Opinión

La vida en el centro: una propuesta de programa feminista para transformar El Salvador 

Ante el retroceso democrático y deterioro institucional en El Salvador, necesitamos un programa político capaz de demostrar otras formas de organizar el Estado. La construcción de estos proyectos no puede esperar hasta recuperar la democracia, sino empezar a construirse desde ya, afirma la economista Julia Evelyn Martínez.

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El Salvador atraviesa un período de retroceso democrático, concentración del poder y deterioro de las condiciones económicas y sociales de la mayoría de la población. La reducción de los espacios de participación, la criminalización de las voces críticas, la militarización de la vida cotidiana y el debilitamiento de las instituciones públicas coinciden con el aumento del costo de la vida, la precariedad laboral, la informalidad y el abandono progresivo de las políticas sociales. 

Ante esta realidad, podría pensarse que la única tarea posible para las organizaciones sociales es resistir, protegerse y tratar de conservar los derechos conquistados. Sin embargo, resistir no significa renunciar a la construcción de una alternativa. Por el contrario, los períodos autoritarios hacen más urgente contar con un programa político capaz de orientar las luchas, vincular las demandas de los territorios y demostrar que existe otra manera de organizar la economía, el Estado y la convivencia social. 

El feminismo salvadoreño tiene ese programa. 

La agenda feminista para el período 2026-2032 no debe entenderse como una lista de proyectos dirigidos exclusivamente a las mujeres. Tampoco se limita a combatir la violencia de género o a aumentar la presencia femenina en los espacios de decisión. Es un proyecto político para redistribuir el poder, la riqueza, el tiempo y la capacidad de decidir. Su propósito no es administrar con mayor eficiencia la precariedad, sino transformar las estructuras que la producen. 

Esta agenda parte de una pregunta fundamental: ¿quién sostiene la vida cuando el Estado debilita los servicios públicos, los empleos no garantizan ingresos suficientes y la democracia deja de proteger el derecho a organizarse? 

La respuesta se encuentra en los hogares, las comunidades y los territorios. Son principalmente las mujeres quienes buscan agua cuando no llega a las viviendas, cuidan a las personas enfermas cuando el sistema de salud no responde, alimentan a las familias cuando los ingresos no alcanzan y acompañan a las víctimas cuando las instituciones les cierran las puertas. Son también las organizaciones comunitarias, feministas, sindicales, ambientales y LGTBIQ+ las que continúan creando redes de apoyo, documentando abusos y defendiendo derechos. 

La agenda feminista propone convertir esas prácticas de resistencia en una fuerza política organizada. No se trata solamente de sobrevivir durante un período de autoritarismo y crisis económica, sino de construir desde ahora las bases de un país en el que la vida —y no la acumulación de riqueza ni el control social— ocupe el centro de las decisiones públicas. 

1. Recuperar y proteger el espacio cívico 

La recuperación de las libertades democráticas es el punto de partida de cualquier transformación. Sin libertad de expresión, asociación, reunión, protesta y denuncia, ningún otro derecho puede defenderse de manera efectiva. 

En el contexto actual, defensoras de derechos humanos, periodistas, lideresas comunitarias y personas LGTBIQ+ enfrentan vigilancia, hostigamiento, amenazas digitales, procesos judiciales y campañas de desprestigio. El miedo no afecta únicamente a quienes reciben una amenaza directa; también alcanza a sus familias, organizaciones y comunidades. Reduce la participación, debilita las redes de solidaridad y obliga a muchas personas a guardar silencio como estrategia de supervivencia. 

Proteger el espacio cívico exige mucho más que pronunciamientos ocasionales. Las organizaciones sociales pueden impulsar un mecanismo independiente de protección para defensoras y activistas que ofrezca asistencia jurídica inmediata, acompañamiento psicológico, atención médica, seguridad digital, apoyo económico de emergencia y posibilidades de traslado temporal cuando el riesgo lo requiera.

También es necesario construir un observatorio feminista que registre detenciones arbitrarias, hostigamiento policial, violencia política, amenazas y ataques digitales. En un período marcado por la censura, la desinformación y la falta de transparencia, documentar los abusos es una forma de proteger la memoria, respaldar a las víctimas y evitar que las violaciones de derechos queden ocultas. 

