Han pasado casi seis años desde que Fernanda Nájera fue hallada muerta junto a la carretera que conecta Ahuachapán con el ahora distrito de Ataco, cerca del beneficio de café El Molino. El 31 de enero de 2019, Michael Alejandro Castillo Murga llegó a buscarla a su casa. Le dijo que registrarían a su hijo de un año y siete meses para darle su apellido. Fernanda salió con él y con el niño, pero no regresó.
El 1 de febrero de ese mismo año, su cuerpo fue encontrado en una vía pública. Tres días después, unos agricultores hallaron al niño en un cafetal cercano. Estaba deshidratado y tenía picaduras de insectos. Michael Castillo Murga fue señalado como responsable de la privación de libertad de Fernanda, su feminicidio y el intento de homicidio del menor.
Con el tiempo, otras personas fueron implicadas como cómplices, pero ninguna estaba en prisión, hasta que Castillo Murga fue capturado por la Interpol en Estados Unidos el 23 de octubre de 2024.
Tras la captura, organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos exigieron al sistema de justicia garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia para la familia de Fernanda. También solicitaron la condena del acusado y su pronta extradición al país.
El caso de Fernanda Nájera sigue siendo recordado por el ensañamiento con el que ocurrió y por el tortuoso camino que su madre, Marielos Quezada, ha recorrido en busca de justicia. También destaca por la defensa colectiva de organizaciones feministas ante un sistema judicial que, según Marielos, ha sido indiferente.
“El Estado me ha fallado”, dijo Marielos a El Diario de Hoy en octubre de 2023, cinco años después de que el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia programara el juicio contra el principal sospechoso, Michael Murga. Para esa fecha, él seguía prófugo.
En el lugar donde ocurrió el feminicidio, el caso sigue resonando. Tanto en las calles de Ataco como en Apaneca, las personas conocen el caso o han oído hablar de él, pero prefieren guardar silencio. El 30 de octubre de 2023, durante un recorrido por la zona, una adolescente señaló el lugar exacto donde encontraron el cuerpo de Fernanda, pero luego se marchó corriendo. Más adelante, un hombre indicó que fue en una curva de la carretera. “Me habla de la joven de Apaneca”, dijo mientras señalaba el lugar.
La cruz que su madre habría colocado para identificar el lugar ya no está.
Agnes Palacios, abogada de la Colectiva Feminista que asumió el caso en 2020, lamenta las dificultades enfrentadas. “Marielos ha tenido que sacar adelante a un niño siendo mujer adulta. Se ha enfermado y ha tenido que huir porque se siente insegura. ¿Por qué ella tiene que huir por pedir justicia?”, cuestiona.
La Colectiva Feminista asumió el caso tras la fase de instrucción, lo que limitó su capacidad de presentar nuevas pruebas contra las cinco personas involucradas. “Marielos nos buscó porque sentía abandono por parte del Estado”, explica Agnes. A pesar de los obstáculos, la determinación de Marielos ha transformado su lucha en un acto de empoderamiento. “Lo que le sucedió a su hija la transformó en una mujer muy empoderada, muy fuerte”, añade la abogada.
El tortuoso camino en la búsqueda de justicia
La abogada Agnes Palacios describe el largo camino que ha recorrido junto a Marielos Quezada en busca de justicia. Han organizado plantones y protestas frente a instituciones como la Fiscalía y el Ministerio de Justicia y Seguridad para exigir agilidad en las investigaciones. Con carteles y consignas, el nombre y rostro de Fernanda han estado presentes en marchas y espacios públicos, recordando al Estado y a la sociedad que su vida importa y que la justicia en su caso avanza lentamente.
“Mi hija no merecía morir como murió” y “Nosotras merecemos justicia” son algunas de las declaraciones que Marielos ha dado a los medios.
El caso está judicializado desde junio de 2019. Comenzó en el Juzgado de Paz de Concepción de Ataco, donde se ordenó la captura de cinco sospechosos: dos presentes y tres ausentes. Posteriormente, el expediente fue remitido al Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres de Santa Ana. Sin embargo, la audiencia preliminar se suspendió en seis ocasiones debido a negligencias, según detalla Palacios.
“Previo a la audiencia preliminar se señalaron reconocimientos en ruedas de personas para dos imputados, pero no se realizaron por falta de material comparativo. Por eso se suspendía y se reprogramaban las audiencias», explicó la abogada.
Finalmente, en junio de 2022, más de tres años después, se llevó a cabo la primera audiencia preliminar contra cuatro personas. Entre ellas estaban la abuela del principal sospechoso, su novia, un médico y un fiscal. Inicialmente, fueron acusados de fraude procesal, pero en apelación se les procesó por encubrimiento.
