El #8M y el paro del 9 de marzo de 2020 cimbró a miles de personas en México. Los reclamos de las mujeres se escucharon con mayor fuerza y el llamado a parar se propagó como no había ocurrido. Parecía un momento decisivo en la agenda pública, pero la pandemia por la COVID-19 frenó de golpe las movilizaciones en calle.
Sin embargo, ni la crisis sanitaria impidió que las múltiples violencias machistas se agudizaran. Así que, pese al riesgo del contagio, las acciones y protestas contra los feminicidios, los abusos sexuales y otras manifestaciones de violencia, se volvieron a realizar.
Así, y pese a la pandemia, se dieron acciones inéditas como las tomas de sedes de instituciones públicas para exigir: alto a la violencia contra las mujeres, acceso a la vivienda y el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
La primera fue la toma de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, en la zona centro de la Ciudad de México. Esta ocurrió el 4 de septiembre. Días antes, una madre de una niña víctima de abuso sexual se había encadenado en una sala de la Comisión. En días cercanos a la toma hubo acciones en otras sedes de la CNDH: tomas simbólicas y pacíficas, como la de la CODHEM Ecatepec Visitaduría Ecatepec, la cual fue violentamente desalojada. Esta toma de la Okupa, como se le rebautizó, lleva ya más de medio año.
La segunda toma la realizó la comunidad otomí. Se registró el 12 de octubre, la comunidad, encabezada por mujeres, tomó las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, para exigir derecho a la vivienda y atención en plena pandemia. La comunidad también reivindicó su rechazo a megaproyectos impulsados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el sureste del país. La toma se mantiene.
Otra toma que se realizó fue la de oficinas del Colegio de Bachilleres, institución académica de nivel medio superior. Las y los estudiantes denunciaron con esa acción del 23 de octubre la omisión ante casos de acoso sexual, inconformidades generales sobre las clases en línea, también pidieron revisión de planes de estudio, entre otros puntos.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México recibió el pliego petitorio de lxs estudiantes y entregó una respuesta inicial de las autoridades académicas, quienes afirman estar dispuestas al diálogo. La toma no se prolongó más allá de un día.
También en 2020 se dieron dos tomas en congresos locales, los de Puebla y Quintana Roo, para exigir que se apruebe el aborto legal, seguro y gratuito en esas entidades.
La #TomaCongresoPuebla inició el 24 de noviembre. La realizaron integrantes de la colectiva Cuatlicue Siempre Viva y Coordinadora Feminista Puebla.
Entre las demandas de las mujeres estuvieron:
• Aprobación de la reforma de ley para la interrupción legal del embarazo (ILE)
• Mesa de diálogo con el gobernador del estado, integrantes del congreso, Fiscalía, Rectores de universidades públicas y privadas del estado y funcionarios de la SEP.
Otro de los puntos era concretar mesas de trabajo para reformas de ley de identidad de género (que tiene como antecedente a Ley Agnes, de 2013, nombrada así en memoria de Agnes Torres Hernández, víctima de transfeminicidio en 2012). Esta toma se levantó el 18 de diciembre y la Ley Agnes fue aprobada el 25 de febrero pasado.
La toma del vestíbulo del Congreso de Quintana Roo inició el 27 de noviembre y se extendió 90 días, tras los cuales se logró que se discutiera el dictamen sobre el aborto legal pero no fue aprobado.
Todas estas acciones, más las protestas en calle, responden a múltiples exigencias que son un llamado para que las autoridades locales, municipales, estatales y federales atiendan la situación de violencia que enfrentan las mujeres mexicanas.
