El agua del río Acelhuate rugió con furia, arrasando el muro de contención y todo a su paso. Más de siete metros del patio desaparecieron, llevándose también el área de lavandería. «Perdimos todo lo que estaba ahí», recuerda Julia*, con pesar y temor. Era el 31 de mayo de 2020, en pleno confinamiento obligatorio por la pandemia de COVID-19, cuando la tormenta tropical Amanda descargó lluvias incesantes durante 24 horas. Julia tenía 17 años. Al día siguiente, y durante una semana, la tormenta tropical Cristóbal agravó la crisis.
Hoy, más de cuatro años después, al abrir la puerta que antes conectaba con el patio, Julia y su familia se enfrentan a un barranco y al cauce del río Acelhuate, un recordatorio constante del peligro que los acecha. La casa, construida con bloques de cemento, techo de lámina y piso de cerámica, pertenece a su abuela, quien se la cedió hace más de 20 años para que vivieran allí Julia, su madre y sus dos hermanos. En 2021, Julia comenzó a maternar, y desde entonces, su hija también forma parte de la familia.
En El Salvador, según el VII Censo de población y VI de vivienda de 2024, 15 de cada 100 viviendas —es decir, 146 mil 442— han sido prestadas o cedidas gratuitamente. Pero no todas son seguras para quienes las habitan.
La casa donde vive Julia está al borde del colapso. Tras la tormenta, las habitaciones quedaron inutilizables, y la sala se transformó en dormitorio. Ahora, Julia, su hija de tres años y sus dos hermanos comparten una cama, mientras la matriarca descansa en un colchón aparte. Caminar por el suelo es un riesgo: cruje y parece a punto de hundirse. Las raíces de un árbol han comenzado a fracturar y levantar las baldosas de cerámica. La familia vive en condiciones de hacinamiento, al igual que 38 de cada 100 hogares en El Salvador, donde tres o más personas comparten una sola habitación para dormir. Esto ocurre a pesar de que San Salvador Este, el municipio donde residen presenta uno de los porcentajes más bajos de hacinamiento: 19 de cada 100 hogares.
Las condiciones de hacinamiento afectan la privacidad y el bienestar de las personas, y están relacionadas con problemas más graves como el bajo rendimiento escolar, la violencia de pareja y la desintegración familiar, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Para esta familia, cada lluvia o temblor es una amenaza. «Cada vez que llueve, tengo que buscar adónde ir con mis hermanos y mi hija. Cuando el peligro pasa, regresamos, pero evacuar es muy incómodo. Es muy triste tener que dejar mi hogar cada vez que llueve. No se puede vivir así», lamenta Julia con la voz entrecortada.
Julia y su familia viven en San Salvador Este. Por razones de seguridad, prefieren que no se publique el nombre de su comunidad. Julia tampoco se llama realmente Julia. Ella, sus dos hermanos y su hija nacieron en la casa donde actualmente residen. Son parte de las 29,968 familias afectadas por la tormenta Amanda, que desplazó a 11,779 personas hacia 210 albergues. Sin embargo, muchas de estas familias no recibieron apoyo para reconstruir sus viviendas ni alternativas para acceder a una nueva.
El 31 de mayo de 2020, durante la noche, Nayib Bukele anunció la reconstrucción de viviendas en la comunidad Nuevo Israel. «Vamos a construir las viviendas de la gente que las ha perdido, no importa cuánto cueste, va a haber dinero para hacerlo, Dios proveerá», afirmó. También ofreció suspender salarios legislativos para financiar estas acciones si fuera necesario.
Días después, tras los daños causados por la tormenta tropical Cristóbal, el Gobierno prometió construir más viviendas para las comunidades afectadas. Anunció proyectos en La Cuchilla (Antiguo Cuscatlán), Nejapa, y el Complejo Habitacional «La Bretaña» en San Martín, entre otros. Sin embargo, esta ayuda nunca llegó para Julia ni para las familias de San Martín.
Según Julia, han recibido visitas del Ministerio de Vivienda, pero solo para advertirles que su casa está en riesgo de hundirse. «Vienen, revisan y nos dicen que la casa está en riesgo de hundirse, pero no nos dan ninguna ayuda», lamenta. Además, considera que su vivienda nunca fue incluida entre los daños registrados por la tormenta Amanda.
El sueño inalcanzable de las mujeres: tener casa propia
Julia no tiene comunicación con el progenitor de su hija desde que quedó embarazada. Tampoco el padre de sus hermanos se ocupa de su manutención. La carga económica y el cuidado recaen sobre Julia y su madre. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2023, en El Salvador, el 57.4 % de los hogares tienen un hombre como jefe, mientras que el 42.6 % están liderados por mujeres, de un total de 2,019,583 hogares.
