Promesas de papel: Mujeres y diversidad en el Plan Control Territorial

05/02/2022

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Hasta ahora, el Gobierno no ha implementado ninguna de sus promesas del Plan Control Territorial para combatir la violencia de género. Por momentos, su inoperatividad alcanza el absurdo: un Ejecutivo que se apoya en hombres que se ensañan contra mujeres de forma misógina propuso en papel —y no ha hecho— una campaña contra el machismo y un programa contra el ciberacoso.


Por Alharaca 


El Gobierno de Nayib Bukele, denunciado por promover el ataque en redes sociales contra mujeres críticas al oficialismo, propuso en el Plan Control Territorial una campaña antimachismo, un programa para rehabilitar a maltratadores, reformas educativas de prevención de violencia de género, un programa contra el ciberacoso, un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y otras medidas. La administración nunca ejecutó estas propuestas para combatir la violencia de género.

Alharaca analizó desde una perspectiva de género el Plan Control Territorial —el cual obtuvo y corroboró en esta investigación junto con La Prensa Gráfica—. Primero, para entender qué es lo que el Gobierno Bukele propuso por escrito para combatir los delitos que afectan a las mujeres, las niñas, los niños y la población LGBTIQA+, y, además, para verificar cuáles de esas acciones planteadas se materializaron o no. 

El resultado es inequívoco: el Gobierno ha trabajado contra su mismo plan.  

El documento solo incluía 7 acciones propuestas que estaban vinculadas al combate contra la violencia de género y hacia la población LGBTIQA+. Todas han quedado solo en el papel. Pero lo que realmente salta a la luz es la profunda contradicción entre las acciones del Gobierno y las promesas de la política.  

Lejos de lanzar una campaña antimachismo o un programa para rehabilitar a maltratadores; el oficialismo persigue a oenegés que trabajaron junto a instituciones gubernamentales en acciones contra la violencia de género; disminuyó la influencia del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu) en materia de seguridad; disolvió las instituciones que protegían a la población LGBTIQA+ y redujo presupuestos de programas con enfoque de género. 

En la práctica, Bukele y la propaganda del Gobierno incluso han dicho que las acciones de las unidades de atención especializada a las mujeres en situación de violencia de la Oficina de Denuncia y Atención Ciudadana (Unimujer-ODAC) de la Policía Nacional Civil (PNC) son gracias al PCT. Estas, sin embargo, ni siquiera aparecen mencionadas en el Plan. 

Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), valora positivamente el funcionamiento de las Unimujer-ODAC, a las cuales han dado monitoreo desde su organización. Estas son unidades ubicadas en las delegaciones departamentales de la Policía que atienden denuncias de violencia contra las mujeres, como las de violencia doméstica. Pero se crearon en 2012 por iniciativa del Grupo Parlamentario de Mujeres de la Asamblea Legislativa.  

Intentar que acciones heredadas de gobiernos pasados parezcan propias no es la constante que más preocupa en cuanto a las contradicciones entre el Plan y las acciones gubernamentales. El comportamiento de Bukele y sus aliados hacia mujeres críticas del oficialismo dista de aquella frase que él dijo en junio de 2021, cuando aseguró que «las mujeres están 61 % más seguras en este Gobierno». Para entonces, el PCT tenía seis meses de haber sido presentado a representantes de la sociedad civil.  


Troles misóginos vs. campaña antimachismo 


El Plan Control Territorial define como «delitos de alto impacto» a la violencia de género y contra la mujer; las agresiones contra las personas por su orientación sexual o su identidad de género; la violencia intrafamiliar; la violencia sexual contra mujeres, niños, niñas y personas vulnerables, y la trata de personas.  

El Gobierno actual, que se rodea de troles misóginos, propuso —y nunca hizo— una campaña contra el machismo. Una de las ironías más grandes del PCT es que «hombres de diferentes esferas de la vida nacional» serían voceros de una «nueva forma de ver la masculinidad». La política también incluía una campaña contra el ciberacoso para «desarrollar una cultura digital responsable» y un «Programa nacional para rehabilitar maltratadores«. Las ideas no solo nunca se ejecutaron, sino que el Gobierno se ha apoyado constantemente de hombres que ejercen violencia de género.