Las organizaciones sociales no pueden sustituir las obligaciones del Estado, pero sí pueden construir redes de protección, producir evidencia, acompañar a quienes enfrentan persecución y mantener abiertas las posibilidades de acción colectiva. Defender la democracia comienza por defender el derecho a reunirse, hablar, denunciar y organizarse sin miedo. 

2. Convertir el cuidado en un derecho garantizado 

La defensa de las libertades democráticas está directamente relacionada con la organización de los cuidados. Una mujer agotada, sin ingresos propios y responsable del cuidado de niñas, niños, personas mayores o familiares enfermos dispone de menos tiempo y energía para participar en una organización, asistir a una reunión o defender sus derechos. 

El país depende diariamente del trabajo de quienes cocinan, limpian, acompañan, alimentan, curan y sostienen emocionalmente a otras personas. Sin embargo, este trabajo continúa realizándose principalmente dentro de los hogares, sin remuneración, descanso, seguridad social ni servicios públicos suficientes. 

El cuidado no puede seguir tratándose como una responsabilidad natural de las mujeres. Debe reconocerse como un derecho, una necesidad social y una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias, las comunidades, las empresas, las mujeres y los hombres. 

La agenda feminista propone convertir la Política Nacional de Corresponsabilidad de los Cuidados en una ley que establezca obligaciones exigibles, instituciones responsables, metas verificables y recursos dentro del Presupuesto General de la Nación. También plantea la creación de un sistema nacional de cuidados que ofrezca servicios públicos para la primera infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad y quienes viven con enfermedades crónicas.

Mientras se construyen las condiciones políticas para exigir este sistema, las organizaciones sociales pueden fortalecer casas comunitarias del cuidado, redes de relevo para cuidadoras, comedores comunitarios, espacios de atención diurna y mecanismos de apoyo mutuo. Estas experiencias no deben utilizarse para justificar el retiro del Estado: su función es demostrar que el cuidado puede organizarse colectivamente y fortalecer la presión social para convertirlo en política pública universal. 

Una política de cuidados verdadera también debe garantizar salarios dignos, seguridad social, descanso, formación y atención en salud para quienes realizan trabajo doméstico y de cuidados remunerado. Debe reconocer el derecho al descanso de las cuidadoras familiares y promover licencias parentales para mujeres y hombres, junto con horarios laborales compatibles con la vida. 

Cuidar no puede continuar siendo una tarea que empobrece, enferma y reduce la autonomía de quienes la realizan. 

3. Construir una economía para la vida 

Colocar la vida en el centro exige cuestionar el modelo económico y la idea de que la autonomía de las mujeres se alcanza únicamente mediante pequeños emprendimientos individuales. 

Durante años, muchas mujeres han recibido capacitaciones para iniciar un negocio, pero después deben enfrentar solas la falta de crédito accesible, los altos precios, los mercados controlados por grandes empresas y la ausencia de servicios de cuidado. Con frecuencia terminan endeudadas, trabajando jornadas más largas y combinando el emprendimiento con todas las responsabilidades domésticas. En esas condiciones, el negocio deja de ser una ruta hacia la autonomía y se convierte en una nueva forma de sobrecarga. 

Una economía para la vida necesita empleos con derechos, salarios dignos, protección social, servicios públicos y pensiones suficientes. Requiere fortalecer la inspección laboral en la maquila, el comercio, los servicios, el trabajo doméstico y los cuidados. Las trabajadoras deben poder denunciar abusos sin temor a ser despedidas y ejercer plenamente sus derechos de organización y libertad sindical. 

También se necesitan pensiones básicas universales, mecanismos adecuados de cotización para las trabajadoras independientes y el reconocimiento de los años dedicados al cuidado. Una mujer que pasó décadas sosteniendo a su familia no puede llegar a la vejez sin ingresos porque el sistema económico decidió que su trabajo no tenía valor.

La autonomía económica feminista tampoco se limita al empleo asalariado. Incluye el fortalecimiento de cooperativas, proyectos agroecológicos, iniciativas comunitarias y formas colectivas de producción dirigidas por mujeres. Para ello se requieren crédito público accesible, asistencia técnica, compras estatales y espacios de comercialización. 

Las organizaciones sociales pueden articular cooperativas de producción de alimentos, textiles, servicios de cuidado y otros bienes con escuelas, hospitales, municipalidades y mercados locales. De este modo, la economía solidaria deja de ser una estrategia marginal de sobrevivencia y se convierte en una propuesta de organización económica basada en la cooperación, la soberanía alimentaria y la permanencia digna en los territorios. 

