Petrona Aquino, de 49 años, vive en el distrito de Armenia, municipio Sonsonate Este. Su grupo familiar está integrado por cuatro personas adultas. Ella y su hermana realizan las tareas de cuidado en el hogar, mientras sus dos hermanos trabajan en un taller de estructuras metálicas. Cada uno gana el salario mínimo de $365 al mes. Ambos salarios suman: $730. Petrona, quien padece una enfermedad hepática, sigue una dieta basada en verduras. Sin embargo, el aumento de precios ha duplicado su gasto mensual en verduras, pasando de $50 a $100. «Esta situación me genera tristeza y desesperación, porque casi todo lo que uno gana se invierte en comida. Esto me genera estrés porque no sé si lograré terminar el mes con comida», comenta.
Katherin Hernández, de 24 años, también enfrenta el impacto del aumento de precios. Madre de dos niñas de 1 y 5 años, realiza tareas del hogar y cuidado en casa, además, vende ropa por Internet. Su esposo, José, trabaja como vigilante en una iglesia de San Salvador y recibe un salario líquido mensual de $400. Su hija mayor consume muchas verduras, lo que añade presión económica a la familia. «Hay que organizarse y reinventarse. A veces, toca prestar dinero o trabajar extra lavando y planchando para llegar a fin de mes», explica. Esta situación le genera un fuerte desgaste emocional y físico, describe.
Carmen Urquilla, coordinadora del programa Justicia Laboral y Económica de Ormusa, explica que el incremento de precios afecta más a las mujeres, responsables principales de garantizar la alimentación familiar. Según Urquilla, muchas mujeres sacrifican su ingesta para priorizar la de sus hijos e hijas o familiares. Este sacrificio, combinado con las presiones económicas, puede derivar en estrés, frustración e incluso violencia en algunos casos, describe.
Norma Enríquez, de 32 años, vive también en el distrito de Armenia con su esposo Ernesto, de 42, y el hijo de ambos que suma 6 años. Ernesto trabaja en un taller mecánico con un salario mínimo. Norma cuenta que antes gastaba $10 en verduras, pero ahora necesita $25 para cubrir lo básico. «Trato de gastar lo mismo, pero con menos cosas. Antes hacía ensaladas con varios ingredientes; ahora uso uno o dos», explica.
Durante 2024, el costo promedio mensual de la canasta básica rural (CBR) fue de $162.53, aplicado a una familia tipo de 4.26 personas. En la urbana, el promedio fue de $256.22, para una familia tipo de 3.73, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central de Reserva (BCR). La CBR incluye 9 alimentos esenciales, sin verduras ni pan francés, mientras que la CBU comprende 11: pan francés, tortillas, arroz, carnes, grasas, huevos, leche fluida, frutas, frijoles, verduras y azúcar.
Para Petrona, Katherine y Norma, mantener una alimentación adecuada en sus hogares sigue siendo un desafío. Aunque el gobierno ha implementado medidas como los agromercados, ellas consideran que estas no son suficientes para beneficiar a toda la población.
Bukele y su plan económico
En 2019, cuando Nayib Bukele asumió la presidencia, la canasta básica rural tenía un costo de $144.43, mientras que en el área urbana costaba $202.37, según datos de la Oficina Nacional de Estadística y Censos (ONEC). Para junio de 2024, estos costos ascendieron a $179.23 y $262.17, respectivamente, reflejando un aumento significativo durante su mandato. Uno de los productos que más ha influido en este incremento es el frijol, cuyo precio subió un 72.15 % entre julio de 2019 y julio de 2024. Las verduras también han tenido un aumento considerable del 68.65 % en el mismo período, según el informe de la ONEC.
Frente a este panorama, 34 días después de haber iniciado su mandato inconstitucional, el 5 de julio de 2024, durante una cadena nacional, Bukele anunció la apertura de agromercados en todo el país como parte de su plan para ofrecer alimentos a “precios justos”. Además, acusó a importadores y distribuidores de inflar los precios de forma injustificada y lanzó una advertencia: “Paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después”. De acuerdo con una publicación de la Secretaría de la Presidencia de El Salvador, en Instagram, actualmente hay 50 agromercados operativos en diferentes puntos del país.
Estos agromercados forman parte de la primera fase del Plan Económico de seis etapas, denominada “alimentación”. Sin embargo, Bukele afirmó que esta estrategia será temporal, ya que planea sustituir los agromercados por centrales de abastos administradas por empresas privadas. La primera de estas centrales estaría ubicada en la exterminal del SITRAMSS, aunque no se han brindado detalles sobre cuántas serán ni en qué regiones estarán disponibles.
Durante la inauguración de un parque tecnológico, Bukele aseguró que estas medidas, junto con la eliminación de aranceles a productos alimenticios, garantizarán precios bajos de manera sostenida.
El Salvador depende en gran medida de las importaciones para suplir más del 60 % de su consumo alimentario, según la CEPAL. Guatemala es el principal proveedor, seguido de Honduras, Nicaragua y Estados Unidos. Esta dependencia refleja una crisis estructural en la producción agrícola local, agravada por un desbalance comercial en el que el país exporta menos de la mitad de lo que importa. En octubre de 2023, el Paro Nacional en Guatemala, liderado por los 48 Cantones de Totonicapán, afectó el abastecimiento y aumentó los precios de alimentos en El Salvador.
