“El agua no puede ser sujeta a privatización”

El 13 de mayo de 2021, la comisión de medio ambiente de la Asamblea Legislativa, conformada por diputados del partido Nuevas Ideas y Gana, envió al archivo el proyecto de Ley General de Agua, que hasta la legislatura pasada había logrado un avance de 111 artículos de un total de 160. Casi un mes después, el 11 de junio, el presidente de la República Nayib Bukele anunció en sus redes sociales que enviaría esta semana una propuesta de Ley del Agua, asegurando que la aprobarían “en no más de 90 días”. Desde que la nueva asamblea, en la cual NI tiene mayoría calificada, asumió funciones, la bancada cyan ha aprobado leyes, préstamos y reformas que vienen de Casa Presidencial el mismo día en que entran a la asamblea, algunas de trascendencia crucial para el país, como la Ley Bitcoin. Una ley que regule el agua como derecho humano también es de gran importancia para el país, sobre todo después de que se habían llegado a consensos después de más de 14 años en discusiones. 

En esta entrevista que se llevó a cabo el 24 de mayo, cuando todavía no se sabía el anuncio del presidente, Luis González hace un recorrido de los esfuerzos que significó esta propuesta de ley, explica cuáles son las implicaciones jurídicas de archivarla, la incongruencia que observa entre el discurso del Gobierno actual con sus acciones frente a la protección del medio ambiente, y la garantía del agua como un derecho humano.  

¿Cuáles son las implicaciones de que se haya archivado la propuesta de Ley de Agua?  

Es lamentable que la nueva legislatura decidiera enviar esta ley al archivo porque tenemos una grave crisis hídrica en el país y una crisis ambiental. La primera propuesta se presentó el 22 de marzo del 2006, en el marco del día del agua. Hasta ahora llevaba una discusión de 111 artículos aprobados desde la legislatura pasada, en las tres legislaturas que se ha estado viendo la ley es donde más se ha avanzado. De 2012-2015 se llegaron a 97 artículos, en 2015-2018 se discutieron como cinco o seis, pero en esta legislatura pasada fue donde más se avanzó.  

Como movimiento ambiental planteamos que es urgente tener una Ley General de Agua que retome cinco puntos que consideramos infaltables como: el reconocimiento del derecho humano al agua, participación ciudadana, gestión pública, visión de cuenca y un régimen económico equitativo y justo. La propuesta que se archivó retomaba cuatro de esos cinco puntos. Sabemos que la nueva legislatura no va a aprobar automáticamente lo que trabajó la anterior, pero esperábamos que lo leyeran y partiendo de eso vieran que dejaban y que no. La Ley General de Agua es una deuda histórica con el pueblo salvadoreño y una deuda con el ambiente de cara a la magnitud de la crisis que se tiene en el país.  

¿Qué implicaciones jurídicas tiene que archive esta ley?  

Cuando se manda al archivo un tema es porque ya se discutió demasiado y no hubo acuerdo, cuando ya fue regulado por otra ley en otra comisión, pierde vigencia, importancia, o es algo que está alejado de la realidad. Sin embargo, esto no quiere decir que no se pueda discutir después, pero acá el punto es que la Ley General de Agua es de urgencia y lo que esperábamos como movimiento ambiental era que se retomara la discusión de donde la dejó la legislación pasada por la magnitud de la crisis.  

¿Cuál es la lectura que usted realiza a que la actual legislatura enviara al archivo estas iniciativas? 

Mi lectura es que el tema ambiental y el hídrico no se consideran importantes. Suena bien que el Gobierno va a presentar una nueva propuesta, una trabajada por ellos. Creo que muchos sectores que trabajamos el tema ambiental quisiéramos conocer la propuesta para leerla y aportar. Pero es preocupante que ni siquiera se hayan molestado por conocer lo que había discutido la legislación pasada. Las implicaciones jurídicas es que se sigue violentando el derecho humano al agua de la población, si bien acá no se ha reconocido ni por ley ni por reforma constitucional, es un derecho reconocido por Naciones Unidas en 2010. Este derecho se vincula al derecho a la vida, a la salud, la integridad física, están en la Constitución, pero hay mucha población en el país que no los tiene garantizados. Entonces, si no hay una ley que divise soluciones para los problemas públicos vinculados al agua, se va a seguir violentando este derecho humano. 

¿Esto solo implica un retraso en la discusión de una Ley de Agua?