Ninguna transformación será sostenible, sin embargo, mientras el Estado continúe exigiendo sacrificios a los hogares y protegiendo la concentración privada de la riqueza. Las grandes empresas, las personas con mayores ingresos y quienes acumulan patrimonio y ganancias deben contribuir más para financiar cuidados, salud, educación, protección frente a las violencias y adaptación climática. 

La justicia fiscal también forma parte del programa feminista porque redistribuir la riqueza es indispensable para redistribuir el poder y garantizar derechos. 

4. Garantizar plenamente los derechos de las personas LGTBIQ+ 

No existe democracia mientras una parte de la población viva sin reconocimiento, protección ni derechos básicos. Las personas LGTBIQ+, especialmente las personas trans y no binarias, enfrentan exclusión laboral, discriminación en los servicios de salud, acoso en los centros educativos, violencia y obstáculos para que su identidad sea reconocida oficialmente. 

La agenda feminista propone una ley de identidad de género que permita adecuar el nombre y el marcador de género mediante un procedimiento administrativo sencillo, confidencial y libre de requisitos que patologicen las identidades. 

También plantea protocolos de atención respetuosa en los servicios de salud, formación para el personal público, medidas contra el acoso educativo y mecanismos de inspección laboral frente a la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género. 

Las organizaciones sociales pueden promover escuelas libres de discriminación, redes de acompañamiento para jóvenes expulsados de sus hogares, bolsas de empleo inclusivas y sistemas comunitarios para documentar agresiones y vulneraciones de derechos. 

Estas acciones son especialmente importantes en un contexto en el que las instituciones públicas invisibilizan a la población LGTBIQ+ y no producen información suficiente sobre sus condiciones de vida. Sin datos, la exclusión no aparece en los diagnósticos, las políticas ni los presupuestos. 

La igualdad no puede depender de la tolerancia o de la buena voluntad de quien atiende una oficina, una escuela, un hospital o un lugar de trabajo. Debe estar respaldada por leyes, instituciones, recursos públicos y mecanismos para exigir su cumplimiento. 

El autoritarismo no se sostiene únicamente mediante leyes, cuerpos de seguridad o instituciones. También necesita controlar los relatos sobre lo que ocurre en el país, desacreditar a quienes cuestionan el poder y presentar las demandas sociales como amenazas. 

La comunicación debe entenderse, por tanto, como un derecho y como un espacio central de la disputa política. En los medios y las redes sociales se construyen reputaciones, se legitiman decisiones gubernamentales y se organizan campañas para silenciar a periodistas, defensoras, feministas y personas LGTBIQ+. 

Las campañas de odio, la exposición de datos personales, la suplantación de identidad, las amenazas y la difusión de imágenes íntimas producen daños emocionales, económicos y políticos. No son problemas que permanezcan únicamente en internet; pueden provocar pérdida de empleo, desplazamiento, agresiones físicas, aislamiento y abandono de la participación pública. 

La agenda feminista propone mecanismos rápidos de respuesta ante la violencia digital, con investigación, protección, acompañamiento psicológico y reparación. Al mismo tiempo, advierte que las leyes destinadas a combatir estos ataques no deben convertirse en instrumentos para censurar al periodismo, criminalizar la denuncia o perseguir opiniones críticas. 

También es necesario impulsar fondos públicos transparentes y no condicionados políticamente para medios feministas, radios comunitarias, proyectos digitales y formas de comunicación accesibles. Las organizaciones sociales necesitan fortalecer su capacidad para producir información, contar las historias de los territorios y disputar las narrativas que justifican la desigualdad. 

Comunicar desde las comunidades no significa solamente difundir actividades. Significa preservar la memoria, denunciar abusos, compartir saberes y construir interpretaciones propias sobre la realidad. 

6. Poner la economía digital al servicio de la vida 

La disputa por la comunicación remite a otra dimensión clave del programa feminista: democratizar la economía digital. No basta con distribuir computadoras, abrir plataformas o digitalizar trámites públicos. El acceso efectivo a la tecnología exige conexión estable y asequible, dispositivos, electricidad, formación y condiciones de seguridad. Digitalizar un servicio público deficiente no crea un nuevo derecho; con frecuencia traslada a las personas la carga de resolver en línea aquello que el Estado no garantiza presencialmente. 