En diciembre de 2022, el Juzgado Especializado de Sentencia condenó a Jaqueline Alejandra Martínez Herrera, novia de Castillo Murga, como cómplice del feminicidio de Fernanda, pero no le impuso ninguna pena. En agosto de 2024, fue condenada a tres años de cárcel como cómplice del feminicidio. Sin embargo, debido a la legislación, la pena puede ser sustituida por trabajos de utilidad pública. Según Palacios, no se tiene información sobre el paradero de Jacqueline, y es probable que haya salido del país.
A pesar de la resolución judicial, el 19 de agosto de 2024, Marielos Quezada, madre de Fernanda, expresó a Alharaca su frustración por la falta de avances en el caso. Lamentó que, aunque se emitió la orden de captura contra Jacqueline Alejandra Martínez Herrera, hasta esa fecha no se tenían noticias de su detención. «Hace días emitieron la orden para que ella fuera presa, pero hasta ahora nadie me ha dicho nada. Ni la fiscal me ha explicado qué está pasando», declaró.
“Han pasado casi seis años, y Marielos no ha visto justicia. Las respuestas que ha recibido no son las que esperaba”, comenta Palacios mientras revisa el expediente del caso.
Organizaciones como Abogados sin Fronteras, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) y la Colectiva Feminista han acompañado a Marielos en este proceso. A pesar de este apoyo, el caso avanza con lentitud.
Fernanda Nájera era la menor de cuatro hermanos. Le gustaba jugar softbol y fútbol, estudiaba mercadeo y era una joven solidaria. Así la describió su mamá en una entrevista para la plataforma Huellas de Ausencia.
La captura del feminicida
El 5 de noviembre, las autoridades fiscales y policiales informaron sobre la captura de Michael Alejandro Castillo Murga en Estados Unidos, donde se refugió tras el feminicidio agravado de Fernanda Nájera y el intento de homicidio de su hijo. La detención del principal sospechoso representa una esperanza para las organizaciones de mujeres que exigen justicia para las víctimas de feminicidios.
La abogada Agnes Palacios confía en que la extradición de Michael Alejandro ocurra pronto, así como la realización de la vista pública en su contra. «Espero que, en el desfile probatorio, la jueza establezca una condena máxima para este caso», señaló.
El art. 46 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres será sancionado con pena de 30 a 50 años de prisión.
Palacios también considera que una condena ejemplar enviaría un mensaje contundente tanto a los agresores como a las mujeres que enfrentan violencia, recordándoles que no están solas. “Esto demostraría que la justicia alcanza a cualquier persona, sin importar su condición social o si está dentro o fuera del territorio. Dejaría claro que ni las niñas ni las mujeres se tocan”, afirmó.
La Colectiva Feminista, a la que pertenece Palacios, emitió un comunicado exigiendo justicia y reparación para Fernanda Nájera y su familia. Asimismo, instó al sistema judicial a garantizar el cumplimiento del debido proceso.
Mientras tanto, Marielos Quezada, madre de Fernanda, comparte en redes sociales las muestras de solidaridad y las demandas de justicia expresadas por diversas organizaciones de mujeres tras la captura del sospechoso. La búsqueda de justicia ha impactado gravemente su salud física y emocional, llevándola incluso a ser hospitalizada. Desde 2023, Marielos vive en condición de asilo en Estados Unidos junto a su pareja y su nieto.
En agosto de 2024, Marielos habló con Alharaca tras conocerse la condena máxima de tres años para Jacqueline Alejandra Martínez Herrera, cómplice del feminicidio. Expresó su desacuerdo con la calificación del delito como complicidad, ya que considera que Martínez cometió fraude procesal para beneficiar a Michael Alejandro.
“Espero que el sistema de justicia no convierta el caso de mi hija en un espectáculo”, declaró. “Si van a hacer justicia, que la hagan. Pero el sistema judicial de mi país es corrupto. No tengo dinero para comprar a nadie, así que hay que esperar hasta que ellos decidan actuar. Como dicen, con la plata baila el mono. ¿Qué puedo hacer?”, concluyó.
La violencia que no disminuye
En 2019, de las 230 muertes violentas de mujeres registradas, 112 fueron tipificadas como feminicidios, incluido el caso de Fernanda. Entre enero y noviembre de 2024, el Observatorio de Ormusa ha documentado 36 feminicidios: la mitad cometidos por parejas o exparejas.
El 30 de octubre de 2024, un exnovio atacó con arma blanca a una estudiante dentro de la Universidad de El Salvador. El hecho ocurrió a plena luz del día. Una amiga de la víctima también sufrió heridas al intentar defenderla. Las autoridades capturaron al agresor, quien enfrenta cargos por intento de feminicidio.
Alejandra Burgos, de la Red de Defensoras Salvadoreñas, señaló que este caso muestra la inseguridad de las mujeres en sus hogares y en espacios públicos. “El mismo día que se reportan cero homicidios, desde los territorios recibimos noticias de mujeres asesinadas. La falta de datos oficiales evidencia la ausencia de voluntad política y responsabilidad estatal para enfrentar la violencia de género”, afirmó.
