Derechos de las mujeres

De la cárcel al exilio: la realidad de las mujeres salvadoreñas por la prohibición del aborto 

Siete de las 73 mujeres liberadas tras ser criminalizadas por emergencias obstétricas han migrado para reconstruir sus vidas, según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. La discriminación y el estigma en su país las obliga a buscar nuevas oportunidades, aunque enfrentan dificultades para legalizar su estatus. Aun así, continúan apoyando la lucha por la despenalización del aborto desde el extranjero.

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Ilustraciones: Alejandro Sol

Cinco años después de recuperar su libertad, Cristina Quintanilla emigró desde San Miguel hasta Georgia, en Estados Unidos. El viaje terrestre fue de 4,292 kilómetros, equivalente a 52 horas sin detenerse. No viajó sola. Llevó consigo a su hija menor con la intención de reconstruir su vida. A su hijo mayor le prometió llevárselo cuando hubiera ahorrado más dinero, y cumplió su promesa. Era 2014. 

“Llegué en enero de 2014. En esa época, a las mujeres que ingresaban con hijos no las deportaban de inmediato; les permitían presentar su caso [para la solicitud de asilo] ante las autoridades migratorias. Presenté el mío, pero llevo una espera interminable”, relata diez años después a través de una videollamada. 

Vivir en El Salvador se volvió insostenible para Cristina tras ser criminalizada por una emergencia obstétrica que resultó en la muerte de su feto de ocho meses. Tenía 17 años cuando despertó esposada en una camilla del hospital de San Bartolo. La noche anterior, el 23 de octubre de 2004, parió en el inodoro de su casa. Antes de desmayarse, logró pedir ayuda a su mamá. 

Este era el segundo embarazo de Cristina. Ella y su pareja ya tenían un hijo de dos años. Cuando ella llevaba un mes de gestación, él migró a Estados Unidos, y Cristina se mudó con su madre y su padrastro. Se ocupaba de las labores del hogar y del cuidado no remunerado, mientras su pareja le enviaba entre 70 y 90 dólares cada semana. Aunque toda su familia sabía del embarazo, la vida de Cristina cambió por completo ese día: de ser acusada de aborto, pasó a enfrentar cargos por homicidio culposo y, tras lo que describe como un «largo y angustiante» proceso entre octubre de 2004 y agosto de 2005, fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado. 

Además de la condena judicial, Cristina ha enfrentado dos décadas de condena moral. La mediatización de su caso y el manejo que han hecho los grupos antiderechos han cerrado puertas en su vida familiar, amistosa y laboral. La siguen criminalizando por un delito que no cometió. Esta criminalización de su emergencia obstétrica le ha impedido también legalizar su estatus migratorio en Estados Unidos, donde solicita asilo: «Me explican que, por haber sido criminal en mi país, no tengo ningún derecho aquí». Lleva una década recibiendo esa misma respuesta. 

En El Salvador, el aborto es ilegal desde 1998, con penas de 2 a 8 años, incluso si es necesario para salvar la vida de la persona gestante. La ley eliminó las tres causales que antes permitían el aborto. También se tipificó la inducción al aborto, con penas de 2 a 5 años. En 1999, la Constitución se reformó para otorgar al embrión y al feto el estatus de persona desde el momento de la concepción. 

«Una pesadilla que todavía estoy viviendo» 

Tras salir del hospital San Bartolo, Cristina pasó seis días en las bartolinas de Apulo. Una jueza la absolvió en la audiencia inicial, pero la Fiscalía apeló y ganó, llevándola a juicio. En mayo de 2005, se le acusó de homicidio culposo, y aunque no estaba detenida, no era libre. Finalmente, el 23 de agosto, el Tribunal de San Salvador la condenó a 30 años por homicidio agravado.  

“Cuando entré a esa puerta [Cárcel de Mujeres], lo primero que dije fue: «Aquí se me acabó mi vida». Entré como zombi. A los tres meses alguien me dijo: «Tenés que levantarte, si no, te vas a morir». Vivís en una realidad bien alterada, sentís que no caminas ni en la tierra. Pensaba que había perdido todo y me preguntaba ¿cuándo voy a salir?». 

Cristina es entusiasta y alegre, pero recuerda con tristeza los cuatro años que estuvo separada de su hijo mayor. Él tenía tres años cuando su abuela asumió su cuidado mientras ella estaba detenida. Solo pudo verlo tres veces en ese tiempo. Su familia, en San Miguel, tuvo muchas dificultades para llevarle al niño. Él no entendía la razón por la cual no podían estar juntos. Esto aumentaba su impotencia. Las visitas eran irregulares, y el viaje entre San Miguel y San Salvador, costoso y complicado. 

«Cuando salí de la cárcel, él ya tenía 7 años. Me perdí su graduación de kínder y muchos momentos importantes de su infancia». 