Mientras Julia se dedica a las tareas del hogar y al cuidado no remunerado, su mamá pasa las mañanas vendiendo en el mercado. Por las tardes, cuando las circunstancias lo permiten, ambas preparan y colocan una pequeña venta de antojitos frente a la casa.
A pesar de sus esfuerzos, los ingresos son ajustados. En un buen día, logran vender todo y juntar $20, pero la mayoría de las veces apenas alcanzan $15. Eso significa que, trabajando de lunes a sábado, podrían reunir $390 al mes, apenas $25 más que el salario mínimo de una persona ($365). Si logran trabajar 26 días al mes y vender todo, alcanzarían $590, una cifra que aún queda $140 por debajo de la suma de dos salarios mínimos.
Durante 2024, el costo mensual promedio de la canasta básica urbana por familia, calculado a partir de los costos de enero a octubre, ha sido de $256.22. Este promedio se aplica a una familia tipo de 3.73 personas, pero en el caso de la familia de Julia, compuesta por dos mujeres adultas, dos adolescentes y una niña, el costo de la canasta básica probablemente sea más alto debido a la composición y las necesidades particulares de su grupo familiar. Además, a su presupuesto deben sumarse los pagos mensuales de agua potable, energía eléctrica, educación y salud. Ellas deben hacer malabares con sus ingresos para intentar cubrir todas sus necesidades, incluida la vestimenta.
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Julia ha intentado conseguir empleo en distintos lugares, pero la falta de acceso a estudios superiores ha sido un obstáculo constante. «Estudié hasta séptimo grado, en los lugares de comida o de atención al cliente donde he aplicado me piden por lo menos hasta noveno y como no tengo esos estudios deciden descartarme», cuenta, desanimada.
Después del desastre natural, la madre de Julia ha buscado un nuevo hogar para ellas, pero la tarea ha resultado difícil. Muchas veces, el problema es que los alquileres están fuera de su alcance económico. «Hemos buscado casas, pero nada. Los precios de los alquileres no bajan de los 100 dólares, y antes podías encontrar un cuarto por 50 dólares», comenta Julia. Esta situación las frustra.
Marcela Escobar, economista feminista, comenta que la historia de Julia y su familia refleja la cruda realidad de esta crisis, resultado de décadas de políticas públicas deficientes. «El Estado no ha priorizado la vivienda como un derecho humano». La falta de programas de vivienda social ha dejado a la población más vulnerable a merced del sector privado, que se enfoca en proyectos de alto costo que, aunque rentables para los desarrolladores, están fuera del alcance de la mayoría, especialmente para las mujeres, explica.
De acuerdo con el censo de 2024, la mayoría de las personas en El Salvador son propietarias de sus viviendas: 60 de cada 100, es decir 1,047,072; 15 de cada 100 son alquiladas; 15 de cada 100 son prestadas o cedidas gratuitamente; 9 de cada 100 son propias pagándose a plazos; 1 de cada 100 son prestadas por motivo de trabajo e igual número entran en la categoría de otra tenencia. La información no está desagregada por género, esto impide saber cuántas mujeres son propietarias de sus viviendas. El último boletín de Estadísticas de Género 2011-2021 de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC) indicada que el 45,98 % de las mujeres en el país eran propietarias de sus viviendas.
Julia, como muchas mujeres jóvenes y jefas de hogar, forma parte de un grupo demográfico particularmente afectado. Aunque existen programas como «Casa Joven» y «Casa Mujer» que ofrecen créditos con tasas competitivas, el límite de $18,000 de estos préstamos es insuficiente para adquirir una vivienda en zonas urbanas, donde los precios han aumentado drásticamente. «La falta de acceso a una vivienda no es solo un problema económico, sino también de dignidad y seguridad, especialmente para las mujeres, quienes se ven obligadas a permanecer en hogares inseguros o inadecuados», afirma Escobar.
También señala que el acceso a la vivienda es más difícil para las mujeres, no solo por sus bajos ingresos, sino por la discriminación en el sistema financiero. Muchas de ellas trabajan en la economía informal o en sectores de bajos salarios, lo que limita su capacidad de ahorro y acceso a créditos hipotecarios.
Fotografía: Kellys Portillo.
Según la EHPM 2023, la población económicamente activa de El Salvador es de 3,094,079 personas, de las cuales el 56.8 % son hombres y el 43.2 % son mujeres. Sin embargo, estas se concentran en sectores como comercio, hoteles y restaurantes (44.1 %) y en la industria manufacturera (15.2 %). Además, 165,078 mujeres se dedican a labores de cuidado no remunerado en sus hogares.
Leticia Martínez, coordinadora de la Unidad de Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua de FUNDASAL, destaca la brecha de acceso a vivienda para las mujeres, señalando que muchas carecen de seguridad social y, por ello, tener una casa propia se convierte en un sueño. “El rol de las mujeres está delimitado a las tareas de cuidado en el hogar y, como estas no son remuneradas, muchas no cuentan con ingresos suficientes para obtener un crédito para comprar una vivienda”, agrega.
