La receta económica del «doctor Bukele» profundizará la crisis

04/07/2024

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Durante su discurso tras la toma de posesión para un segundo periodo inconstitucional, Nayib Bukele anunció una nueva «medicina amarga». Esta vez, el duro tratamiento se refiere a la situación económica del país. En esta columna, la economista Julia Evelyn Martínez explica a qué se refiere esta analogía y por qué será especialmente dañina para las poblaciones más vulnerables.

Por Julia Evelyn Martínez



En la toma de posesión de su segundo mandato, el presidente inconstitucional de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que la reactivación de la economía será su principal objetivo del período 2024-2029. De acuerdo con su discurso, el logro de este objetivo tendrá que ser alcanzado mediante lo que él denominó «medicina amarga», y en tal sentido hizo jurar a las personas asistentes al acto seguir tres instrucciones precisas para que la tal medicina haga efecto: (1) rezarle a Dios; (2) no cuestionar las medidas económicas que se pongan en marcha y (3) no escuchar las críticas de los «enemigos internos», que tratarán de desacreditar el proceso de reformas económicas que logrará el milagro económico salvadoreño.

En el argot económico, el término «medicina amarga» se refiere a medidas o ajustes que un gobierno implementa para resolver problemas económicos, aunque puedan tener consecuencias negativas para la población. Estas medidas pueden incluir el aumento de impuestos al consumo; el recorte de partidas presupuestarias consideradas no esenciales, como los subsidios para el transporte público y para los servicios públicos residenciales (agua, luz eléctrica, gas propano); la disminución del presupuesto destinado a la educación pública o la salud pública, entre otros. Como indicador del éxito de esta medicina amarga se utiliza la reducción del déficit fiscal y de la deuda pública como porcentajes del producto interno bruto (PIB). 

Sin embargo, el mismo Fondo Monetario Internacional (FMI), principal promotor de estas y otras medidas de ajuste económico, ha reconocido que la aplicación de estas puede contribuir al aumento de la pobreza y de la desigualdad en los países y tener un impacto limitado en el crecimiento del PIB y del empleo. 

En un documento titulado El neoliberalismo: ¿un espejismo?, el equipo de economistas de la Dirección de Estudios del FMI, tuvo que reconocer que las políticas de ajuste fiscal que habían aplicado en varios países de Europa (basadas en recortes presupuestarios de áreas sociales combinado con en el aumento de impuestos regresivos) habían provocado un círculo vicioso de bajo crecimiento y desigualdad. Según este reporte, «la evidencia del daño económico causado por la desigualdad sugiere que las autoridades deberían estar más abiertas a la redistribución del ingreso. Naturalmente, más allá de esta, se podrían concebir políticas para mitigar parte del impacto por adelantado; por ejemplo, aumentando el gasto en educación y formación, que realza la igualdad de oportunidades. Y de ser necesario se podrían elaborar estrategias de consolidación fiscal para minimizar el impacto adverso en los grupos de bajo ingreso. Pero en algunos casos, las consecuencias distributivas son perniciosas». 

Es decir quela «medicina económica amarga» reduce el crecimiento económico, el empleo y los salarios, al mismo tiempo que aumenta la desigualdad. Pero además, es preciso poner el foco de atención sobre el impacto que estas medidas neoliberales pueden tener sobre la sostenibilidad de la vida de los países.

La sostenibilidad de la vida es un proceso que permite que el ciclo natural de la vida de las personas tenga continuidad y que esta continuidad se realice en condiciones de bienestar humano. La continuidad de la vida en estas condiciones solamente es posible cuando se cumplen simultáneamente dos condiciones. En primer lugar, se requiere que todas las personas que forman una comunidad, sociedad o nación puedan satisfacer de manera adecuada y suficiente sus necesidades vitales, que son necesidades fisiológicas, emocionales y de seguridad humana, En segundo lugar, es preciso que los procesos de producción de bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades humanas (como infraestructura, cultivos, etc.) no produzcan daños a los ecosistemas, a la biodiversidad ni interfieran con los ciclos de la naturaleza (polinización, fotosíntesis, ciclo hídrico, etc.).