La agenda debe reconocer los derechos laborales de quienes trabajan a través de plataformas digitales, sobre todo cuando las empresas fijan precios, controlan tareas, aplican sanciones y deciden quién puede continuar trabajando. Es imprescindible garantizar salario mínimo, seguridad social y mecanismos para impugnar decisiones automatizadas. Asimismo, se requiere una legislación robusta de protección de datos personales, con salvaguardas especiales para información sensible sobre salud, violencia, orientación sexual e identidad de género. Nadie debería quedar excluido de un empleo, un crédito, un servicio o un beneficio público por una decisión algorítmica incomprensible e inapelable. 

La introducción de sistemas automatizados en instituciones públicas y empresas debe someterse a evaluaciones independientes, explicaciones claras y mecanismos de revisión humana. No puede delegarse en tecnologías —diseñadas y controladas por corporaciones que no rinden cuentas— la toma de decisiones que afectan derechos fundamentales. 

Además, la agenda propone becas, formación técnica, financiamiento y compras públicas que permitan a las mujeres crear tecnología y no limitarse a ser usuarias o consumidoras de servicios producidos por grandes empresas. Desde las organizaciones sociales pueden impulsarse puntos comunitarios de acceso gratuito a internet, centros de préstamo de equipos, espacios de alfabetización y seguridad digital, plataformas de comercialización para cooperativas y sistemas comunitarios de alerta y cuidados. 

La pregunta política central no es cuánta tecnología llega, sino quién la controla, quién obtiene las ganancias, qué datos se recopilan y quién asume sus costos.

Construir desde ahora el país que necesitamos 

La agenda feminista no puede quedar suspendida hasta que cambie el Gobierno o se recupere plenamente la institucionalidad democrática. Muchas de sus propuestas pueden comenzar a construirse desde ahora mediante procesos de formación, articulación territorial, documentación, cuidado colectivo, economía solidaria, comunicación comunitaria e incidencia nacional e internacional. 

Es posible crear alianzas entre organizaciones feministas, sindicatos, colectivos LGTBIQ+, comunidades rurales, movimientos ambientales, cooperativas, universidades y medios independientes. Cada sector posee conocimientos, experiencias y recursos indispensables para sostener una resistencia de largo plazo y evitar que las luchas permanezcan aisladas. 

Una red de protección para defensoras puede relacionarse con medios comunitarios que documenten las agresiones. Una casa comunitaria del cuidado puede vincularse con cooperativas de alimentos y organizaciones de trabajadoras. Una escuela libre de discriminación puede articularse con colectivos LGTBIQ+, asociaciones de familias y organizaciones docentes. Un centro de autonomía digital puede apoyar la comercialización de productos comunitarios, la formación de mujeres y la protección de defensoras. 

Estas iniciativas muestran que las seis propuestas no son demandas independientes. Todas responden a una misma disputa: decidir si la economía y el Estado estarán organizados para sostener la vida o para proteger la concentración del poder y la riqueza. 

La acción comunitaria, sin embargo, no debe utilizarse para justificar el abandono estatal. Las organizaciones pueden innovar, acompañar, vigilar y construir alternativas, pero el Estado continúa siendo responsable de garantizar derechos universales.

Para convertirse en política pública, la agenda feminista necesita presupuesto suficiente, instituciones con responsabilidades claras, participación social vinculante y mecanismos de rendición de cuentas que incluyan metas, plazos e indicadores. La participación social no puede reducirse a escuchar opiniones cuando las decisiones ya han sido tomadas; debe influir desde el diagnóstico hasta la ejecución y evaluación de las políticas. 

El feminismo salvadoreño no propone regresar a la situación anterior al retroceso democrático. Propone avanzar hacia una democracia más profunda, en la que las decisiones económicas también estén sujetas al debate público y en la que la protección de la vida tenga más importancia que la acumulación de riqueza, el control social y los intereses de las grandes corporaciones. 

Durante los próximos años, defender la democracia significará también defender el agua, el tiempo, los cuidados, los cuerpos, los territorios, los datos y el derecho de todas las personas a vivir sin miedo. 

Sostener la vida es una tarea cotidiana, pero también una disputa por el poder. Organizarse, cuidar en común, defender los territorios y construir economías solidarias son formas de resistencia y, al mismo tiempo, maneras concretas de comenzar a construir el futuro.

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