Está claro que policías o militares se llevaron a Patty por la fuerza. Que ese día, sus hijos pequeños, Maite, Javier y Gaby, la esperaron en la guardería, pero ella nunca llegó a buscarles. También sabemos que a ella se la llevaron primero; a su padre, Mauricio Cuéllar Cuéllar, lo sacaron de su casa en la madrugada del día siguiente, junto a Julia Orbelina Pérez, quien había empezado a trabajar limpiando la casa de los Cuéllar apenas un mes atrás. Y aunque quizá jamás veamos sus cuerpos ni tengamos alguna evidencia material de la violencia que sufrieron, tenemos la certeza de que el Estado salvadoreño es responsable por su desaparición y por su asesinato.
Patricia Emilie Cuéllar, Patty, es mi tía. Fue mi tía. Habría sido mi tía si no hubiera desaparecido el 28 de julio de 1982, hace exactamente 42 años. Sabemos poco sobre su destino. La certeza es un lujo para familias como la nuestra.
La desaparición
En 1982, el conflicto tenía ya año y medio ebulliendo en el país, que se encontraba a una década de la firma de los Acuerdos de Paz entre el Estado salvadoreño y la guerrilla. Esos 12 años cobrarían las vidas de más de 75 mil personas. Patty, Mauricio y Julia Orbelina fueron tres de las más de 8 mil víctimas de desaparición forzada que dejaron los 12 brutales años de la guerra civil.
Patty apenas tenía 24 años, pero había participado en grupos cristianos de solidaridad desde que era adolescente. Su activismo la llevó a sus 22 años a un trabajo como secretaria en la oficina del Socorro Jurídico del Arzobispado, una organización de derechos humanos afiliada a la Iglesia Católica en El Salvador. El Socorro, fundado en 1977 por el entonces arzobispo de San Salvador —ahora mártir y santo— Óscar Arnulfo Romero, documentaba violaciones de derechos humanos y brindaba apoyo legal a víctimas de abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado.
Ser joven y activa en movimientos de justicia social bastaba para ganarse la etiqueta de «subversiva», y para acabar en la mira del Gobierno represor. En 1978, Patty ya había tenido que reportar un incidente grave: alrededor de 50 policías vestidos de civiles allanaron su casa. Dos años más tarde, en julio de 1980, la Policía Militar entró por la fuerza a las oficinas del Socorro Jurídico. Monseñor Romero había sido asesinado pocos meses atrás, el 24 de marzo del mismo año, por denunciar la creciente represión. Durante ese allanamiento, los agentes se llevaron los expedientes de la investigación sobre el asesinato de Romero, en afán de encubrir la responsabilidad del Estado por el crimen.
Patty decidió entonces renunciar para proteger a su familia. Pero el acoso no se detuvo. En 1981, miembros del Ejército entraron por la fuerza a su casa, preguntando a los vecinos por «la comunista» Patricia Cuéllar. También interrogaron a Mauricio, su papá, sobre el paradero de Patty. Un día antes de su desaparición, el 27 de julio, Patty denunció ante el Socorro Jurídico que agentes policiales sin uniforme seguían su carro por las calles de San Salvador.
La noche del 28, la tía de Patty, María Consuelo, recibió una llamada de la guardería pasadas las ocho de la noche. Le avisaban que Patricia nunca llegó a buscar a sus tres hijos. Mauricio, el abuelo materno, fue a buscarlos y los llevó a casa de su hermana. Horas más tarde, los teléfonos en la casa de Mauricio habían sido desconectados, y tanto él como Julia Orbelina también habían desaparecido.
Tres días después, Francisco, la expareja de Patty y padre de sus hijos, presentó una solicitud de habeas corpus. Las autoridades sostuvieron que ninguna de las tres personas se encontraba bajo su custodia. El proceso oficial fue una pantomima; la Guardia Nacional, con toda probabilidad la institución culpable por sus desapariciones, abrió una investigación penal por «secuestro». La misma Guardia Nacional que desapareció como resultado de la firma de los Acuerdos de Paz en el marco de la desmilitarización de la seguridad pública precisamente por las múltiples violaciones sistemáticas a derechos humanos desde la institución.
