El 9 de noviembre de 2021, la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista, Nuevas Ideas, eliminó la Ley de Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) que sirvió como un importante ingreso para las alcaldías desde 1988. A cambio se emitió una nueva legislación, con el mismo nombre de la anterior, que implicó la reducción del monto de las transferencias del Estado a las municipalidades. El fondo solía constituir el 10 % de los ingresos corrientes del Presupuesto General de la Nación, pero actualmente representa solo el 1.5 %.
Esta no fue la única reforma que afectó la economía de las alcaldías. Entre 2021 y 2022, el legislativo emitió decretos que incidieron en la gestión municipal y provocaron la desfinanciación de los gobiernos locales.
En noviembre de 2021, con la derogatoria del FODES, se estableció la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), una entidad que absorbió los fondos. Según el Consorcio Académico para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, conformado por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), el Centro de Investigación para la Democracia y Fundaungo, la DOM se ha perfilado como la encargada de verificar que las aportaciones del Estado orientadas al rubro de la inversión municipal sean efectivamente destinadas a proyectos en beneficio de la población.
Para Melissa Salgado, economista, docente e investigadora de la UCA, estas reformas han tenido un impacto negativo en la capacidad de las municipalidades para cumplir su papel. Señala que la creación de la DOM no ha logrado satisfacer las necesidades básicas y de desarrollo humano de la población, ya que se orienta a obras de infraestructura. Salgado aboga por un modelo de gestión municipal que cuente con los recursos necesarios para asegurar una vida digna para las poblaciones locales.
Después de las elecciones municipales de marzo de 2024, las alcaldías se enfrentarán a un nuevo desafío: en junio de 2023, el oficialismo creó 44 nuevos municipios, convirtiendo los 262 existentes en distritos. El fondo será entregado a los concejos municipales de los 44 nuevos municipios, lo que implica una centralización de los recursos. Según Salgado, esto agravará aún más el problema de liquidez de las alcaldías para hacer frente a las necesidades en sus respectivos territorios.
¿Cómo evalúa las reformas al FODES que han derivado en la reducción de fondos estatales para las alcaldías?
Se trata de un proceso de desregulación municipal. La reducción del FODES pasó de ser el 10 % de los ingresos corrientes del presupuesto (de las alcaldías) a ser el 1.5 %. Esto bajo el argumento de la sanidad fiscal, pero en verdad, a la hora de ver en datos lo que resultó, o lo que está resultando, es un proceso bien profundo de regresividad fiscal, tanto en ingreso como gasto. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que las más impactadas han sido las alcaldías caracterizadas por ser más empobrecidas. Esas han sido las mucho más golpeadas tanto en ingresos como en gastos municipales.
¿Estas reformas al FODES están alineadas con las funciones reales de las municipalidades?
Dentro de todo lo que se ha reformado hay algo que no se ha reformado: el Código Municipal. El Código municipal establece las funciones que debe cumplir el gobierno municipal, entendido que esa es la primera instancia estatal entre la ciudadanía y el Estado. Esto es fundamental. El primer contacto de la ciudadanía con la estatalidad es el gobierno municipal. Por eso es tan importante que sus funciones se puedan reagrupar, no solo desde la gestión, sino también la inversión.
¿Y cómo ha afectado la disminución del FODES a los proyectos municipales orientados hacia mujeres?
Las alcaldías en particular, y específicamente San Salvador, tenían programas incluso con respecto a la prevención de violencia contra las mujeres. Con la caída del FODES este tipo de programas se han caído. La falta de este tipo de acompañamiento puede incluso terminar en feminicidios.
¿Y de qué otras formas se refleja el recorte del FODES en la vida cotidiana de las mujeres?
Solo por poner un caso bien particular, el mercado de San Miguelito no ha podido ser reconstruido después del incendio. Creo que ese es un ejemplo importante de esa ambigüedad entre las funciones de las alcaldías y las funciones de la DOM. ¿A quién le compete que se construya ese ese mercado? La inmensa mayoría de las vendedoras de ahí son mujeres, que ahora lo que han hecho es poner sus ventas a lo largo y ancho de todas las calles.
Y para usted, ¿cuáles deberían ser las principales propuestas de los candidatos y las candidatas municipales para estimular la economía de los territorios en este contexto?
Una campaña óptima debería estar en función de garantizar condiciones dignas de vida. Se supondría reestablecer las funciones de las alcaldías según el Código Municipal, porque el Código Municipal es claro que una alcaldía está en función del bienestar de su población. Una alcaldía óptima debería estar procurando poder cumplir con todas sus funciones. Y sobre todo porque esto también puede implicar el abaratamiento del costo de vida, si (la población) tiene acceso a caminos, si tiene acceso a electricidad, si tiene agua potable. Recursos que los hogares no tienen que poner de su bolsillo, sino que sería la administración municipal. Creo que este sería como un primer paso importante, pensando en aquellos municipios que se caracterizan por estar siempre en el rezago por sus altos niveles de pobreza.
¿Cómo cree que afectará en los territorios la nueva asignación de FODES a solo 44 municipios?
Lo que va a pasar es que la demanda de necesidades será mayor frente a una instancia centralizada. La gestión de recursos será mucho más complicada, sobre todo porque no hay resolución en los niveles de ingresos y demandas. Creo que toda esa complejidad puede resultar en el incremento de la desigualdad territorial.
¿En qué zonas cree que esta centralización de los recursos va a impactar más?
En la mayoría del territorio, porque cuando se hace la estratificación de los de los municipios, de acuerdo con el nivel de ingreso y necesidades básicas satisfechas, pues resulta que la mayoría, arriba del 80 %, (de las municipalidades) están en estratificación baja. Solamente son siete los municipios los que están dentro de la estratificación alta (Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla, Mejicanos, San Miguel, San Salvador, Soyapango y Santa Ana). Y la estratificación alta, a su vez, resulta que están tremendamente endeudados. Es también una gestión de endeudamiento increíble.
¿Cuál debería de ser entonces la ruta para enfrentar este problema o para mejorar la situación de la economía de las alcaldías?
Tratar de darle respuesta a esta contradicción que hay entre las alcaldías y la DOM, porque la DOM lo que ha hecho es que le ha quitado la cartera de inversiones a las alcaldías. Entonces las ha dejado maniatadas con respecto a su capacidad de poder incidir, construir, proponer, etcétera, mitigar también incluso riesgos ambientales. Entonces es importante saber qué papel le corresponde a cada quién. Y también otra forma es restablecer el FODES para garantizar el poder cumplir con todas las funciones demandadas (a las municipalidades). La centralización lo que está implicando es un alejamiento entre el problema concreto y la entidad encargada de dar respuesta a ese problema.
