Durante tres meses, la comunidad Florida Ascool, ubicada en el distrito de Aguilares, en San Salvador Norte, ha enfrentado una grave escasez de agua. En los días más favorables, el agua potable llega a algunas viviendas por apenas 30 minutos durante la mañana, pero no hay garantías de que esto ocurra. Para la mayoría, la única alternativa es recolectar agua lluvia, un recurso insuficiente para cubrir sus necesidades diarias.
La escasez de agua afecta especialmente a las mujeres de la comunidad, quienes asumen la mayoría de las tareas del hogar. Estas incluyen el cuidado de sus familias, la preparación de alimentos y la limpieza. Ante la falta de agua, buscan diferentes estrategias para cumplir con estas responsabilidades. Para lavar la ropa, muchas caminan alrededor de 25 minutos hasta el río La Esperanza, mejor conocido como “el cubito”, que desciende desde el cerro “El Chino”. También acuden a casas vecinas con pozos artesanales, donde les comparten un poco de agua.
Magdalena Chacón o “Nena”, como prefiere que la llamen, tiene 41 años y es madre de dos niñas. Es una de las afectadas por la crisis. Para lavar ropa, recurre a la casa de su primo, quien cuenta un pozo equipado con una bomba. Para otras labores del hogar, depende del pozo de su madre, que funciona con una polea. Sin embargo, la repetición de tirar las cuerdas una y otra vez de las cuerdas le ha dejado las manos lastimadas. A pesar de estas dificultades, “Nena” se siente agradecida con el apoyo de su familia.
Otras mujeres de la comunidad enfrentan una rutina aún más exigente. Vanessa Flores, madre de familia, camina hasta el río cada dos días para lavar la ropa. Su jornada comienza temprano, después de recoger a sus hijos de la escuela, alrededor de la una o dos de la tarde, se alista para el trayecto. Usa unos crocs, una camiseta roja, licra corta de algodón para evitar mojarse. Con esfuerzo, empuja una carretilla donde lleva un huacal grande lleno de ropa, junto con un bolsón pequeño que contiene jabón, cepillos y otros utensilios necesarios para lavar.
“El cubito” apenas parece un río. Su escaso caudal y el agua, de un gris opaco. Vanessa camina junto a su hermana hasta una esquina donde hay tres piedras grandes, lisas y cuadradas, que sirven como improvisados “lavaderos”. Antes de llegar, ambas se quitan el calzado y sumergen los pies en el agua, que apenas les llega a las rodillas. Las prendas extendidas sobre las piedras, restriegan con fuerza cada pieza usando jabón en abundancia. Mientras trabajan, dos mujeres esperan su turno sentadas en la orilla opuesta.
“Nena” expresa su frustración al ver, en ocasiones, “todos los trastes sucios” y los recipientes de agua completamente vacíos. Una sensación compartida por sus vecinas, quienes enfrentan la misma realidad.Lo que no falta, asegura, es el recibo del agua, que llega puntual cada mes, pese a no recibir el servicio. Una vez, ella y su vecina Blanca Aguilar encontraron al encargado de distribuir el agua en las comunidades y aprovecharon para cuestionarlo.
− “La prioridad de nosotros es echarles el agua a las otras comunidades. Si a ustedes les cae, bueno, pero si no, ni modo” —fue la respuesta que recibieron.
Este tipo de respuestas no sorprende a las mujeres de la comunidad Florida Ascool, también conocida como «La Línea». Muchas personas asocian el lugar con estigmas negativos, considerándolo un sitio donde “solo [vive] gente chuca y delincuente”. El descuido de la zona es evidente desde la entrada: el suelo sin pavimentar se cubre de arena, piedras y tierra, complicando el tránsito. Los viejos rieles oxidados del tren dividen el camino a lo largo del trayecto, mientras las paredes de las casas, hechas de láminas, algunas cubiertas de moho, reflejan las condiciones precarias en las que habitan las familias.
En el horizonte, un humo denso emerge de la quema de semillas de marañón, una actividad común entre los habitantes que las tuestan frente a sus casas para venderlas. Las mujeres también preparan tortillas o se dedican a lavar y planchar ropa ajena para ganar algo de dinero. Así transcurre el día a día en la comunidad, marcado por el trabajo arduo y la constante búsqueda de soluciones frente a las carencias.
Sin un servicio de recolección de basura, quienes residen en esta comunidad, han improvisado un vertedero a lo largo de los rieles del tren. Allí acumulan los residuos hasta que el espacio se llena y se ven obligados a quemarlos. Las columnas de humo que se elevan de estos puntos de quema son parte del paisaje cotidiano de la comunidad, reflejando la falta de infraestructura básica para atender sus necesidades.
