El miedo no detiene a las defensoras de la Tierra

Angélica Ramírez | 22/04/2022

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En el Día Internacional de la Tierra, personas que trabajan en la defensa de los recursos naturales que aún quedan en el territorio ponen en riesgo sus vidas para continuar en la lucha.

Lago de Güija | Foto por Kellys Portillo


Ante la inminente crisis ambiental que enfrenta el mundo, la batalla por la protección de los recursos naturales sigue siendo una labor de alto riesgo. Las personas que defienden la tierra, los ríos, los bosques, el agua, se ven amenazadas y son comunmente blancos de ataques. Este viernes 22 de abril, en la conmemoración del Día Internacional de la Tierra, diversas organizaciones visibilizan esta lucha.  

De acuerdo con Global Witness, organización de control del medio ambiente y derechos humanos, 227 personas fueron asesinadas en 2020 en el ejercicio de la defensa de los recursos naturales. La mayoría de estos ataques se han dado en Latinoamérica.  

En El Salvador, el panorama se ha deteriorado, tanto en la protección de los recursos como en los derechos de los defensores de la Tierra. Amalia López, miembro de la Alianza Contra la Privatización del Agua, explicó que el riesgo que corren se agrava por el enfrentamiento entre los intereses económicos de grupos de poder, y el bienestar comunitario.  

«La defensa de los bienes ambientales siempre nos pone en directa contraposición de los grupos de poder, porque quienes se lucran de hacer una expropiación de los bienes naturales a las poblaciones es siempre gente que tiene dinero», indicó López. «Ese poder económico les da la confianza de disponer del poder político y otros elementos para contrarrestar el trabajo que hacen los defensores ambientales».  

La ambientalista recordó cómo en El Salvador se ha llegado al asesinado de defendores del medio ambiente. En 2009, por ejemplo, entre junio y diciembre, tres ambientalistas de Cabañas fueron asesinados debido a que se oponían a explotación minera en su municipio. Los asesinatos de Marcelo Rivera, Ramiro Rivera, Dora Sorto, quien se encontraba en su octavo mes de embarazo y fue asesinada frente a su hijo, siguen impunes. Activistas ambientales continúan denunciando y pidiendo justicia para estos casos.  


Una lucha que no para  


Arely Salas, integrante de la Asociación de Sistemas Comunitarios de Agua de Suchitoto, tiene 36 años de edad, y es activista ambiental desde los 13. En 2016, ella y otras mujeres enfrentaron amenazas por denunciar el abuso del bien hídrico en la zona por parte de una empresa privada.  

Esta empresa había abierto tres pozos para la explotación del agua, sin contar con los permisos necesarios, poniendo en riesgo el suministro para las comunidades. Cuando ellas comenzaron a denunciar lo que pasaba e iniciaron procesos en el juzgado ambiental, comenzaron a ser perseguidas.  

Salas contó que, a medida avanzaba el proceso de denuncia y demanda, la empresa intentó negociar. «Pero nosotros no íbamos a negociar nuestra agua, el agua de las comunidades», afirmó.  

Como ha sucesido en otros casos como este, la empresa buscaba ganar simpatías entre los pobladores de la zona, empléandolos en el proyecto. Esto hizo que Arely y las demás mujeres enfrentaran el rechazo de sus mismos vecinos, quienes temían que si se paraba el proyecto se quedarían sin esa fuente de ingresos.    

Con el tiempo, el amedrentamiento llegó a puntos difíciles. A una de sus compañeras la amenazaron al punto que dejó el activismo y, por miedo, envió a su hijo al extranjero. La abogada que asesoraba su caso, también perseguida, tuvo que salir también del país.  

Al final, la empresa, pese a vulnerar y poner en riesgo el acceso a los recursos naturales de la comunidad, continúa operando, y consiguieron los permisos ambientales para hacerlo.  

Pero Saraí, sus compañeras y miembros de la asociación continúan denunciando las irregularidades, no solo de esta empresa,  sino de todos los casos que amenazan con la explotación desmedida del medio ambiente. «Hemos pegado un gran retroceso, habían avances a nivel de legislación ambiental pero frente a los permisos otorgados a empresas que explotan los bienes y priorizan el interés de las grandes empresas nos preocupa», señaló.  

Destacó que, pese a los temores y al desamparo de marcos legales que sufren los defensores del medio ambiente, seguirán «haciendo la lucha hasta donde se pueda».  


Marcos legales de protección  


Los activistas denuncian que el entorno para ellos se ha vuelto más hostil desde el inicio de la gestión del presidente Nayib Bukele, y con la instalación de la Asamblea Legislativa de corte oficialista y la toma de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Aseguran que las comunidades que intentan proteger sus ya escasos recursos naturales tienen miedo de ser criminalizados.  

De acuerdo con López, esto se ha agravado aún más desde el inicio del régimen de excepción, aprobado por el Gobierno el pasado 27 de marzo. 

Lorena Aguilar Revelo, ex vicecanciller de Costa Rica y actual consultora internacional en el tema de género y medioambiente. comentó durante el foro «Perspectivas sobre género y cambio climático y su aplicación», hizo énfasis en la necesidad de proteger y de crear sistemas judiciales que amparen a las personas que defienden el medio ambiente.  

Aguilar apuntó al Acuerdo de Escazú, un convenio regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, como una herramienta innovadora que provee de marcos legales de protección para estas personas.  

Este acuerdo busca la cooperación y la transparencia de los países en procesos ambientales para la protección de los recursos. El Salvador, pese a ser uno de los países que inició la negociación del acuerdo en 2018, aún no se ha adherido a este. Alharaca intentó consultar a Fernando López, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sobre la firma del tratado, pero este y su equipo de comunicaciones rechazaron la pregunta.  

Aguilar, por su parte, reiteró la importancia de estos marcos legales surgen por la necesidad de involucrar a las poblaciones en la toma de decisiones. «Cada día más el tema del cambio climático y la degradación ambiental nos lleva a que las personas tengan la capacidad de tomar decisiones, estar plenamente informados y participar de cómo se usan los recursos naturales», dijo. 

«Si somos un pueblo indigena que vivimos en un territorio determinados, podamos definir cómo se van a usar y no que terceras partes decidan sobre nuestros derechos», agregó.   

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