El régimen de excepción vigente en El Salvador desde hace 15 meses ha dejado ya 5,490 víctimas de violaciones a derechos humanos, según documentaron organizaciones de la sociedad civil. Los principales señalados de cometer estos actos son los cuerpos de seguridad del Estado.
Ante la falta de respuesta de instancias como la Sala de lo Constitucional o la Procuraduría para la Defensa de los Derechos humanos, familiares de las víctimas del régimen recurren a organizaciones de la sociedad civil para denunciar los casos. Las personas que logran ser liberadas tras haber sido detenidas arbitrariamente y sus familiares constatan también estos abusos.
Seis de estas organizaciones presentaron este jueves un informe sobre los abusos de las autoridades que han podido documentar. Estos incluyen detenciones arbitrarias, acoso, amenazas, lesiones, agresiones, violaciones sexuales y muertes bajo custodia del Estado. Del 27 de marzo de 2022 al 30 de junio de 2023, 173 personas murieron mientras se encontraban detenidas.
Los principales señalados como autores de dichas violaciones son la Policía Nacional Civil, en un 74.97% de los casos; acciones conjuntas de policías y militares, en un 14.75%, y solo el ejército, un 7.09%. El régimen de excepción implica la suspensión de garantías ciudadanas como el derecho a la defensa, y a las familias se les niega o dosifica la información sobre sus parientes que están en detención.
La mayoría de las víctimas son jóvenes. El 53.48% de las denuncias corresponden a personas entre los 19 y los 30 años. La identidad de género de las víctimas es, en su mayoría, masculina, con un 79.98% de los casos denunciados. Las mujeres cisgénero son víctimas en un 13.83%, las mujeres trans en un 0.66% y los hombres trans en un 0.67%.
Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, explicó que las organizaciones presentarán este tipo de informes cada tres meses, con el fin de brindar datos a la población. Tras la aprobación del régimen de excepción, las autoridades salvadoreñas declararon como información reservada los datos concernientes a las acciones policiales y judiciales realizadas dentro del marco del mismo.
Uno de los datos más reveladores para las organizaciones es el de 243 denuncias de personas que reciben amenazas constantemente por parte de la Policía. Les dicen que las llevarán a detención e incluso que perderán la vida luego de ser detenidas.
Este reporte es un conglomerado de las organizaciones Azul Originario, Cristosal, Instituto de Derechos Humanos de la UCA, (IDHUCA), Red de Defensoras, Servicio Social Pasionista, Amate y FESPAD. Las representantes de las organizaciones hicieron un llamado al Estado salvadoreño para que investigue estos casos y respete el debido proceso de las personas detenidas. Pidieron también que no se prorrogue el régimen de excepción y que se busquen medidas de seguridad que no atenten contra la vida e integridad de los salvadoreños.
Sin embargo, el Estado salvadoreño se ha negado a afrontar las constantes denuncias de abusos durante el régimen, incluso ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.