La violencia feminicida es un fenómeno complejo que afecta a mujeres en todas las etapas de su vida, tanto en espacios públicos como privados. Para Bandes, aunque las políticas de seguridad han reducido los feminicidios, la violencia de género sigue siendo un problema grave, especialmente la violencia sexual: organizaciones feministas señalan que, de cada 10 casos de violencia de género, 4 corresponden a violencia sexual, afectando principalmente a niñas y adolescentes.
En esta entrevista, aborda también las estrategias más efectivas para prevenir el feminicidio, como la educación y el fortalecimiento de sistemas de justicia, además de recomendar medidas específicas para mejorar la protección y empoderamiento de las mujeres.
La falta de recursos adecuados para implementar medidas de prevención de feminicidios en El Salvador agrava la situación. Sin financiamiento, las políticas existentes no logran implementarse efectivamente, y la falta de acceso a servicios esenciales pone en riesgo a las víctimas, explica. Asimismo, describe las acciones necesarias para movilizar recursos y mejorar la respuesta institucional, incluyendo la armonización del marco normativo y el fortalecimiento de la coordinación multisectorial.
¿Cómo evalúa la violencia feminicida en El Salvador?
La violencia contra las mujeres en El Salvador es un fenómeno complejo que afecta a mujeres en todas las etapas de su vida y ocurre tanto en el ámbito público como en el privado. Desde 2011, el país cuenta con un marco legal que reconoce la violencia feminicida, y el feminicidio está tipificado como delito.
De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, entre enero de 2012, cuando entró en vigor la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, y diciembre de 2022, 3,348 mujeres fueron asesinadas de manera violenta. En 2022, la tasa de muertes violentas de mujeres fue de 2.1 por cada 100,000 mujeres, lo que refleja una reducción significativa de los feminicidios en el contexto de las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno de El Salvador. Estas medidas han incidido en la disminución de la violencia generada por pandillas y, en consecuencia, en la reducción de homicidios y feminicidios.
Sin embargo, la violencia contra las mujeres por razones de género sigue siendo un problema grave en el país. En 2022, la tasa de violencia sexual fue de 156.4 por cada 100,000 mujeres, según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Además, organizaciones feministas señalan que, de cada 10 casos de violencia de género, 4 corresponden a violencia sexual, afectando principalmente a niñas y adolescentes.
¿Qué políticas o acciones han demostrado ser efectivas en otros contextos para reducir la violencia de género y el feminicidio?
La violencia de género es un problema social que afecta múltiples ámbitos de la vida pública y privada. Tanto el Comité de la CEDAW como la Convención de Belém do Pará han señalado que esta forma de violencia no es un fenómeno aislado, sino un problema multidimensional con una raíz común: la discriminación contra las mujeres por el hecho de ser mujeres.
Este tipo de violencia tiene un doble carácter: es estructural, al ser una barrera que perpetúa la desigualdad; e instrumental, como mecanismo de control social. En sociedades que toleran y naturalizan estas dinámicas, las normas y comportamientos refuerzan sistemas de discriminación y desigualdad.
En diversos contextos, las estrategias más efectivas han sido aquellas que combinan campañas educativas, fortalecimiento de sistemas de justicia, y políticas de protección y empoderamiento económico de las mujeres, siempre con un enfoque integral que aborde tanto las causas como las consecuencias de la violencia.
¿Qué medidas específicas recomendarían a las autoridades salvadoreñas para abordar la violencia de género y el feminicidio en el país?
ONU Mujeres subraya la importancia de esfuerzos coordinados entre sectores institucionales, sociales y empresariales para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, ya que representa una de las violaciones de derechos humanos más extendidas y con consecuencias profundas en la vida de las víctimas. Entre las recomendaciones clave, que hemos planteado para avanzar hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, destacan: Armonizar el marco normativo: alinear las leyes nacionales que protegen a las mujeres con los estándares internacionales de derechos humanos para garantizar su efectividad y cumplimiento.
Desarrollar políticas públicas preventivas: diseñar estrategias y marcos normativos que fomenten cambios culturales, eliminen estereotipos de género y aborden las múltiples formas de discriminación que intersectan con la violencia de género. Fortalecer la coordinación multisectorial: mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios esenciales para las víctimas y sobrevivientes de violencia, asegurando un enfoque integrado y centrado en las víctimas y sus necesidades. Esto incluye garantizar el acceso a la justicia, promover cambios institucionales y garantizar la rendición de cuentas por parte de los agresores.
¿Cómo colaboran con el gobierno salvadoreño para enfrentar el problema del feminicidio y la violencia de género en general?