En 2009, recuperó su libertad cuando la Sala de lo Penal redujo su pena de 30 a 2 años, aunque ya había cumplido 4, el doble de lo establecido. La conmutación se basó en «razones de justicia y equidad», al considerar que la pena original era «excesiva, severa, desproporcionada e injusta». Fue la segunda mujer en obtener su libertad tras ser representada legalmente por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. La primera fue *Rosa, quien tras ser liberada, migró por razones similares. De 2009 a marzo de 2024, la Agrupación ha logrado que 73 mujeres, condenadas injustamente, recuperen su libertad. 

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Libertad ¿para quién? 

El camino de Cristina en el sistema judicial coincidió con el último Gobierno de ARENA, bajo Antonio Saca. ARENA gobernó El Salvador por 20 años consecutivos, con cuatro periodos presidenciales. Dos años después de los Acuerdos de Paz, Armando Calderón Sol fue electo presidente y, en su mandato, se creó el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) en 1996. Un año después, se penalizó el aborto en todas sus formas, reforma que entró en vigor en 1998. Cristina tenía 11 años cuando ocurrió. No imaginaba el impacto que esto tendría en su vida. 

Cuando salió libre en agosto de 2009, el FMLN llevaba dos meses en el poder. A pesar de que la izquierda acuerpó cuatro proyectos para despenalizar el aborto por causales, no se logró cambiar la penalización total. Cristina se convirtió en activista por la despenalización del aborto y contó su historia con fuerza: «Yo no me provoqué ningún aborto», defendiéndose a ella y a otras mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas. 

Al recuperar su libertad, su primer impulso fue seguir estudiando. Durante su tiempo en prisión, obtuvo su bachillerato y soñaba con estudiar ciencias jurídicas para ayudar a otras mujeres criminalizadas. Sin embargo, ese sueño se desvaneció. 

Le dijeron que, por haber estado presa, no podría ejercer como abogada. «Imagínate, no has empezado el sueño y ya te lo cortan de raíz. Lo hacía por empatía, sé lo que se siente estar adentro, sola y sin ayuda legal». 

En 2019, la Agrupación Ciudadana presentó la tercera actualización del informe “Del hospital a la cárcel», documentando 181 casos de mujeres procesadas por aborto o emergencias obstétricas entre 1998 a 2019. El informe perfila a las mujeres criminalizadas: jóvenes, de hogares en situación de pobreza, cuatro de cada diez no sabían leer ni escribir al momento de su detención, entre otros aspectos sociodemográficos. También destaca las barreras para su reintegración, como el rechazo familiar y comunitario, y las dificultades para volver al mercado laboral. 

La sombra de los antecedentes penales 

De las 73 mujeres que han recuperado su libertad, 7 han migrado en busca de lo que El Salvador les niega: la posibilidad de acceder a un empleo formal con seguridad social. La exclusión social y familiar son las principales razones para dejar el país, de acuerdo con la antropóloga feminista, Mariana Moisa, de la Agrupación Ciudadana. 

Entre ellas, María Teresa Rivera es la única que ha resuelto su situación migratoria. Fue la primera en recibir una condena de 40 años y en obtener asilo en el extranjero. Casi cuatro años después de su condena, en mayo de 2016, el Tribunal Tercero de Sentencia anuló su sentencia. Sin embargo, un mes después, la Fiscalía presentó un nuevo recurso en su contra. Ante esta «persecución y acoso jurídico», como lo describe Moisa, María Teresa inició su proceso de asilo, que se aprobó en 2017, marcando un precedente mundial. 

Los antecedentes penales dificultan aún más acceder a un empleo y reconstruir sus vidas. Para ellas, el reto es mayor que para los hombres al salir de los centros penales. Aunque el trabajo doméstico está reconocido en el Código de Trabajo, los hombres suelen recibir un mejor salario que las mujeres, quienes suelen depender de este tipo de empleo, ejemplifica Moisa. 

“Los antecedentes penales las van a perseguir toda su vida. Eso las pone en una situación de mayor desventaja fuera del país también […] Las persigue el estigma, la sociedad las sigue castigando, porque los grupos que se oponen a los derechos de las mujeres y que se ensañan con estas mujeres contribuyen a que no puedan rehacer sus vidas y que el ciclo de la pobreza sea perpetuo para ellas”. 

Cristina es un ejemplo de la criminalización que enfrentan las mujeres. Al salir de la cárcel, encontró cerrado el mundo laboral. Buscó empleo, pero solo le ofrecían trabajos de mantenimiento vial lejos de su familia. No estaba dispuesta a separarse de sus seres queridos otra vez. Continuó su formación, tomó cursos de computación y estudió inglés, pero a pesar de sus habilidades, no consiguió un empleo formal que cubriera sus necesidades básicas. 

