Un estudio de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés), con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), propone valorar el potencial de las personas retornadas de los Estados Unidos a los países del Triángulo Norte, como fuerza productiva para impulsar el desarrollo humano de sus naciones.
El estudio, publicado en 2020 en el marco del Proyecto Regional de Derechos Humanos y Democracia, incluyó una encuesta con retornados a los países del Triángulo Norte. Este encontró que 6 de cada 10 retornados entrevistados trabajaban en Estados Unidos antes de ser enviados a su país de origen, por lo que habían desarrollado competencias y capacidades laborales en distintos rubros.
Solo en 2021 cerca de 1 millón de personas del Triángulo Norte de Centroamérica tomaron la decisión de migrar de manera forzada. Tanto el aumento de la migración irregular de centroamericanos hacia Estados Unidos, como de los retornos forzados son dos caras de una misma moneda: la falta de garantías de los Estados de ofrecer una vida digna, seguridad y protección a buena parte de sus ciudadanos, indica la PADF.
La situación, además, se está agravando. De acuerdo con cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en enero de 2022 las repatriaciones desde Estados Unidos alcanzaron 5,852 personas, frente a los 1,886 del mismo mes de 2021. Los retornos de migrantes desde México se duplicaron, y pasaron de 3,451 a 7,452 en el mismo periodo.
El retorno forzado conlleva desafíos a los países de origen, pero sobre todo representa, para quienes los enfrentan y para sus familias, un verdadero drama humano, destaca el informe. En muchos casos, los repatriados estaban plenamente establecidos en Estados Unidos, habían forjado un proyecto de vida, tenían una familia, un trabajo estable, vínculos comunitarios e integración social al país de destino. Su retorno violento e inesperado les desarraigó abruptamente de su hogar, y les envío en condiciones humillantes a un entorno inhóspito, precario e inseguro en sus países de origen.
En otros casos, se trata de retornados que luego de endeudarse, enfrentar y sobrevivir a los graves riesgos de la ruta migratoria, fueron detenidos antes de su ingreso a Estados Unidos. “La mayoría de los que retornan de manera forzada llegan en peores condiciones que las que tenían antes de partir”, destaca el informe.
El estudio muestra que prevalece entre las personas retornadas una baja expectativa de reintegración a sus países de origen. Una tercera parte expresó en la encuesta su intención de ingresar nuevamente a Estados Unidos, pero que su disposición a quedarse en sus países de origen podría aumentar si les ofrecieran un empleo y mejorar la seguridad en sus entornos.
Las razones de la migración forzada varían por género. La mayoría de mujeres emigran para reintegrar a sus familias, por amenazas a su seguridad y por peligro de violencia.
Existe una respuesta insuficiente, a nivel nacional y municipal, para la reinserción económica y social de personas migrantes retornadas, y hace falta atender los detonantes de la migración, resume el documento.
En ninguno de los países del triángulo norte existen políticas públicas nacionales de reintegración socioeconómica que aborden las causas estructurales de la migración y acompañen el proceso de reinserción de las personas que retornan.
Las iniciativas estatales o de sociedad civil existentes son limitadas y de corto alcance y suelen no considerar el perfil laboral, muchas veces bastante cualificado que tienen las personas migrantes repatriadas.
No hay esfuerzos articulados de los gobiernos nacionales con los locales para facilitar la reintegración cultural de los retornados a sus comunidades. Contrario a ello, el estigma y la criminalización opera como una potente barrera de exclusión que limita su inserción social y el aprovechamiento productivo de sus habilidades y potencialidades laborales.
Estos hallazgos, si bien no son novedosos, confirman nuevamente el importante papel que juegan como factores de retención la existencia de programas de reinserción laboral para los retornados en las localidades y garantizar la seguridad en los entornos donde regresan, variables que, a su vez, constituyen disuasivos estructurales de la migración irregular en estos países.
Por ello, la PADF insiste en que las personas retornadas constituyen una fuerza productiva importante con habilidades y talentos que deben ser reconocidos y capitalizados por los países de origen. Este potencial apropiadamente reorientado pudiese ser una vía para impulsar el desarrollo productivo y social de estas pequeñas naciones, que por hoy no hacen más que descartar su mayor activo: el capital humano, señala la fundación. El estudio reitera la relevancia de abordar este fenómeno desde un visión estatal integral y estratégica, la cual incluya por parte de los Estados una preparación para el retorno, una respuesta a las necesidades de atención y reinserción, la generación de oportunidades para el desarrollo económico con enfoque territorial y la mejora de la seguridad ciudadana en los entornos locales.
