Ilustraciones por Beatriz Martínez
Reina Gómez cuenta que, hace unos seis o siete años, intentó acceder a un crédito en un banco privado de Suchitoto para construir una granja en la comunidad Apolinario Serrano, en el mismo municipio del departamento de Cuscatlán. No recuerda la cantidad exacta que pedía, pero sí que el banco le solicitó presentar documentos para comprobar que contaba con los ingresos para pagar el préstamo requerido. No tenía una constancia laboral. Le pidieron que al menos mostrara la escritura de una propiedad a su nombre, pero su vivienda estaba a título de su compañero de vida. La solicitud fue denegada.
Poco después, en 2016, Reina conoció los bancos comunitarios coordinados por la Asociación de Mujeres “Progreso”, y decidió aplicar a un crédito inicial, que es como se denomina a una pequeña cantidad que es entregada para comenzar a evaluar la respuesta de pago de quien solicita el préstamo. Presentó solo una copia de su DUI y NIT, y pidió un préstamo de $50. Después de un mes, le llegó la noticia: se lo habían aprobado.
Debido a su puntualidad en los pagos, la Asociación le aprobó un segundo préstamo, esta vez, de $100. A partir de ello, empezó a construir su granja y compró sus primeras gallinas. Después, echó andar su huerto casero para su propio abastecimiento, sembró frijoles, tomates, pepinos, también plantas aromáticas como romero, albahaca y cilantro.
Reina comenta que los bancos comunitarios dieron luz verde a muchas mujeres de su comunidad que querían emprender, incluso a ella, que antes se dedicaba únicamente al trabajo del hogar. Pero no sólo eso, también han aprendido –mediante los procesos de formación facilitados por la Asociación en conjunto organizaciones– sobre los derechos de las mujeres, liderazgo y educación financiera.
“Yo nunca soñé con tener mis propios emprendimientos, pero en los procesos de formación que he recibido he comprendido que es importante que nosotras las mujeres tengamos autonomía económica, y nos han enseñado a administrar nuestros ingresos”, cuenta Reina.
La Asociación de Mujeres “Progreso” está integrada por 31 mujeres de la zona de Suchitoto, de entre 35 y 45 años de edad, la mayoría con un nivel de educación formal de primero a segundo grado. Todas vienen del área rural y llevan 15 años trabajando para darle créditos a mujeres como Reina. Hasta ahora, han otorgado créditos de entre $100 y $300 a más de 400 mujeres de la zona.
La exclusión financiera de las mujeres en la zona rural
La exclusión financiera se define como la dificultad de las personas para acceder a servicios financieros adecuados para satisfacer sus necesidades, como cuentas de ahorro, créditos, seguros, ya sea por requisitos de accesos, discriminación o altos costos.
En el país, sólo el 29% de las mujeres salvadoreñas posee una cuenta de ahorro. En cambio, más del 40 % de los hombres posee una, según datos del informe Global Findex del Banco Mundial, actualizada hasta 2021.
Tatiana Marroquín, economista feminista, explica que este bajo porcentaje está relacionado con que no todas las personas se incluyen ni en la sociedad ni en la economía de la misma manera, pues los roles tradiciones de género siguen pesando en la forma en cómo se incorporan los sectores poblacionales. Además, muchas mujeres se encuentran en el mercado laboral del sector informal.
“Esta situación no sólo restringe que las mujeres no puedan tener acceso con facilidad en el sistema financiero, sino que imposibilita fortalecer su autonomía económica. Dependen de alguien más en su círculo familiar, y las cifras muestran que generalmente esa persona es un hombre. Estas variables consolidan un círculo vicioso que sigue agudizando la exclusión financiera, en especial en las zonas rurales, donde las personas no cuentan con ingresos estables”, añade Tatiana.
En El Salvador, solo una de cada cinco mujeres de la zona rural tiene una cuenta bancaria –el 19.6 %, según datos del Banco Central de Reserva–. Para el resto, solicitar un crédito en la banca privada resulta casi imposible. Además de las labores agrícolas, la mayoría realiza trabajo de hogar o de cuidados no remunerado, el cual está desvalorizado y excluido de las estadísticas económicas, a pesar de que genera valor y bienestar a otras personas y se vuelve sustancial para el desarrollo de los sistemas económicos.
Algunos de los requisitos que solicitan bancos privados, como el Banco Agrícola o el Banco de América Central, para acceder a un crédito personal, por ejemplo, son los siguientes:
- Ser asalariada con ingresos mínimo de $250.00.
- Ser empleada de una institución de gobierno.
- Constancia de empleo que indique la fecha de ingreso a la empresa o institución.
- Constancia de salario.
- Copia de la escritura de una propiedad para entregar como garantía.
- Estados de cuenta bancarias.
Algunos instituciones financieras cuentan con procesos más flexibles y solicitan la escritura de una propiedad a su nombre como garantía de pago. Pero esto también representa otro obstáculo ya que, en la mayoría de casos, no aparecen ellas como propietarias de sus terrenos o viviendas, sino un hombre. En el país, sólo el 29.8 % de las mujeres poseen propiedades a título propio, según el Informe Situacional del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada elaborado por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) en 2021.