Existe una larga lista de mujeres que han sido acosadas directamente en redes sociales por funcionarios del Gobierno, o por personas afines a él. Solo en el gremio periodístico, las denuncias de mujeres perseguidas por ejercer su trabajo fueron documentadas por la Asamblea Legislativa en un informe que responsabilizó al propio Bukele y a su secretario de Prensa, Ernesto Sanabria, de promover ataques en redes contra las periodistas.  

Miembros de la Bancada de Nuevas Ideas —como Ernesto Castro, Carlos Hermann Bruch y Caleb Navarro— son solo algunos de los círculos cercanos al Gobierno que hacen comentarios misóginos y despectivos contra las mujeres de forma sistemática. Esto nunca les ha significado un deterioro en su relación con el Ejecutivo.  

El mismo secretario de prensa de Casa Presidencial, Ernesto Sanabria, ha sido acusado en redes sociales de violencia hacia su expareja. 

Aliados públicos del Gobierno, como Walter Araujo, expresidente de Arena, y el youtuber Roberto Silva, han acosado tanto a mujeres que estas llevaron los casos a instancias judiciales, donde todavía están en proceso. Araujo incluso perdió su candidatura a diputado en medio de este proceso, en el que la excandidata a diputada Bertha Deleón lo acusó por expresiones de violencia y luego por falta de honradez notoria ante la Sala de lo Constitucional. 

Pero esto nunca les ha significado una censura del Ejecutivo, que impulsa y es responsable de una política pública que condena estas conductas y es quien debe ejecutar los compromisos que el Estado salvadoreño tiene con la defensa de los derechos de las mujeres

No existen registros de que el presidente Bukele, alguno de sus funcionarios o aliados se hayan pronunciado en contra de alguno de estos casos. Por el contrario, parecería que el Ejecutivo y el partido Nuevas Ideas solo recuerdan que tienen un compromiso con la erradicación de la violencia machista cuando esto responde a sus intereses.

En diciembre de 2021, por ejemplo, Marcela Pineda, diputada de NI, demandó a la investigadora Jeannette Aguilar por difamación, luego de que Aguilar, experta en políticas de seguridad pública, retuiteó una noticia falsa que afirmaba que Pineda se había realizado cirugías estéticas con fondos públicos. Una jueza rechazó la demanda por falta de pruebas. A raíz de esto, Aguilar recibió acoso a través de redes sociales y la jueza fue degradada por la Corte Suprema, dominada por magistrados impuestos.   

De forma conjunta, los ataques desde el oficialismo, más que eventos aislados, retratan un patrón de comportamiento y complicidad con conductas misóginas que incluso vienen desde el Estado:  



El PCT no tomó en cuenta al instituto que protege a las mujeres 


El Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujeres (Isdemu) no ha sido parte clave en la implementación del PCT, de acuerdo con la comunicación del mismo Gobierno. Tampoco lo fue de forma privada en su creación, que estuvo a cargo de dos asesores extranjeros.  

Según la Ley de creación del Isdemu, a esta institución le corresponde «elaborar planes, proyectos y programas para erradicar toda forma de violencia contra la mujer». De hecho, una representante del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJS) debe ser parte de su junta directiva. 

Pero el rol del Isdemu en el PCT es mínimo. Además de eso, mientras que el Ejecutivo ha reducido el presupuesto de la entidad encargada de la protección de las mujeres, adquirió $200 millones en deuda para el Plan Control Territorial. 

Gilda Parducci fue directora del Isdemu desde junio hasta diciembre de 2019, cuando fue removida de su cargo. Trabajó siete años en la institución. En ese período, según la comunicación del Ejecutivo, el plan estaba en su segunda fase. Ella asegura que no tuvo conocimiento de ningún documento relacionado al PCT. 

«Que yo recuerde, no hubo acercamiento al Isdemu; sino, el ‘toque’ del Isdemu se sentiría», dijo Parducci cuando se le preguntó si alguna vez le presentaron algo relacionado al Plan. Con «el toque», la exfuncionaria se refiere a la carencia de enfoque de género en el documento. 

