Luisa es una joven mujer de 28 años que trabaja en una maquila de confección en San Marcos. Desde joven, ha sido el principal sustento de su familia, formada por sus dos hijos pequeños y su madre anciana. Ella comenzó a trabajar en la maquila a los 18 años, en busca de un ingreso estable que le permitiría mejorar la calidad de vida de su familia. Sin embargo, la realidad ha sido muy diferente de lo que esperaba.
Ella trabaja largas jornadas, a menudo excediendo las 10 horas diarias, con muy pocos días de descanso. La paga que recibe es de $265 mensuales, apenas lo necesario para comida y transporte, lo que la obliga a buscar trabajos adicionales para complementar sus ingresos, como la venta de artículos por catálogo y el trabajo doméstico remunerado los fines de semana. La inestabilidad financiera en la que transcurre su vida le produce constante ansiedad y estrés.
Las condiciones en la maquila son precarias. El ambiente de trabajo es estresante, con supervisores que ejercen presión constante para cumplir con las metas de producción. Las pausas son limitadas, y las trabajadoras rara vez tienen tiempo suficiente para comer o descansar adecuadamente. Además, la falta de medidas de seguridad ocupacional adecuadas pone en riesgo la salud física de Luisa y sus compañeras.
Recientemente, Luisa ha decidido integrar a su familia a su pareja sentimental, que trabaja en la misma zona franca. Esta decisión, lejos de mejorar su vida, la ha hecho enfrentar una nueva modalidad de violencia: la económica. Su pareja controla todos los ingresos del hogar, limitando el acceso de Luisa al dinero que ella misma gana. Él le entrega una cantidad mínima de efectivo para los gastos diarios, y cualquier gasto adicional debe ser aprobado por él.
La realidad de Luisa es tan solo un ejemplo de lo que viven cotidianamente miles de mujeres salvadoreñas que viven una vida plagada de múltiples violencias, en manos de sus parejas y del modelo productivo neoliberal.
El cuento del neoliberalismo
El neoliberalismo es un gran relato económico y político que surgió a finales del siglo XX. Este relato es utilizado como punto de referencia por aquellos gobiernos que buscan diseñar e implementar políticas económicas y sociales que debiliten lo público y lo comunitario para poder fortalecer lo privado y lo individual. El debilitamiento de lo público no debe entenderse como la desaparición de la intervención del Estado en la economía. Se trata más bien de la reorientación de las formas anteriores de participación estatal en la economía hacia nuevas formas de intervención, tales como el despojo de derechos laborales, la reducción en la cantidad y calidad de los servicios públicos, y la profundización de sistemas fiscales injustos que favorecen a los ricos con exenciones y reducciones de impuestos, mientras que afectan a los pobres mediante mayores impuestos al consumo.
El neoliberalismo ha sido analizado desde diferentes perspectivas, pero muy poco se ha hablado de la perspectiva de la violencia económica que provoca sobre las mujeres de la clase trabajadora y de los sectores populares. Este mes de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, un buen momento para analizar la violencia económica contra las mujeres que está profundizando el modelo económico en marcha.
Desde la perspectiva de género, la violencia económica contra las mujeres se puede definir como el uso de la fuerza que se ejerce en el ámbito público y privado contra las mujeres para impedirles su autonomía económica y promover su empobrecimiento mediante el control o limitación de sus ingresos económicos, su tiempo y sus medios de vida.
La violencia económica contra las mujeres en el ámbito privado o familiar no surgió con el neoliberalismo, sino que es producto del sistema de relaciones de poder llamado patriarcado, que se institucionalizó hace unos 10,000 años y que impuso como norma que lo masculino tiene supremacía sobre lo femenino y sobre lo «afeminado», obligando a las mujeres y a las personas sexo-diversas a someterse a la voluntad de los hombres «hechos y derechos».
Este tipo de violencia es amplia y abarca diversas conductas que suelen identificarse principalmente en el ámbito privado, es decir, en las relaciones maritales, tales como:
- Despojar a la mujer de los medios económicos indispensables para su subsistencia.
- Limitar a las mujeres el uso y disposición de los bienes muebles y/o inmuebles que se poseen en pareja, como el vehículo y la tierra.
- Controlar todo el dinero que gana y/o gasta una mujer, negarle el uso de dinero en efectivo para los gastos personales y amenazar con quitarle todo si no se somete a su voluntad.
- Ignorar la participación de las mujeres en las decisiones económicas del hogar.
- Negarse a contribuir económicamente para el sostenimiento de hijos e hijas, dejando toda la responsabilidad en la madre.
- Descargar mayoritariamente en las mujeres el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados necesarios para el bienestar cotidiano de la familia.