Tener acceso a servicios bancarios permite mejorar las condiciones de los hogares, invertir en educación o un negocio, genera el hábito de ahorro que más adelante podría solventar alguna emergencia financiera, y también dinamiza la economía promoviendo el emprendedurismo, tal y como lo reconoce el propio Banco Central de Reserva en su boletín económico de 2020.
Otras formas de lograr autonomía económica
Frente a estas barreras financieras de la banca tradicional, la Asociación de Mujeres «Progreso», de Suchitoto, dio paso a una iniciativa que pretendía cambiar la situación económica de las mujeres rurales de las comunidades aledañas.
Hace más de 15 años, alrededor de 20 mujeres de asociación se reunieron en una casa de Suchitoto con Patty Loly, una promotora que llegó de Estados Unidos y les propuso echar a andar un banco comunitario que prometía que muchas mujeres podrían acceder a créditos y tener una cuenta de ahorros.
En esa reunión, las mujeres escucharon su propuesta, y acordaron por unanimidad comenzar a trabajar para crear los bancos comunitarios. Su capital semilla fue de $2,500, entregados por Patty Loly, quien también facilitó formaciones básicas sobre educación financiera.
Actualmente, la asociación ha creado 25 bancos comunitarios que están distribuidos en cantones y caseríos de Suchitoto. Su prioridad es atender las necesidades de las mujeres y sus servicios son exclusivos para ellas.
Para acceder a uno de sus créditos, las mujeres deben presentar una solicitud a la directiva de la asociación, anexar su DUI y una referencia personal. Las solicitudes son evaluadas en la reunión mensual de la asociación. Al ser aprobadas, el dinero se les entrega en ocho días.
Los créditos iniciales son de $50 y, según la responsabilidad de pago de la beneficiaria, puede aumentar hasta los $300. Pagan un interés anual del 10 % y el monto de las cuotas depende exclusivamente de las beneficiarias.
Los resultados de la organización comunitaria
El primer banco comunitario de Suchitoto inició en 2005, en la comunidad “El Papaturro”. Este contaba con un comité de créditos y uno de ahorros, liderado por seis mujeres. Luego se replicó a otras comunidades del municipio.
Los 25 bancos comunitarios que funcionan actualmente en Suchitoto han beneficiado a más de 300 mujeres rurales con créditos para invertir en su propio negocio. Pupuserías, granjas ecológicas, venta de productos y la agricultura son los principales emprendimientos que han iniciado a partir de su préstamo.
Ilda Arteaga es una de las beneficiarias. Tiene 60 años de edad y antes se dedicaba a elaborar medicina natural. Hace 10 años, su compañero de vida perdió su trabajo y se quedaron sin una fuente de ingresos, por lo que decidieron invertir en un negocio de pollos. El capital semilla fue entregado por su yerno.
Cuando Ilda conoció sobre los bancos comunales, solicitó un préstamo inicial de $50, y fortaleció su emprendimiento; compró más pollos y concentrado. Ilda dice que acceder a estos créditos le ofreció una oportunidad para tener estabilidad económica. Actualmente continua con su comercio, también ha sido reconocida por sus clientes por la calidad de sus productos y los precios accesibles que ofrece en la comunidad San Pablo El Cereto.
En otros casos, las mujeres usan el dinero para mejorar la actividad agrícola que ya desarrollaban. Rosa Hernández se ha dedicado a la agricultura desde hace 25 años con su familia. Hace ocho años, en una reunión de la Asamblea de Mujeres de la comunidad San Pablo Ceretal, la invitaron a participar de los bancos comunitarios y utilizar sus beneficios. Ella solicitó un crédito para mejorar su cultivo de maíz, compró más materia prima y fertilizantes de calidad.
“Podemos tener un crédito con base a la confianza, sin escritura. Yo he invertido estos préstamos en mi producción de maíz, y se me ha facilitado comprar mejores insumos para mi cultivo”, explica Rosa.
En el país, muchas comunidades han empleado este mismo sistema financiero. Según datos de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (conocida como CRIPDES), en La Libertad existen 200 grupos de ahorro, que aglutinan cerca de 2, 500 mujeres de comunidades de Chiltiupan, El Puerto, Melara y Zaragoza. También en El Paisnal que cuenta con 20 grupos de ahorro que benefician a más de 700 mujeres de Guazapa, Aguilares, El Paisnal y Tacachico.
Con la implementación de estos bancos comunitarios, la Asociación de Mujeres “Progreso” ha incluido a más de 400 mujeres en el ámbito financiero, abrió puertas a la autonomía económica e incentivó la creación de sus propios emprendimientos. La economista Tatiana Marroquín explica que estos bancos comunitarios permiten mostrar la capacidad y voluntad de pago de un préstamo con requisitos no tradicionales. Atender grupos más pequeños y relacionados con un territorio en específico, como una comunidad, permite flexibilizar los requerimientos y hacerlos más adaptables a la situación de esta comunidad, a su forma de consumir, de prestar dinero o administrarlo. Y se convierte en la única alternativa para que las mujeres rurales accedan a recursos financieros.