Nena recuerda que, al principio, les dijeron que la crisis de agua se debía a una bomba averiada. Más tarde, la explicación cambió: alguien había robado un componente esencial. Para ella y sus vecinas, estas excusas no resultan creíbles, pues han notado que las comunidades vecinas siguen recibiendo agua con regularidad. La falta de respuestas claras y soluciones concretas alimenta la indignación y el cansancio entre las familias de Florida Ascool, quienes deben enfrentar cada día con recursos limitados y pocas esperanzas de mejora.
Extracción desmedida amenaza los 14 pozos de Aguilares
Mariela Morales, integrante del colectivo ambiental Nantal, comenta que la escasez de agua en la zona se debe a la explotación del cerro, un proceso que lleva más de 20 años. Empresas como Blokitubos, Sociedad De la Peña y Jorge Alberto Cruz cuentan con permisos para realizar las extracciones de material pétreo.
El área de mercadeo de Blokitubos respondió por correo, indicando que no estaban autorizados para proporcionar información sobre sus estrategias y planes internos. Tras explicar que la solicitud formaba parte de una investigación periodística, afirmaron que no se oponían a entregar datos a las autoridades y que “siempre” han sido “respetuosas con las leyes”. Sin embargo, al cierre de la redacción de este reportaje, no hubo respuesta a una nueva solicitud de contacto con el área de comunicaciones o con las personas responsables de la empresa. Por su parte, Sociedad De la Peña se negó desde el principio a brindar cualquier tipo de información.
El cerro “El Chino” se ubica al sur del distrito de Aguilares, en el municipio de San Salvador Norte, a 32 kilómetros de distancia de la capital, a través de la Carretera Troncal del Norte.
El cerro presenta un paisaje deforestado y carece de fauna visible. Desde hace más de dos décadas, las empresas dedicadas a la extracción han privatizado el área. Lo que antes era un espacio abierto para la comunidad, ahora es una zona restringida y de acceso limitado.
La importancia del “El Chino” radica en su composición de piedra volcánica, conocida como balastro. Esta actúa como una esponja natural que permite la filtración de agua hacia el subsuelo, alimentando las venas subterráneas que abastecen 14 pozos administrados por la alcaldía. Estos pozos suministran agua potable a 48 comunidades, 11 pasajes, 4 cantones y otras áreas del distrito.
Las actividades extractivas en la zona han comenzado a impactar la infraestructura hídrica, afectando a comunidades como Florida Ascool, Los Mangos, Los Lirios y Santa Eugenia, entre otras. Aproximadamente 3,000 personas se ven perjudicadas por esta situación.
Clemente Alemán, residente en la comunidad “Los Rivas”, expresa su satisfacción y agradecimiento por contar con el recurso hídrico “todos los días, las 24 horas”. Su testimonio no sorprende a Mariela Morales, ya que la mayoría de las personas del sector sur no enfrentan la problemática y, por lo tanto, no prestan atención a lo que ocurre en la zona. Mariela teme que, cuando la población finalmente reaccione, ya podría ser demasiado tarde.
Las enfermedades respiratorias son otro de los efectos derivados de la explotación minera del cerro. Así lo denuncian quienes residen en la comunidad Divina Providencia. Aseguran que el tránsito de las rastras por la calle principal en mal estado, que lleva al cerro genera una nube de polvo. Esta nube de partículas en el aire provoca que inhalen aire contaminado, afectando su salud.
La misma calle por la que transitan las rastras es estrecha y, junto al peso de las cargas, provoca vibraciones que representan un riesgo para la seguridad de quienes residen en esta zona. De hecho, la gente debe extremar las precauciones para evitar accidentes. Algunas de las integrantes del colectivo Nantal recuerdan un incidente ocurrido en el 2000, cuando un hombre de avanzada edad caminaba por esa vía y una rastra pasó a gran velocidad, provocándole una caída. El impacto fue tan grave que falleció después de ser trasladado al hospital.
El ruido es otra de las consecuencias de la explotación del cerro, un estruendo que no respeta las horas establecidas para el paso de las rastras. Inés Elías, lideresa de la Divina Providencia, relata que el horario de trabajo del empleado de la alcaldía encargado de emitir recibos para el control de impuestos es de las 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Por esta razón, considera que las rastras deberían operar únicamente en ese horario. Sin embargo, siguen circulando hasta las 9:00 o incluso 10:00 de la noche, cuando el empleado de la alcaldía ya no está presente. Para quienes viven en esta zona, el descanso se ha convertido en un lujo cada noche.