Intentó retomar su vida como cualquier otra mujer salvadoreña, pero el estigma de haber estado en la cárcel le cerró muchas puertas. «Para las mujeres sin antecedentes penales ya es difícil encontrar trabajo, y para quienes han pasado por la cárcel es aún peor. Los antecedentes no se borran», explica.  

Consiguió trabajo como ordenanza en un bufete de abogados en San Salvador. Llevó a su hijo a vivir con ella para no estar separada de él, pero ninguno logró adaptarse a la ciudad. Inició una nueva relación, de la cual nació su hija, pero esta no prosperó. Decidió entonces migrar a Estados Unidos con su hija, buscando una nueva oportunidad de vida. Lleva más de 10 años en ese país.  

A pesar de que su situación migratoria sigue en un limbo, Cristina ha formado una nueva familia en Estados Unidos, con su pareja y dos hijos nacidos allí. Aunque el proceso legal continúa siendo un desafío, está satisfecha con la vida que ha construido y porque ha logrado reunir a todos sus hijos. Desde que llegó, no ha dejado de trabajar. 

Iris Tejada, psicóloga e investigadora, ha participado en un estudio sobre el bienestar psicosocial de mujeres exprivadas de libertad durante la pandemia. Explica que una de las principales barreras para estas mujeres es la reintegración al mercado laboral. Aunque el estudio no aborda casos de mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas, considera que las madres y las mujeres que han pasado por abortos espontáneos enfrentan un estigma aún mayor. 

Muchas de estas mujeres recurren a trabajos informales debido a la falta de oportunidades laborales formales con prestaciones. “Las pocas que encuentran empleo lo hacen a través de negocios familiares o en pequeños comercios”, describe Tejada. 

Según Iris, la pobreza se agrava para las exprivadas de libertad debido al estigma y la falta de redes de apoyo, lo que dificulta aún más su reintegración social y económica. 

El Salvador no les ofrece un futuro 

Abigail Cortez, abogada de la Agrupación Ciudadana, señala que, con la prohibición absoluta del aborto y el régimen de excepción, en El Salvador no hay garantías para la integridad de las mujeres que recuperaron su libertad. Al tener antecedentes penales, muchas corren el riesgo de ser detenidas nuevamente. 

La mayoría de las mujeres criminalizadas por abortos provienen de entornos de bajos recursos y con poca escolaridad. Al no contar con empleos formales, enfrentan dificultades para obtener constancias laborales. Aquellas que fueron liberadas bajo conmutación de pena aún mantienen sus antecedentes, lo que las expone a ser encarceladas nuevamente, asegura. 

Algunas mujeres de «Las 17 y más», nombre que la Agrupación Ciudadana dio a la campaña para visibilizar sus historias y buscar mecanismos legales para que recuperaran su libertad, han migrado para evitar ser recapturadas. Las que permanecen en el país prefieren autocensurarse para protegerse a sí mismas y a sus familias. Recientemente, una mujer del grupo migró para evitar revivir su encarcelamiento. 

Ante esta situación, la Agrupación pedirá al Estado que repare los daños causados por el sistema judicial a estas mujeres. Propondrá una reparación moral y material que siente precedentes sobre la responsabilidad del Estado en estos casos. 

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“La propuesta y la mira hacia el futuro es una reparación de daño moral. Eso es lo que la Agrupación Ciudadana tiene previsto exigir al Estado para que pare de criminalizar a las mujeres por emergencias obstétricas. Es una estrategia jurídica, la cual tiene que sentar un precedente de un avance sobre el cual, el Estado sepa que al hacer una acción tiene que responder. ¿Dónde está esa capacidad del Estado de poder integrarles para repararles a las mujeres sus vidas perdidas durante todo ese tiempo?”. 

Roxana Rodríguez, de la Asamblea Feminista, explica que mientras el aborto siga penalizado, las mujeres en situación de pobreza que enfrentan complicaciones en hospitales públicos corren el riesgo de ser detenidas, incluso sin haber cometido un delito. 

Rodríguez subraya que la despenalización del aborto es urgente, especialmente para las mujeres jóvenes y en condición de pobreza, como Manuela, a quien se le negaron sus derechos. “La reparación debe ser tanto moral como material, ya que estas mujeres han perdido mucho”. 

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En septiembre de este año, en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, la Agrupación Ciudadana y la Asamblea Feminista denunciaron el caso de una joven de 19 años encarcelada tras una emergencia obstétrica experimentada en un hospital público. En lugar de recibir atención médica, fue esposada y trasladada a prisión bajo los términos del régimen de excepción, lo que complica su acceso a la justicia. 

Por ello, reiteraron la importancia de cumplir con el Protocolo de Abordaje de las Emergencias Obstétricas del Ministerio de Salud, tal como lo exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso de Manuela vs. El Salvador. 