Criticó la opacidad del Estado en estos casos: “No publicar los datos no elimina la realidad; solo refleja una decisión estatal de ignorarla. Desde la pandemia, recopilamos información a partir de las voces de sobrevivientes y sus familias”.
Burgos también lamentó el desmantelamiento del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu) bajo la actual administración. Señaló que los recortes presupuestarios afectan programas clave como Ciudad Mujer. Para 2025, se prevé una reducción de cuatro millones de dólares y la eliminación de 211 plazas dedicadas a los derechos de las mujeres.
Silvia Juárez, de ORMUSA, destacó que reducir la violencia feminicida requiere que el Estado reconozca su existencia. “El Estado salvadoreño excluye los derechos de las mujeres y los deja fuera de la agenda pública. Sin presupuestos ni prioridades claras, las condiciones empeoran”, expresó.
En agosto de 2024, la Red Feminista Frente a la Violencia contra las Mujeres (REDFEM) integrada por Las Dignas, Las Mélidas y ORMUSA, presentó un Informe sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres en El Salvador 2012-2022. En el documento, aparece un registro de 286,415 hechos de violencia contra las mujeres durante esa década. De estos, 4,818 fueron casos de feminicidio.
Entre 2015 y 2022, el sistema judicial condenó a 260 personas por feminicidios y a 830 por homicidios de mujeres. Sin embargo, no todos los casos correspondían a ese período. Juárez señaló que la impunidad persiste y las mujeres enfrentan altos niveles de revictimización, descrédito y traumas en su búsqueda de justicia.
En El Salvador, el gobierno actual ha reducido presupuestos a instituciones que apoyan a las mujeres y ha debilitado la educación sexual y reproductiva en las escuelas. Entre 2012 y 2022, se registraron 78,755 casos de violencia sexual, según REDFEM.
En 2017, Naciones Unidas identificó a América Latina como la región más peligrosa del mundo para las mujeres. En Centroamérica, dos de cada tres mujeres asesinadas mueren por razones de género. El informe de REDFEM señala que los principales agresores de las mujeres son sus parejas, exparejas, novios, esposos, hijos y hermanos.
Desde hace más de seis años, Marielos Quezada y la Colectiva Feminista exigen justicia para Fernanda Nájera con plantones frente al Ministerio Público y juzgados, manteniendo presente su nombre y rostro. Fotos: cortesía Colectiva Feminista.
El régimen retrasa el acceso a la justicia para víctimas de feminicidio
El acceso a la justicia para mujeres víctimas de feminicidio o sobrevivientes de violencia refleja las consecuencias de la falta de presupuesto en políticas dirigidas a ellas. Las políticas de seguridad actuales tampoco benefician a las salvadoreñas, pese a la reducción de otros hechos violentos.
Agnes Palacios, abogada de la Colectiva Feminista, lleva casi cinco años atendiendo casos de violencia hacia las mujeres en el occidente del país. En sus visitas a los tribunales, observa cómo el sistema abandona a las mujeres y a sus familias cuando deciden denunciar.
“La implementación del régimen de excepción ha perjudicado los procesos judiciales. Los casos de violencia de género no tienen prioridad”, explica Agnes. Según ella, los tribunales están saturados. Las audiencias se retrasan por más de un año, afectando directamente a las mujeres que esperan justicia.
La situación también afecta al Instituto de Medicina Legal (IML). No logran realizar los peritajes que necesitan las fiscalías y las defensas debido al aumento de casos tras el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022.
Agnes relata que en los tribunales han atendido a mujeres sobrevivientes de intentos de feminicidio. Sin embargo, sus casos son procesados como delitos de lesiones, a pesar de las señales de tortura en sus cuerpos. La Colectiva Feminista ha asumido varios de estos casos.
“Son mujeres sin recursos para pagar asistencia privada. La Procuraduría [General de la República] está saturada, y las sobrevivientes no reciben la atención psicológica que necesitan”, comenta la abogada.
El caso de Fernanda Nájera no es la excepción. Su proceso judicial, que había avanzado con una nueva jueza, se estancó por la falta de peritajes del IML.
“Los plazos se cumplen, pero sin pruebas no podemos llegar a las audiencias preliminares”, señala Agnes.
Para resolver estas barreras, la abogada propone más jueces, tribunales especializados y recursos suficientes para atender los casos. También insiste en que el Estado debe priorizar la violencia de género como un problema serio.
Mientras tanto, Agnes subraya la importancia de las redes de mujeres que acompañan a familiares de víctimas y a sobrevivientes. Estas redes han sido clave en el caso de Fernanda Nájera.
“Este caso podría marcar un precedente, especialmente para los cómplices. Debemos mostrar que, si tocan a una mujer, enfrentarán todo el peso de la ley. Las mujeres no están solas, y cuando actuamos juntas, el sistema responde de forma diferente”, concluye.