En una sección del Plan Control Territorial hay una lista de instituciones que «participarán de manera activa» en este. El Isdemu ni siquiera aparece entre ellas. En todo el documento, de hecho, solo está mencionado cuatro veces. 

La falta de enlaces entre la institución y el Plan también sobresale en las comunicaciones del Isdemu. Las memorias de labores de los años 2019, 2020 y 2021 no lo mencionan. La única acción que se acerca a la política, pero sin nombrarla directamente, es un proyecto de «sensibilización» al personal que atiende a víctimas de violencia de género reseñado en la memoria de 2019-2020. 

En dos años y medio, entre el 1 de junio de 2019 y el 20 de enero de 2022, el Isdemu solo ha mencionado dos veces su involucramiento con el PCT. Ambas publicaciones aparecen en su cuenta oficial de Twitter, una también está en Facebook. 

El primer tuit, del 25 de julio de 2019, reseña la participación en una feria de salud como parte de la segunda fase del PCT, llamada «Oportunidad», según la propaganda oficial. Pero, de acuerdo con la memoria de labores del Isdemu sobre el primer año de Gobierno (junio de 2019 a mayo de 2020), los proyectos y programas ejecutados en ese periodo no estaban relacionados al PCT, al menos oficialmente. Todos provenían del presupuesto normal del Isdemu, que ese año alcanzó $8,744,138.95.  



Pero ninguno de esos fondos provino del financiamiento de la fase 1 y 2, que se llevaron a cabo en ese período.  Según el exministro de Hacienda, Nelson Fuentes, dijo en la Asamblea Legislativa el 11 de julio de 2019, el monto para financiar estas fases del Plan Control Territorial ascendería a $365.1 millones. Los fondos del Isdemu provinieron del presupuesto general del Estado, no de los préstamos del PCT. 

Alharaca solicitó una entrevista con la directora ejecutiva del Isdemu, María Lilian López, para hablar sobre la participación de la institución en la creación y ejecución del Plan, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta. 


Organizaciones feministas: aliadas y luego perseguidas 


La segunda vez que el Isdemu mencionó el Plan fue a través una publicación en Twitter y Facebook, el 21 de febrero de 2020, cuando anunció su participación en una «estrategia de ventanilla móvil con un stand informativo sobre los siete tipos de violencia, trata de personas y derechos de las mujeres», en el municipio de Cinquera, Cabañas.  

Una de esas ventanillas estuvo a cargo de la organización PRO-VIDA, una asociación humanitaria que promueve la salud integral con enfoque de derecho, género y generacional. Entre otras cosas, brinda capacitaciones a adolescentes sobre educación sexual integral

Isdemu mencionó a PRO-VIDA en una publicación de Facebook, y la oenegé también ha publicado sobre su apoyo al Isdemu en diferentes campañas llevadas a cabo en ese departamento. Nueve meses después de la campaña, PRO-VIDA fue allanada tras una denuncia impulsada desde la Asamblea Legislativa por el partido Nuevas Ideas de Bukele.  

El 22 de noviembre de 2021, la Fiscalía y la Policía la allanaron por ser parte de una investigación promovida por la Comisión Especial para investigar el destino final de los fondos que la Asamblea Legislativa ha aprobado para Organizaciones No Gubernamentales. El oficialismo señala a PRO-VIDA, y varias oenegés más, de haber recibido de manera irregular financiamiento de los gobiernos anteriores, o por supuestas ejecuciones anómalas de fondos públicos.  

La Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes «Las Mélidas», otra organización feminista, también fue allanada el 22 de noviembre de 2021. Un reportaje de Alharaca reveló que, de acuerdo con documentos del Ministerio de Hacienda, la Asamblea Legislativa ha exagerado la cifra de fondos que el legislativo entregó a oenegés

Organizaciones de la sociedad civil, enfocadas en género y diversidad, resienten el papel del Isdemu durante el Gobierno de Bukele por la falta estrategias en materias de seguridad pública. “No advertimos en el Isdemu, que es la única institución pública para las mujeres, ninguna decisión estratégica a nivel de seguridad pública», dijo Silvia Juárez, abogada de Ormusa.  