«Siempre estoy en contacto con todas ellas» 

Cristina se prepara para una clase sobre pubertad con el colectivo de Mujeres Libres, una asociación creada por mujeres de «Las 17 y más» como espacio de autoayuda. Es miércoles 4 de septiembre. En El Salvador, son las 7 de la noche; en el estado de EE. UU. donde vive Cristina, son las 9 p.m. Ella parece emocionada y confiada. La clase será en línea, y a veces le toca preparar las presentaciones. Esa noche, también planificarán futuros encuentros sobre reinserción social y formación en derechos sexuales y reproductivos. Cristina juega un papel clave en el colectivo. 

«Conozco a muchas de ellas desde la cárcel, y me piden apoyo con mi historia. Siempre estoy dispuesta a apoyarlas», comenta. 

El colectivo de Mujeres Libres participa en procesos de formación sobre derechos sexuales y reproductivos, entre estos sobre menstruación sostenible, y en talleres de actuación teatral, entre otros. En redes sociales se presentan como una asociación que apoya a mujeres privadas y exprivadas de libertad por emergencias obstétricas, promoviendo su empoderamiento en el ámbito jurídico, psicológico, laboral y familiar. 

«De lo que me ha pasado, solo hay dos caminos: o te hundes o sobrevives. Yo aprendí a llevar esta situación, aunque no ha sido fácil. Hoy tengo una familia estable, llevo varios años con mi pareja y puedo contar mi historia sin problema», dice Cristina. 

Cristina se ha convertido en una de las voceras de las mujeres que fueron criminalizadas por emergencias obstétricas y liberadas. Su testimonio ha sido difundido en varios países, y ha representado a estas mujeres en eventos públicos. En octubre de 2015, participó en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde expuso su caso, argumentando que fue condenada por ser pobre, no por haberse provocado un aborto. 

«Siempre estoy dispuesta a hablar para que se conozca la situación del aborto en El Salvador», afirma. 

La psicóloga Iris Tejada explica que es común que las personas que han estado privadas de libertad quieran ayudar a quienes han vivido lo mismo. En prisión, se forman lazos de solidaridad y empatía. En su investigación de 2020-2021 sobre mujeres madres exprivadas de libertad, Iris identificó que las primeras dificultades al salir de prisión incluyen el duelo, la tristeza y la falta de motivación para continuar con sus vidas. 

«Al salir, extrañan esa solidaridad. Afuera no encuentran redes consolidadas, y sus familias o la comunidad pueden rechazarlas. En prisión, todas compartían la misma situación», señala. 

La readaptación puede llevar hasta seis meses, si las personas cuentan con apoyo psicosocial y redes de apoyo, algo que es escaso en El Salvador. Bajo el régimen de excepción, el riesgo de ser detenidas nuevamente es mayor para quienes tienen antecedentes penales. 

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Cristina recuerda que al salir de la cárcel era una persona callada, con miedo de hablar sobre su experiencia. Fue gracias a la ayuda psicosocial de la Agrupación Ciudadana que recuperó su autoestima y dejó de culparse. Hoy, su objetivo es luchar por los derechos reproductivos y el derecho a decidir. 

«En mi zona rural, no se hablaba de educación sexual. Nadie te decía cómo cuidarte. Creo que hay que empezar desde la educación temprana y cambiar la penalización del aborto», recuerda Cristina. 

Antes de unirse a la clase, Cristina comenta que lo que más extraña de El Salvador son las comidas típicas, los amaneceres en el campo y el olor a tierra mojada. Aunque lamenta el retroceso en los derechos sexuales y reproductivos bajo el gobierno actual: el oficialismo engavetó las propuestas de despenalización del aborto durante la legislatura 2021-2024, aunque Nuevas Ideas tenía y sigue teniendo los votos necesarios para aprobarlas, está satisfecha con los esfuerzos de la sociedad civil para luchar contra la criminalización de mujeres por emergencias obstétricas. 

«Mi vida ha cambiado, pero lo que me alegra es que se ha avanzado en la lucha por la despenalización del aborto. Ahora se conoce más cómo se criminaliza a las mujeres que enfrentan un aborto». 

Cristina lleva 10 años en Estados Unidos, pero aún no ha recibido asilo. María Teresa le ha sugerido intentar en Suecia, pero ella prefiere no hacerlo porque no se adapta al invierno. Recuerda que vivió en Chicago y se mudó debido al frío, ya que es de San Miguel, de la zona Oriental, de un clima tropical. No soporta el frío. «Me han negado el permiso de trabajo cuatro veces. Por tener antecedentes penales en El Salvador, tampoco me lo dan aquí. No es fácil encontrar un país que te dé una opción». En caso de no lograr resolver su situación migratoria, prefiere retornar a El Salvador, a la nación provida. 

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