Tras poco más de un año de supuesta búsqueda bajo esta falsa premisa, un juzgado archivó el caso en diciembre de 1983, argumentando que no se podía hacer nada más. Veinte años más tarde, en 2003, las familias de Patty, Mauricio y Julia Orbelina y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (IDHUCA) interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que, finalmente, se abriera una investigación penal por desaparición forzada. La investigación sigue en la fase preliminar más de dos décadas después.
El banquillo
En noviembre de 2023, 41 años tras la desaparición de Patty, Mauricio y Julia Orbelina, representantes del Estado salvadoreño comparecieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la audiencia del caso Cuéllar Sandoval y otros vs. El Salvador. Por primera vez, familiares de víctimas adultas salvadoreñas de desaparición forzada pudieron expresar el daño profundo que genera perder de esta manera a madres, padres, hijas y hermanas. Dar testimonio sobre la ruptura que representan la ausencia, la opacidad, la mentira y la incertidumbre.
El 16 de mayo de 2024, la Corte IDH dictó su sentencia en el caso Cuéllar Sandoval y otros vs. El Salvador: El Estado salvadoreño es responsable por las desapariciones de Patty, Mauricio y Julia Orbelina. Una sentencia que vino 42 años después del crimen y casi 21 años desde que nuestra familia interpusiera la denuncia por desaparición forzada en la FGR.
Nos notificaron la sentencia por videollamada. Fue una reunión familiar extraordinaria y agridulce. Escuchamos el fallo desde ventanas de Zoom en cinco países y dos continentes: virtualmente al lado de mi papá, mi hermana, mis tíos y de Gaby, hija de Patty; pero también viendo a los ojos al comisionado de Derechos Humanos de Nayib Bukele, el abogado colombiano Andrés Guzmán.
La Corte IDH ordenó al Estado salvadoreño una serie de formas de reparación y rehabilitación. Deberá brindar de forma gratuita atención psicológica a la hija de Julia Orbelina, quien dio un devastador testimonio de las secuelas de su trauma. Además, tendrá que compensar económicamente a la familia inmediata de Patty y Mauricio, así como a la hermana y a la hija de Julia Orbelina Pérez. Y desde luego, al Gobierno actual le corresponde continuar investigando las desapariciones hasta dar con su paradero.
La sentencia señala a El Salvador no solo por vulnerar los derechos de las víctimas a la integridad y a la vida. Además, la Corte IDH resalta que el Estado violó el derecho de Patty de defender derechos humanos, de ser defensora en nombre de la justicia. En un momento en el que los espacios de acción para la sociedad civil crítica se cierran cada vez más, y en el que el presidente de la República inconstitucionalmente reelecto, Nayib Bukele, ataca constantemente y con saña a activistas y defensores, esto es una victoria que va más allá de Patty, Mauricio y Julia Orbelina. La sentencia pone un espejo frente a la cara del Estado salvadoreño, que no parece haber aprendido ninguna lección de la represión del pasado.
El olvido
Cuando la Corte IDH hizo público el fallo en el caso de Patty, la reacción de los seguidores y troles de Nuevas Ideas, partido con control absoluto del Gobierno, no se hizo esperar. Su estrategia inmediata en redes sociales fue demostrar total ignorancia sobre la diferencia entre los conceptos de Estado y Gobierno, y alegar que Nayib Bukele y su partido no tienen nada que ver con esto: «Fue la Junta Revolucionaria de Gobierno» (que había salido del poder en abril de 1982, tres meses antes). «Fue D’Aubuisson» (mmm… ¿por qué no?). «Fue ARENA» (tenía ocho meses de existir). «Fue Cristiani» (llegó al poder siete años después). «Fue el FMLN» (????). Fueron un montón de espectros del pasado que, además, ya venció NI. ¿Qué tiene que ver mi presi?