Un Estado ausente en la construcción de vivienda social
Uno de los principales factores que impulsan el aumento de los precios de las viviendas en El Salvador es la escasez de suelo urbanizable. Escobar señala que la construcción vertical y de unidades de alto valor, superiores a los $100 mil o $200 mil, está en auge, ya que resulta más rentable para los desarrolladores. «Para los privados, no es rentable construir casas de interés social; por ejemplo, vender dos unidades de apartamentos les deja una ganancia similar a la de 50 casas de interés social».
La limitada oferta de suelo urbanizable obliga a las empresas a optar por la reurbanización de áreas ya desarrolladas, lo que encarece tanto la compra como el alquiler. Este fenómeno provoca un efecto de contagio, aumentando los precios de otras propiedades. «El Estado debe generar suelo urbanizable con servicios básicos, como agua potable y caminos pavimentados, para reducir el costo de las viviendas y evitar que los desarrolladores trasladen estos gastos a los compradores», afirma Escobar. Y destaca la desigualdad existente en el país: «Hay dos El Salvador: uno donde unos pocos pueden pagar y otro donde la mayoría no puede. La inversión del Estado se concentra en áreas de alta capacidad de pago, mientras que las zonas de la mayoría tienen calles en mal estado, iluminación deficiente y servicios básicos irregulares».
El 24 de septiembre, la Asamblea Legislativa aprobó eliminar impuestos para empresarios que construyan edificios de más de 35 pisos. Esta medida fue criticada por diputadas de oposición, quienes argumentaron que premia a sectores privilegiados y desatiende la vivienda social.
«Hemos tenido 30 años de un Estado débil en materia de vivienda de interés social, delegada a oenegés como Techo, FUNDASAL y Hábitat para la Humanidad, que no tienen los recursos ni la capacidad técnica para enfrentar el déficit habitacional del país», señala Escobar.
Martínez, por su parte, apunta que la falta de políticas públicas de vivienda de interés social ha llevado a depender de la cooperación internacional. «Es esencial implementar políticas que aseguren acceso a créditos para familias de bajos ingresos, y actualmente, a través de FUNDASAL, se gestionan fondos para promover viviendas adecuadas y dignas».
Tener una casa no debería ser un sueño
Una vivienda adecuada es aquella que cuenta con los servicios básicos que garantizan la dignidad de sus habitantes, como sanitario, ducha, electricidad, agua potable, dormitorios privados, espacio de lavandería y áreas recreativas para las infancias. «Este tipo de vivienda mejora la salud, ya que permite vivir en condiciones limpias y contribuye a la salud mental, al salir de espacios precarios. Esto impulsa a las personas a desarrollarse y a tener un impacto positivo en sus comunidades», explica Martínez.
Las Naciones Unidas establecen que los Estados deben garantizar el acceso progresivo a una vivienda adecuada, asegurando condiciones mínimas de seguridad y dignidad para todos. La situación de Julia y de muchas familias en El Salvador demanda una respuesta urgente. Escobar sugiere que el Estado debería intervenir más activamente, no solo proporcionando suelo urbanizable, sino también ofreciendo financiamiento accesible y creando políticas públicas de vivienda social, enfocadas especialmente en mujeres y jóvenes.
El caso de Julia y las familias afectadas por el déficit habitacional en El Salvador exige soluciones urgentes. Escobar sugiere que el Estado debe intervenir de manera más activa, no solo proporcionando suelo urbanizable, sino también garantizando líneas de financiamiento accesibles para las familias de bajos ingresos. Además, deben desarrollarse políticas públicas de vivienda social, enfocadas especialmente en mujeres y jóvenes.
Martínez enfatiza la importancia de la organización colectiva para acceder a financiamiento. «Organizar a las mujeres les permite conseguir créditos y construir sus viviendas», afirma. Sin una política pública efectiva, las oenegés no tienen la capacidad de satisfacer la enorme demanda habitacional del país.
Escobar subraya que «tener una vivienda brinda dignidad, seguridad, acceso a servicios básicos y la posibilidad de descanso y pertenencia; es la puerta de entrada a otros derechos. Para las juventudes y las mujeres, es imposible comprar una casa en este país con los precios actuales, los salarios y las restricciones de crédito. Tener una casa es un sueño».
Para Julia, el alto costo de la vivienda hace que su sueño de brindar un hogar a su hija sea inalcanzable. Al no contar con un trabajo fijo, duda de poder obtener un crédito. «Me interesa tener un trabajo digno para poder mantener a mi hija. Luego, quisiera un apoyo para reconstruir mi casa o conseguir una nueva».