Privatización y devastación en el cerro
Al subir el cerro y llegar a la cantera de Blokitubos, la entrada se encuentra bloqueada por un portón de hierro con un rótulo azul, desgastado por el tiempo, que dice: “Prohibido el ingreso. Este lugar está siendo monitoreado por cámaras de seguridad”. Teresa Gámez, de 57 años, recuerda que este espacio solía ser de libre acceso cuando llegó a Aguilares, a los 5 años de edad.
Durante las vacaciones, solía tomar el camino directo hacia el cerro y disfrutar del entorno natural, mientras recolectaba jocotes y marañones. Salía temprano por la mañana y regresaba al atardecer, sin ningún problema. Los frutos que recogía eran una fuente de ingresos para su familia, ya que los usaban para preparar y vender charamuscas.
Un cable delgado bloquea el acceso al área de la empresa Sociedad de La Peña. Este alambre, tensado entre dos improvisados postes y elevado por una rama seca, impide el paso hacia la cantera Conacaste. Al ingresar, se observan grandes cortaduras en la ladera del cerro. Las capas de piedra volcánica, expuestas en una mezcla de tonalidades oscuras, dejan ver el impacto de la extracción de balastro en el entorno, intensificado por el calor que se siente a medida que se avanza.
Cristina Cornejo, quien llegó a Aguilares hace 21 años, recuerda cómo de niña disfrutaba subir al cerro, donde había filas de árboles frutales. Sus favoritos eran el jocote de azucarón y mango. La vegetación le generaba un ambiente fresco, un lugar para escapar del calor característico de Aguilares.
La cantera propiedad de Jorge Alberto Cruz también es un lugar de difícil ingreso. Algunos testimonios mencionan de “imposibilidad” de entrar, por temor a que los guardias de seguridad les disparen, ya que están armados. La única excepción es para quienes han comprado balastro, sí pueden pasar.
Silencio verde: amenazas a defensoras
Velar y proteger el medioambiente en El Salvador se ha convertido en una verdadera odisea. Las defensoras de los recursos naturales del cerro lo han experimentado en carne propia, ya que su oposición a la extracción de material pétreo les ha traído amenazas de muerte. Una de ellas, a quien llamaremos Ana para proteger su identidad, relata que parte de la comunidad las estigmatizó como “locas”. Les decían que abandonaran la lucha, que nunca lograrían vencer a las empresas extractoras y que podrían ser asesinadas por seguir exigiendo el cese de la explotación.
A pesar de las burlas, la falta de apoyo de las comunidades y de las autoridades, estas mujeres no desistieron hasta que, según cuenta Ana,- un día la llamó un hombre vinculado a grupos delictivos de la zona, un “palabrero” (jefe de una clica). Al encontrarse cara a cara, el palabrero le dijo: “Vamos a dejar las cosas claras: a mí me acaban pagar para que te ponga un ‘estate quieto’ (atentar contra su vida)”.
Ana no supo cómo reaccionar ante aquella amenaza. El “palabrero” le aseguró que no le haría daño, pero que debía moderar la intensidad de su lucha. Él recalcó que solo en esa área donde se encontraban le podría garantizar que no le pasaría nada. Si Ana salía se desplaza a otras comunidades, su vida probablemente estaría en peligro.
Una sensación extraña se apoderó de Ana, quien “no sabía qué hacer con esa información”. La advertencia la obligó a aislarse, hasta el punto de que ni siquiera pudo continuar con sus actividades cotidianas. “Mi casa era mi único lugar seguro”, recuerda. Aquella amenaza le trajo graves repercusiones psicológicas.
Las demás compañeras de Ana también sufrieron coacciones. Sofía (otro pseudónimo para proteger su identidad) destaca que su preocupación era mayor, ya que la mayoría de ellas eran mujeres y madres solteras. Temían que las represalias pudieran dirigirse a sus hijos. Por esa razón, decidieron detener la lucha y concluyeron que “esto no vale la pena”.
Así fue como las ambientalistas abandonaron la batalla, a pesar de que, ese mismo año, lograron que el Juzgado Ambiental de Santa Tecla decreta medidas cautelares que prohibieron la extracción de material pétreo en la zona de recarga hídrica. Según un documento legal al que este medio ha tenido acceso, algunas de las empresas presentaban permisos vencidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Se solicitó a la sede de la alcaldía de Aguilares el historial de los permisos otorgados a las compañías extractoras. Sin embargo, solo proporcionaron los correspondientes a Juan Antonio Cruz Rodríguez, autorizado desde 2010, a pesar de que la explotación del cerro había comenzado una década antes.