- Sabotear laboralmente a las mujeres para impedirles obtener o mantener un empleo, prohibiéndoles, desalentando o interfiriendo con su empleo y/o su formación, afectando así su capacidad para desarrollarse profesionalmente. Muchas veces, esto se justifica con la excusa de que ellas descuidan a la familia y el hogar. En otros casos, como consecuencia del sabotaje, las víctimas pierden días de trabajo, salarios o incluso son despedidas debido a la constante intromisión de sus parejas en su desempeño laboral.
Estas modalidades de violencia económica hacia las mujeres no solo tienen un impacto negativo en su capacidad para tener una vida libre, plena y feliz, sino que además constituyen algunas de las principales causas de la permanencia de las mujeres en relaciones de pareja marcadas por el abuso físico, emocional y sexual.
La violencia neoliberal en El Salvador
Con el advenimiento del neoliberalismo, han surgido nuevas formas de violencia económica contra las mujeres, especialmente derivadas de la construcción y operación de megaproyectos extractivistas, las políticas de austeridad fiscal y las nuevas formas de explotación laboral. El caso salvadoreño es un buen ejemplo de cómo las políticas neoliberales están agravando las condiciones de la violencia económica que viven las mujeres, especialmente las mujeres rurales, indígenas y las personas de la comunidad LGTBIQ.
La construcción de megaproyectos en sectores como el turismo, la construcción y la infraestructura para el transporte de personas y mercancías está despojando a las comunidades (urbanas y rurales) de sus bienes comunes y medios de vida. Las más afectadas son las mujeres de hogares monoparentales sostenidos por mujeres, que representan el 87 % del total de hogares con un solo progenitor, según los primeros datos del Censo de Población 2024.
Los megaproyectos activan desplazamientos forzados, lo que puede resultar en la pérdida de hogares y tierras. Las mujeres que dependen de la agricultura, la pesca o el comercio minorista para su sustento pueden perder sus medios de vida, dejándolas en una situación de mayor vulnerabilidad económica. Además, la construcción de megaproyectos está alterando las condiciones climáticas, especialmente mediante la alteración de ecosistemas y la deforestación, lo que aumenta el estrés hídrico y alimentario. Esto implica una mayor carga de trabajo no remunerado para las mujeres en las zonas afectadas, ya que deben dedicar más horas para asegurar el abastecimiento de agua y alimentos para sus familias.
La política de austeridad fiscal que se ha implementado en El Salvador sigue los lineamientos más ortodoxos del Fondo Monetario Internacional. Entre estas medidas destacan los recortes en las partidas destinadas al área social y a la protección estatal de las mujeres frente a la violencia machista. Especialmente significativo es el recorte de más de $3 millones y 115 plazas en el Hospital Nacional de la Mujer y la disminución de $4.3 millones en el presupuesto del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), dejando a esta entidad con un presupuesto anual de apenas $7 millones, equivalentes al 0.04 % del presupuesto nacional. Esto significa que las mujeres salvadoreñas tendrán que lidiar en 2025 con una mayor carga de trabajo, mayor estrés físico y emocional, y mayores índices de violencia de género, ante un sistema público incapaz de darles la atención y la protección adecuadas.
El neoliberalismo en El Salvador ha instituido nuevas formas de contratación laboral, especialmente en los sectores económicos intensivos en mano de obra femenina, como las maquilas y los call centers. Estas formas de contratación, basadas en la «flexibilización de los derechos laborales», incluyen la subcontratación, el trabajo temporal, el trabajo a domicilio y los salarios vinculados al logro de metas de productividad.
La flexibilización laboral ha aumentado la inestabilidad en el empleo, afectando desproporcionadamente a las mujeres. Muchas se ven obligadas a aceptar trabajos temporales o de corta duración, lo que dificulta planificar un proyecto de vida a largo plazo y pone en constante peligro su estabilidad financiera. Los trabajos flexibles suelen venir acompañados de condiciones laborales deficientes, como salarios bajos, falta de beneficios y ausencia de protección social. Esto lleva a una mayor vulnerabilidad económica y social para las mujeres, afectando negativamente su salud física y mental debido a la falta de seguridad laboral y la presión constante para encontrar empleo, lo que aumenta el estrés y la ansiedad.
Además, la flexibilización laboral puede aumentar la brecha salarial de género, ya que las mujeres tienden a ser contratadas en sectores y puestos de trabajo que están subvalorados, perpetuando la desigualdad salarial y limitando sus oportunidades de crecimiento profesional y personal.
El neoliberalismo ha perpetuado y exacerbado las diversas formas de violencia económica contra las mujeres, al priorizar las ganancias sobre las personas y reducir el papel del Estado en la provisión de servicios esenciales. Para abordar esta forma de violencia y promover una economía más justa y sostenible, es fundamental diseñar e implementar políticas que rompan con la inercia neoliberal que sigue la economía salvadoreña desde 1989. Necesitamos medidas que promuevan un modelo económico alternativo que ponga la vida en el centro y que y proteja los derechos económicos de las mujeres.