Angélica Rivas, de La Colectiva Feminista, cree que la pasividad del Isdemu refleja la falta de interés del Gobierno por fortalecer la institucionalidad. «El Isdemu no tiene ninguna relevancia dentro del Gobierno actual, es muy ineficiente, con poca capacidad de incidencia, con poco trabajo territorial del que le compete, que es el ente rector de normativas más importantes que promueven la igualdad en el país», señaló. 

El Isdemu tampoco ha jugado un rol público activo a favor de las mujeres acosadas o atacadas por funcionarios y aliados del Gobierno.



El componente de género, un enfoque que se disuelve dentro del plan 


Aunque en la parte de diagnóstico el documento hace enfoque en violencias que afectan a las mujeres, este se pierde en las líneas de acciones específicas que el Gobierno proponía bajo sus cuatro estrategias de «Oportunidad», «Control», «Modernización y reingeniería Institucional» y «Rehabilitación y Reinserción». De 28 líneas de acción, solo 4 tenían componentes de género o diversidad; de 53 puntos con acciones concretas, solo 5 estaban enfocados en combatir la violencia de género.  

Entre estas propuestas también estaban promover enfoques diferenciados para atender a víctimas de violencia de género, adecuar el currículo escolar para incluir educación sobre el tema y un programa de detección temprana, que tampoco llegaron a ser realidad. 

Para Silvia Juárez, de Ormusa, una política de seguridad pública con enfoque de género debería tener «esencialmente una perspectiva diferencial de los riesgos, de los efectos y de los modos en que la violencia se ejerce contra las mujeres». O sea, debería ser prioritaria la diferenciación de las violencias a las que se exponen hombres, mujeres y personas de la población LGBTIQA+ y las acciones para combatirlas. 

Juárez afirmó que no solo no se han visto políticas específicas para mujeres, sino que lo que ya existía se ha debilitado. «No advertimos presupuestos, nuevas políticas, nuevas decisiones, nuevas infraestructuras o mejoras de servicios públicos específicos para las mujeres. Sin embargo, sí hemos visto como se ha debilitado lo que ya existía», dijo. 


El Gobierno que se olvidó de las víctimas 


El 7 de mayo de 2021, la Policía descubrió un cementerio clandestino con una treintena de víctimas en el hogar del expolicía Hugo Osorio, en el municipio de Chalchuapa, al occidente del país. Para entonces, el Plan Control Territorial ya iba por la «fase 4» y en su segundo año de ejecución.  

El Gobierno intentó señalar que la mayoría de los crímenes había ocurrido en años anteriores a la administración Bukele. Investigaciones periodísticas y, más tarde, pruebas forenses, revelaron que al menos catorce de las víctimas eran mujeres, y que buena parte de esos feminicidios ocurrieron en 2020, el año de la pandemia y las cuarentenas obligatorias en todo el país.  

El Salvador registró 203 feminicidios simples y agravados desde el 1 de junio de 2019, el inicio del Gobierno actual, hasta noviembre de 2021, según las cifras homologadas por la Mesa Técnica Interinstitucional. 

Chalchuapa se convirtió en noticia nacional e internacional. A la zona llegaron decenas de personas buscando pruebas que les dieran pistas de sus familiares desaparecidos. En el discurso oficial prevaleció la actitud displicente del Gobierno hacia las víctimas, y familiares de las víctimas, algo que fue cuestionado por defensores de derechos humanos.  

Esta actitud también contradice al PCT, que proponía crear un «Sistema nacional de atención a víctimas», el cual tendría a su cargo regir y supervisar políticas públicas de atención de víctimas. En la práctica, hasta los más altos funcionarios en materia de seguridad han mostrado cero empatía hacia las víctimas e, incluso, han llegado a revictimizarles. 