Durante la audiencia pública del caso Cuéllar Sandoval y otros vs. El Salvador, el comisionado Andrés Guzmán también atribuyó la impunidad histórica a los partidos tradicionales y a la Ley de Amnistía. Afirmó «el compromiso del Estado de El Salvador con la verdad, justicia y reparación». Sin embargo, las acciones del Gobierno expresan lo contrario: Días antes de la sentencia, por ejemplo, la flamante comisión de seguridad y justicia de la nueva Asamblea Legislativa decidió, como primera acción, archivar la propuesta de Ley de Justicia Transicional, argumentando que «había perdido vigencia». La representación del Estado sostuvo también que la investigación en el caso de Patty está en proceso y que, además, la Fiscalía la está realizando con «perspectiva de género». El historial en materia de género de Bukele también nos deja con serias dudas sobre la afirmación.
Si bien el Gobierno ahora inconstitucional de Nayib Bukele no es responsable por lo que le ocurrió a Patricia, Mauricio y Julia Orbelina, tampoco está brindando reparación real a las víctimas de la guerra ni mucho menos garantizando la no repetición. Actualmente, con más de 80 mil personas detenidas en el marco del régimen de excepción, algunas familias de la más de 300 personas privadas de libertad han tenido que enterarse del fallecimiento de sus seres queridos solo porque las funerarias se los hacen saber. Durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre de 2023, organizaciones de derechos humanos reportaron 327 denuncias de desapariciones forzadas de corta duración, todas vinculadas a detenciones arbitrarias durante el régimen. Este Gobierno perpetúa las prácticas crueles que se supone tiene que reparar.
La verdad
En Costa Rica, durante la audiencia pública del caso, Francisco explicó que él y Patty se habían separado, en parte, porque ya podían prever que estaban en peligro, que uno de los dos podía ser asesinado. «A veces me pregunto si quizás hubiera sido distinta la situación si no hubiera sido ella», explicaba con voz temblorosa. Contó que querían proteger a sus hijos, y que ahora nota las secuelas que han sufrido por la desaparición de su madre: «Es terrible tener un vacío, una madre que no ha existido físicamente».
Patty, Mauricio y Julia Orbelina no pueden convertirse en espectros. Son-fueron seres humanos, carne y hueso, personas en las calles, descansando en su casa, en su lugar de trabajo. Luego fueron prisioneros en un calabozo. No terminaron allí por arte de magia o un algún acto misterioso de Dios, sino por decisiones deliberadas de hombres resueltos a silenciarles. Patty, Mauricio y Julia Orbelina no están muertos, pero tampoco vivos. Son y no son. Pero deberían ser. La verdad es tangible.
Veo a mi papá y a mis tías y tíos que trabajaron por la justicia dentro y fuera de la clandestinidad, se convirtieron en defensores de derechos humanos y ahora se mantienen políticamente activos desde la jubilación. Admiro a las personas valientes que han sido y en quienes se han convertido tras años de esfuerzo y coraje. ¿Habría sido Patty una de ellas? ¿Nos contaría de sus aventuras frente a una taza de café en algún jardín de San Salvador? Seguramente sí.
Me surgen también preguntas más sombrías: ¿Viven sus torturadores, sus asesinos? ¿Están ellos disfrutando su jubilación en algún pueblo tranquilo en el interior del país? ¿O se habrán ido quizá a Estados Unidos, como otros criminales de guerra? ¿Recordarán de vez en cuando a Patty? ¿A alguna de las otras 8 mil personas a quienes mataron y borraron? ¿Pensarán, cuando abrazan a los suyos, en familias como las nuestras? ¿Entienden que tienen el poder de darnos certezas reales, eso que todavía concebimos como un lujo?
Las familias como la mía, como la de Julia Orbelina, quizá convivamos por siempre con la incertidumbre. El Estado salvadoreño nos robó el derecho al luto. Pero continuamos exigiendo su reconocimiento. Y si bien mantenemos la esperanza de conocer la verdad, nos impulsa más la lucha por la no repetición, por garantizar que nadie más desaparezca sin dejar rastro. Al final, se trata de eso mismo que también movía a Patty: la terquedad de creer en que podemos hacer frente a las más crueles dictaduras y (re)construir un país que sea justo para todas las personas.