Durante el confinamiento obligatorio por la pandemia de COVID-19, Bukele implementó programas de distribución de alimentos. Según una investigación de Revista Factum, una de las compras incluyó atún enlatado proveniente de México a través de una empresa señalada como irregular por su falta de experiencia en alimentos y vínculos cuestionables. Este enfoque generó críticas, ya que se interpretó como una oportunidad perdida para apoyar a los productores locales en un contexto de emergencia alimentaria.
La inflación en El Salvador cerró en diciembre de 2023 con una tasa de 1.23 %, la más baja desde febrero de 2021, según el BCR. No obstante, el comportamiento de los precios de bienes esenciales no reflejó una disminución general. Sectores como alimentos y bebidas no alcohólicas, aunque mostraron una ligera reducción en su índice inflacionario (de 4.70 % en noviembre a 3.98 % en diciembre), mantuvieron alzas sostenidas en productos como el frijol y las verduras, evidenciando presiones en los costos básicos para las familias.
Cambios en la dieta familiar
Caro Torres, de 30 años, es madre de una niña de 8 años y un bebé de 1 año. Su pareja, Antonio, trabaja en una fábrica y gana $342 al mes. Con este ingreso, Caro administra el hogar y realiza trabajos de cuidado no remunerados. Sin embargo, el alza en los precios de la canasta básica la ha obligado a reducir las compras. “Ya no compro la misma cantidad de verduras y otros alimentos, porque si lo hago, no me alcanza para artículos de limpieza”, comenta.
Petrona enfrenta una situación similar. Para ajustar su presupuesto, ha reducido las porciones en los alimentos. “Si en el almuerzo comemos pollo con verduras, en la cena el plato será más sencillo”, explica. En Armenia1, donde residen 41,877 personas (52.4 % son mujeres)2, muchas familias deben adoptar estrategias similares para sobrevivir.
La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2023 indica que El Salvador tiene 2,019,583 hogares, de los cuales el 27.18 % vive en pobreza extrema o relativa. De las 1,923,303 personas en esta situación, el 54.45 % son mujeres. Además, enfrentan mayores índices de inseguridad alimentaria: entre el 75 % y el 80 % sufren inseguridad alimentaria severa, de acuerdo con un estudio de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).
Marisol destaca que, aunque los agromercados ofrecen precios bajos, no son prácticos. “Las filas son interminables y muchas veces no logro comprar. Además, siento que esto afecta a las vendedoras del mercado”, dice.
Denisse, quien lleva 35 años vendiendo en el mercado de Armenia, asegura que las medidas del gobierno han perjudicado su negocio. «Esto que ha hecho el presidente nos afecta mucho. Antes, cuando no había agromercado en el parque, podía vender unos 200 dólares; ahora apenas alcanzo 50. La gente me reclama por los precios, pero a mí tampoco me venden barato», explica.
María, con 30 años en el mismo mercado, comparte su preocupación. «Esta medida ayuda a algunos, pero nos perjudica a otros. Lo mejor sería apoyar a los agricultores locales», sugiere.
Norma y Petrona coinciden en que una solución sostenible requiere inversión en agricultura y planes para enfrentar desastres naturales. Por otro lado, sectores de la población han propuesto eliminar el IVA a los alimentos, pero estas medidas no han sido consideradas, recuerda Carmen Urquilla, de Ormusa.
Para Urquilla, los agromercados y las centrales de abastos, medidas implementadas por el Estado ante la crisis alimentaria, no abordan por completo el problema ni benefician a todos los sectores. «Estas medidas pueden generar beneficios, pero son mínimos. No son soluciones a largo plazo ni de gran impacto, porque no benefician a la mayoría de la población. Si no hay una transformación en los modelos económicos, la mayoría de la población seguirá teniendo problemas para comprar productos de la canasta básica», destaca.
Según la encuesta de evaluación del 5° año de gobierno de Nayib Bukele, realizada por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), 74 de cada 100 personas consideraban la crisis económica como el principal problema del país. Además, una encuesta de CID Gallup publicada el 27 de noviembre de 2024 reveló que el costo de la vida continúa siendo la principal preocupación de la ciudadanía.
De acuerdo con la EHPM 2023, 140,254 personas se dedican al trabajo del hogar de forma remunerada: 9,547 son hombres y 130,707 son mujeres. Para los quehaceres del hogar no remunerados, la cifra alcanza las 758,910 personas, de las cuales 10,691 son hombres y 748,219 mujeres. En el área rural, 62,607 personas: 3,946 hombres y 58,661 mujeres realizan trabajo del hogar remunerado, mientras que 364,758 (361,526 son mujeres) se dedican a tareas no remuneradas. Además, 132,188 personas reportaron que por obligaciones familiares no pueden emplearse para percibir un salario; de estas, 18,140 son hombres y 114,048 son mujeres. Estas responsabilidades afectan especialmente a las mujeres, limitando sus oportunidades para acceder a empleos formales.
1 El distrito de Armenia tiene 9 cantones y 30 caseríos. Está habitada por 41,877 personas: 19,936 hombres y 21,941 mujeres. Según la alcaldía de ese distrito la mayor parte de sus habitantes se dedican al comercio.
2 De acuerdo con las «Estimaciones y Proyecciones de Población Municipal 2020-2025» (revisión 2021), de la extinta Digestyc, ahora Oficina Nacional de Estadística y Censos.