En nuestro país existe desde hace mucho tiempo una crisis de sostenibilidad de la vida, la cual se refleja en una diversidad de indicadores. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) , El Salvador está clasificado como uno de los 18 puntos críticos del hambre a nivel mundial, y más de 100,000 personas se encuentran en emergencia alimentaria Fase III (hambruna). Uno de cada 3 niños y niñas se encuentran en situación de abandono (BCR, 2023). El déficit habitacional se estima en un 91 % de la población, ya que se necesitan construir 145,000 nuevas viviendas para familias de bajos recursos,  se tienen que reparar 1,500,000 viviendas para convertirlas en viviendas dignas y el 40.9% de la población vive en condiciones de hacinamiento (INCAE, 2018). El 80% de las personas adultas mayores de 65 años no cuenta con una pensión de vejez, el 46% de estas personas ancianas no cuenta con una red de protección familiar y solamente existen tres centros públicos de cuidados a adultos mayores a nivel nacional (Secretaría de Inclusión Social. Además, el 80 % del territorio nacional se encuentra en estrés hídrico, y apenas el 10 % de las fuentes de agua son aptas para el consumo humano (MARN, 2019).

Frente a este panorama tan desalentador, las medidas económicas del quinquenio 2024-2029 no harán más que profundizar la crisis de sostenibilidad de la vida en el país, aumentando la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad ambiental. 

Hasta mayo de 2024 la Asamblea Legislativa dominada por el bukelismo ha aprobado recortes a los subsidios al gas propano ($35.5 millones) y a la luz eléctrica ($15.2 millones) que no solo disminuirán el poder adquisitivo de las familias de medianos y bajos ingresos, sino que harán más difícil la realización de los trabajos de cuidados y domésticos de las mujeres. Son mayormente ellas quienes deberán cocinar, planchar y cuidar, usando fuentes de energía contaminantes (como la leña y los candiles de kerosene). Asimismo, los diputados y diputadas del partido NI han recortado $62.3 millones al presupuesto de atención en hospitales de la red pública, los cuales  provocarán retrasos e interrupciones en tratamientos de enfermedades. Esto también motivará a  médicos especialistas a renunciar de los hospitales ante la imposibilidad de trabajar en condiciones de escasez de medicamentos, de insumos médicos y de equipo calificado para realizar  exámenes especializados, con los consiguientes riesgos de mala praxis y de aumento en la tasa de mortalidad hospitalaria. También, el primer nivel de atención de salud pública (ECOS y clínicas de salud) no se ha escapado de los recortes presupuestarios: hasta mayo de 2024, perdieron $37 millones de su presupuesto, con los consiguientes efectos negativos sobre la atención en salud de niños y niñas, mujeres gestantes y personas ancianas. Y por si fuera poco, la Dirección de Educación Básica del Ministerio de Educación también ha sido tratada con la “medicina amarga” del Doctor Bukele, mediante un recorte de $63 millones. 

Claramente la receta económica que se aplicará a las empresas nacionales y extranjeras afines al clan Bukele será muy distinta: tendrán una especie de tratamiento ”tipo spa de lujo”. A estas se les ofrece exención total de impuestos, ciudadanía instantánea, desalojo de comunidades de lugares ancestrales para que puedan construir allí sus proyectos turísticos e inmobiliarios de alta gama, permisos ambientales “exprés” para que puedan realizar construcciones sin los requisitos que establece la Ley del Medio Ambiente y Recursos Naturales,  y las más recientes reformas a la Ley Especial de Protección  al Patrimonio Cultural, para permitir que cualquier bien cultural que represente un “estorbo” al proceso de gentrificación de lugares de atracción turística, sea reclasificado como de “sin importancia para el patrimonio cultural” y poder así proceder a su destrucción.

Recuerdo que cuando era niña en el siglo pasado, nuestras madres y abuelas  solían darnos a tomar aceite de hígado de tiburón  puro para el fortalecimiento del sistema inmunológico durante la época lluviosa. En ese entonces, nuestras madres y abuelas solían decirnos “es medicina amarga, pero te volverá más fuerte”. Tenían razón, ese asqueroso y pestilente aceite aumentaba las reservas de vitamina A y de vitamina D, y nos volvía más resistentes a las gripes y a la tosferina. Pero no solo eran otros tiempos, sino que, en realidad, se trataba de medicina con mal sabor, para prevenir y curar. La medicina amarga recetada por el «doctor Bukele» es veneno puro, veneno para terminar con las vidas de nuestros compatriotas más débiles y más vulnerables.  

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