideas obtuvo 54 escaños en las recientes elecciones legislativas del 4 de febrero de 2024. La diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, aseguró que «en la próxima Asamblea tendrá que ser ratificada». De ser ratificada, una misma Asamblea Legislativa tendrá la potestad de aprobar y ratificar cambios constitucionales.
La historia de El Salvador registra varios casos en los que la Asamblea Legislativa ha incumplido el procedimiento establecido para llevar a cabo reformas constitucionales. Según el Dr. Héctor Lindo, historiador salvadoreño, dos ejemplos destacados ocurrieron durante el siglo XX, durante la dictadura del General Maximiliano Hernández Martínez. Estos casos implicaron la reforma de la Constitución en 1939 y la Asamblea Constituyente de 1944, que lo reeligió sin convocar a elecciones.
El Salvador ha tenido 11 constituciones, todas ellas resultado de la labor de Asambleas Constituyentes elegidas por la ciudadanía para redactar la ley fundamental de la nación. Solo dos de estas constituciones permitieron explícitamente la reelección presidencial inmediata, por ejemplo. La actual Constitución prohíbe a un presidente reelegirse para un periodo consecutivo.
El artículo 152 de la Constitución, que prohíbe la reelección presidencial de manera repetida, también impide que el cónyuge y los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquier expresidente puedan postularse como candidatos a la presidencia.
Según Karen Estrada Romero, politóloga e investigadora en derechos humanos de la Red de Politólogas, uno de los argumentos más contundentes de la ciudadanía contra el régimen de excepción y la reelección presidencial inmediata es su carácter inconstitucional. Estrada señala que, de modificarse la Constitución Política, el poder ejecutivo podría reconocer esta inconstitucionalidad para legitimarla a través de las enmiendas correspondientes.
En una entrevista matutina, en Radio Fuego, Walter Raudales, presidente del Movimiento de Izquierda salvadoreña, añadió que «las tiranías y las dictaduras suelen diseñar constituciones a su medida. Además, destacó la posibilidad de que las reformas constitucionales futuras alteren los requisitos para las candidaturas presidenciales».
Para Acción Ciudadana, como consigna en un comunicado, “el actual proceso de reforma constitucional es uno de los frenos y contrapesos que existen en nuestro sistema político, el cual busca preservar a la misma Constitución y proteger los derechos de la población ante abusos de mayorías legislativas coyunturales”.