También se pidió una entrevista con el alcalde del municipio de San Salvador Norte, Armando Barrera, para abordar la situación actual del cerro. Sin embargo, a pesar de que han pasado cinco meses desde que asumió su cargo, su administración asegura no contar con suficiente información sobre el tema y, por tanto, no puede ofrecer declaraciones al respecto.
Bukele: un aliado de los permisos que destruyen el Medio Ambiente
La minería metálica ha estado prohibida en El Salvador durante siete años. La Ley de Prohibición de la Minería Metálica fue aprobada por unanimidad el 29 de marzo de 2017. Sin embargo, este 27 de noviembre, Nayib Bukele afirmó que la explotación de oro podría ser una fuente de financiamiento para proyectos de infraestructura en el país. Calificó como «absurdo» que El Salvador sea el único país con una prohibición total de la minería metálica. Argumenta que esta actividad, «dada por Dios», podría generar desarrollo, pese a los riesgos de contaminación y pérdida de biodiversidad.
El acoso a las ambientalistas no es un caso aislado en El Salvador. Desde junio de 2019, cuando Bukele asumió como presidente para un periodo constitucional, distintos colectivos ambientales y asociaciones conformadas por la sociedad civil han sufrido persecuciones y encarcelamientos. reflejan los titulares de periódicos como El País (“La política ambiental es no tener política”: los ecologistas temen un futuro oscuro en El Salvador) y Mongabay-Conservation News (El Salvador: “La represión hoy es contra quienes se oponen a los proyectos de las industrias extractivas”).
Bukele aseguró que en El Salvador no se encarcelan a los opositores, ni se censuran opiniones, ni se confiscan bienes por pensar diferente, y tampoco se arresta a las personas por expresar sus ideas. Estas declaraciones las hizo en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, el 24 de septiembre del 2024.
A pesar de las afirmaciones del presidente, los ambientalistas sufren las consecuencias de oponerse a las actividades extractivas. Entre ellos, los cinco defensores de Santa Marta, quienes fueron acusados por un presunto crimen de guerra, lo que estancó la lucha por la posible eliminación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. El 18 de octubre, estos defensores fueron absueltos por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, ubicado en el departamento de Cabañas. Once días después, la Fiscalía General de la República (FGR) interpuso una apelación contra la sentencia que les otorgó la libertad, y solicitó que el caso fuera anulado por la Cámara Penal de la Segunda Sección Centro, en el distrito de Cojutepeque.
Otro caso es el de El “Cerrito” en Quezaltepeque, que enfrenta problemáticas similares a las de “El Chino”, pues también es explotado por empresas extractivas para obtener material pétreo.
Según el abogado ambientalista de la Unidad Ecológica Salvadoreña, Luis Gonzales, durante Bukele implementó la “ventanilla express”, que permite a las empresas extractivas obtener permisos de manera rápida, evitando las consultas que antes eran requeridas en el Estudio de Impacto Ambiental. Esta ventanilla continúa funcionando en su actual mandato inconstitucional.
Además, agrega que actualmente “no hay un adecuado monitoreo de permisos” y que el tema ambiental siempre ha sido descuidado por los gobiernos, que priorizan la economía o la seguridad. Como ejemplo, menciona que durante la administración anterior de Bukele, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales consideró un logro “ dar más de 5,000 permisos”, cuando lo que realmente debería considerarse un logro para para el Ministerio de Economía es que se realicen más proyectos u obras.
Luis Gonzáles menciona que la crisis ambiental ha aumentado porque se han facilitado más permisos. Por su parte, el abogado ambientalista Alejandro Henríquez comenta que disponer de los permisos ambientales no exime del daño que ocasionan las empresas en la zona de recarga hídrica de Aguilares, donde extraen el material pétreo.
Las consecuencias ambientales van más allá, incluyendo la deforestación, la desertificación, la extracción de material pétreo y la construcción de residenciales en áreas donde se ha extraído piedra volcánica. A eso se suma la privatización de zonas de recarga hídrica, que poco a poco eliminan bienes naturales en el país.
La amenaza hídrica en la que viven quienes habitan Aguilares es evidente, aunque a menudo desconocida para gran parte de la población de la ciudad. Cristina Grande, integrante del Colectivo Ambiental Nantal, lamenta que la gente haya normalizado la extracción de material pétreo a lo largo de los años, al punto de llamar “la balastrera” al cerro “El Chino”, a pesar de ser la única fuente hídrica del distrito.
Este reportaje fue producido gracias al apoyo del Programa de Becas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
Editado por J. Marcos y Metzi Rosales Martel