Un retraso y preocupación. Esperábamos que las primeras acciones que tomara esta legislatura fuera ratificar el derecho humano al agua y alimentación. No fue así, hubo golpe a la Corte Suprema de Justicia, aprobar leyes que resguardan actos de corrupción durante la pandemia. En El Salvador, hay muchas comunidades, colonias, municipios que no tienen agua: Ilopango, Soyapango, San Martín, Cuscatlán, Cuscatancingo, Ayutuxtepeque, Mejicanos, Santo Tomás, San Marcos, etc. Otro problema es la pésima calidad de agua que está demostrada técnica y científicamente por el Índice de Calidad de Agua del Ministerio de Medio Ambiente. En él se hace un muestreo de 120 puntos, se determina que toda el agua en el país está contaminada. De esa agua el porcentaje que se puede utilizar por métodos convencionales para consumo humano doméstico es el 0 %.  

En un país con poca agua para consumo humano y con agua tan contaminada es fuerte la amenaza de privatización. Vender el agua es como vender vida, cualquier persona va a pagar lo que sea por tener agua de calidad para poder sobrevivir.  

Se siguen dando permisos ambientales para las organizaciones que obviamente impactan el derecho al agua, ambiente y la salud de la población. Entonces ahí hay muchas amenazas a la población que creo que no se considera. Ni por los diputados a la hora de mandar este archivo a menos de que respondan a sus intereses y de sus patrocinadores. Hay que decir que hay una falta de voluntad política de querer avanzar en su derecho al beneficio de la población.  

¿Por qué todos y todas debemos estar pendientes e involucrarnos en el establecimiento de una Ley de Agua?  

Si no hacemos las acciones encaminadas a proteger el agua, nos vamos a quedar sin vida. Yo creo que una pelea legítima por seguir viviendo y en esa medida se debe hacer todo tipo de acciones para resguardar la vida de nosotros y nosotras. Lo otro es la distribución equitativa de los bienes naturales, partiendo de la clase social, de la generación de la especie. El agua aquí en el país ha estado siempre inequitativamente distribuida. Hay mujeres y niñas que caminan dos horas diarias para llevar un cántaro de agua al hogar. Sin embargo, hay empresas que ocupan el agua a granel para hacer bebidas carbonatadas, bebidas embriagantes. Entonces la realidad es que el agua de más fácil acceso, en mejor calidad y más barata la tienen las empresas y la de peor calidad, más difícil acceso y más cara la tiene la gente.  

La industria cañera, las urbanizadoras, fábricas y empresas, tiran sus desechos al agua. Esta lucha no tiene que ser para nosotros y nosotras, a veces trabajamos como que somos la última generación en el planeta. Como que no hay hijos, nietos, bisnietos. Y, por último, el tema de que no somos la única especie en el planeta, hay miles de millones de especies más que también necesitan del agua y que son especies que también nos aportan a nuestra vida.  

El llamado para la población que quiera seguir viviendo con una calidad de vida similar a la que tiene, es proteger el ambiente y agua. Eso es tarea de todos y todas. Una primera acción es informarnos. Luego, organizarnos y la tercera, exigir o incidir para que se cumplan nuestros derechos.  

¿Qué se espera desde la organización civil en cuanto al establecimiento de una nueva iniciativa o propuesta de ley?

El agua no puede ser sujeta a privatización, el reconocimiento del derecho humano al agua. Es decir, ya vamos por once años de que fue aprobado y no se ratificó. Debe ser impulsado desde la Asamblea. Además, la participación ciudadana desde la Declaración de Río de Janeiro de 1992, en su principio 10 plantea que la mejor forma de hacer gestión de los bienes ambientales es con la participación informada de toda la población en el nivel que corresponde. 

El agua no nace del chorro, el agua nace de los ecosistemas y en ese sentido, estos son los que debemos cuidar y proteger de cara a poder mantener estos bienes para las próximas generaciones, para las próximas especies. Y, por último, una gestión financiera equitativa y justa. No puede ser que el consumo humano doméstico, que es lo más importante, pague más que usos menos prioritarios, como el consumo industrial o el consumo para riegos que no es comida. Entonces creo que son las cosas que se deberían regular y que deberían retomar los nuevos diputados y diputadas, escuchar las propuestas de la sociedad civil para poder tener una buena Ley General de Agua.  

¿Desde la ciudadanía a qué tenemos que estar atentos frente a los mensajes que nos envía la Asamblea con decisiones como esta? 

Como ciudadanía debemos revisar la coherencia de lo que se plantea. El año pasado, el presidente planteó que iba a vetar cualquier ley privatizadora, pero miramos una incongruencia entre ese discurso y entre los permisos ambientales que está dando para nuevos hoteles de montaña en el volcán de San Salvador, deforestaciones en Juayua, resort de playa en la isla pasajera, proyectos urbanísticos en Valle El Ángel o ampliaciones en Sierra Verde, Santo Tomás, etc. Entonces, la gente debe de revisar no sólo el tuit del presidente con el discurso, sino ver las acciones que está realizando. Pedir respeto a la Constitución y a la legislación nacional y el respeto a los derechos humanos. Creo que en ese sentido la población puede aportar bastante entender una contraloría responsable del funcionamiento del Estado y específicamente del Gobierno.