En 2021, en dos casos de desapariciones en los que las víctimas eran mujeres, el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, y el actual ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, cuestionaron a desaparecidas con pronunciamientos que las culpaban de los crímenes de los que habían sido víctimas. Pasó con Flor García, secuestrada, desaparecida y asesinada en Cojutepeque. Pasó con Karen Guerrero y su hermano, desaparecidos en Santa Tecla, cuyos cuerpos luego fueron encontrados en un cementerio clandestino de Nuevo Cuscatlán.  



Para esta investigación se realizaron solicitudes de información al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), a la Policía y al Ministerio de Educación (Mined), sobre actividades de seguridad relacionadas a la violencia de género.  

En una respuesta enviada por el MJSP el 3 de diciembre de 2021, la institución enlistó tres capacitaciones en las que participó la Unidad de Género de la Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada. Dos de ellas eran iniciativas de organismos internacionales, una de Naciones Unidas, y otra de la Iniciativa Spotlight de Naciones Unidas y la Unión Europea. A pesar de esto, funcionarios de Gobierno y miembros del partido Nuevas Ideas critican el apoyo de la cooperación internacional, y subvenciones para medios independientes y organizaciones no gubernamentales. 

También informó que entre enero y julio de 2021 realizó «procesos de promoción y sensibilización» en temas de género, diversidad sexual y prevención de violencia, pero no aclaró cuántos, ni a quiénes fue dirigido. En ambos casos no está claro si estas acciones están relacionadas al Plan o no. 

Según la Policía, en 2020 realizó 325 capacitaciones a agentes policiales en temas de género, y 484 en 2021. El Mined todavía no responde a una solicitud de información enviada el 15 de diciembre de 2021. 


La invisibilizada violencia contra la población LGBTIQA+  


El Plan reconoce la violencia contra la población LGBTIQA+, pero las acciones del Gobierno de nuevo desentonan con el documento. El Plan propone un programa contra la discriminación y la exclusión para promover «el encuentro de jóvenes y personas que se identifican como distintas».  Pero el documento ni siquiera utiliza el acrónimo LGBTIQA+ para referirse a esta población. 

La idea era promover el reconocimiento de la diversidad y el concepto de igualdad entre todas las personas, acciones que ya eran ejecutadas por la Secretaría de Inclusión Social, entidad encargada de velar por derechos de juventudes y población LGBTIQA+, entre otras, en los gobiernos del FMLN. Al asumir, Bukele la desmanteló en la primera semana en el poder.  

Después, el Gobierno redujo el presupuesto para programas para la promoción de la igualdad de género. La bancada de Nuevas Ideas archivó en mayo de 2021 todas las iniciativas de ley relacionadas a promover la igualdad de género, despenalizar el aborto e incorporar la educación sexual integral en el currículo académico del sistema educativo, así como la propuesta de Ley de Identidad de Género. 

La forma en que las pocas propuestas sobre diversidad llegaron al documento también es cuestionable. Según Carlie Lemus, de la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans en El Salvador (Comcavis Trans), una política de seguridad pública que tenga en cuenta los derechos de las poblaciones LGBTIQA+ debe partir, al menos, de una consulta ciudadana. «Pareciera que las políticas implementadas por el actual gobierno están siendo creadas al cien por ciento desde un escritorio sin consultarle a la sociedad civil», señaló. 

Pero en octubre de 2021, dice, el MJSP se acercó a Comcavis Trans para conocer y “replicar” el trabajo de su organización en el área de atención a personas víctimas de desplazamiento forzado.

«Nos solicitaron conocer las fichas de registro que cada organización manejaba con el fin de ellos crear una estándar y evitar revictimización», explicó. «¿Cómo es posible que las organizaciones de la sociedad civil hayan sido quienes hayan iniciado esos protocolos y no una institución estatal como tal?», cuestionó.

Esta no es la primera vez que esto pasa con asesores de Bukele. Angélica Rivas, de la Colectiva Feminista, afirmó que el actual Gobierno básicamente copió y pegó fragmentos del documento de demandas que la organización entregó a representantes del partido Nuevas Ideas, cuando Bukele era candidato a la Presidencia, para incluirlas en el Plan Cuscatlán, la plataforma de gobierno de Bukele.  



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