ONU Mujeres, tanto a nivel global como en El Salvador, pone a disposición de las instituciones públicas su experiencia y conocimiento especializado para impulsar políticas y programas que promuevan la igualdad y el empoderamiento de las mujeres. Nuestro trabajo se basa en un triple mandato que guía nuestras acciones en los países: normativo, operacional y coordinación.
En El Salvador, este trabajo se articula en torno a cuatro áreas temáticas prioritarias a nivel global: Gobernanza y participación en la vida pública: promovemos la representación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Empoderamiento económico de las mujeres: impulsamos iniciativas para mejorar su acceso a recursos y oportunidades. Erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas: desarrollamos programas para prevenir y responder a la violencia de género.
Mujeres, paz y seguridad; acción humanitaria y reducción del riesgo de desastres: abordamos la participación de las mujeres en la construcción de paz y en contextos de crisis.
En su experiencia, ¿cuáles han sido los enfoques de prevención más efectivos para reducir la violencia de género y prevenir los feminicidios?
La experiencia de ONU Mujeres a nivel global muestra que las estrategias más efectivas para prevenir la violencia de género se centran en la prevención primaria, enfocada en transformar normas sociales, prácticas y desigualdades estructurales que perpetúan la violencia contra mujeres y niñas. Este enfoque busca prevenir los actos de violencia antes de que ocurran mediante iniciativas comunitarias: Estas fortalecen liderazgos locales y abordan estereotipos, comportamientos y actitudes que reproducen la discriminación y la desigualdad. Educación y sensibilización: modificar estereotipos nocivos relacionados con los roles de género que fomentan la violencia.
Es crucial señalar que estas estrategias deben ser situacionales y contextuales, adaptadas a las necesidades específicas de cada comunidad y dirigidas a los grupos de interés pertinentes. En última instancia, la raíz de la violencia está en el desequilibrio de poder entre mujeres y hombres, reforzado por sistemas de discriminación y normas sociales que naturalizan la desigualdad.
¿Qué papel juegan las políticas públicas en la lucha contra el feminicidio en El Salvador? ¿Qué cambios serían necesarios?
Las políticas públicas son fundamentales en la lucha contra el feminicidio, ya que los Estados, como garantes de los derechos humanos, tienen la obligación de prevenir y responder con debida diligencia a la violencia contra las mujeres y niñas. Este deber implica cuatro responsabilidades clave: Prevención: adoptar medidas integrales para evitar que la violencia ocurra, incluyendo la transformación de normas sociales y culturales que perpetúan la desigualdad. Investigación: garantizar investigaciones rigurosas y efectivas para esclarecer los actos de violencia y determinar responsabilidades. Sanción: asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia y enfrentan las consecuencias de sus actos. Reparación: ofrecer medidas de reparación adecuadas a las víctimas y sus familias, garantizando su acceso a la justicia y servicios esenciales.
¿Qué impacto tiene la falta de recursos en la implementación de medidas para prevenir feminicidios en El Salvador?
Grave, es necesaria la movilización de diversos actores institucionales y sociales para la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. La falta de recursos en la implementación de medidas para prevenir feminicidios en El Salvador tiene un impacto grave y multifacético, ya que obstaculiza tanto las acciones de prevención como las respuestas efectivas frente a la violencia de género. Esto incluye limitación de infraestructura y servicios, la falta de recursos afecta la disponibilidad de refugios, líneas de ayuda, y centros de atención integral para mujeres en situación de riesgo. Sin un acceso adecuado, muchas víctimas quedan desprotegidas.
Deficiencia en la formación y sensibilización: la falta de recursos limita el desarrollo de programas adecuados de capacitación para agentes del sistema de justicia (policías, fiscales, jueces), ni campañas de sensibilización para la población en general, perpetuando estigmas y revictimizaciones.
Debilidad en la ejecución de leyes y políticas: aunque El Salvador cuenta con leyes como la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, su implementación requiere de fondos para monitoreo, evaluación y seguimiento de casos. Sin estos recursos, muchas disposiciones quedan en papel.
Carencia de datos e investigación: la falta de recursos limita la recolección de datos confiables y actualizados, esenciales para diseñar políticas efectivas y medir el impacto de las intervenciones. Imposibilidad de movilización comunitaria: la prevención de feminicidios requiere la participación activa de comunidades, organizaciones civiles y actores sociales, pero sin financiamiento, estos esfuerzos suelen ser fragmentados y de alcance limitado.
Es urgente la movilización de diversos actores institucionales y sociales, incluyendo el sector público, privado y organizaciones internacionales, para garantizar el financiamiento sostenible y la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas. Solo con un enfoque integral y recursos suficientes se podrán implementar medidas eficaces de prevención y atención.
